La Preparatoria “Rafael Ramírez”, ubicada en la colonia Huizaches, es una institución que durante dos décadas ha representado un pilar educativo en la zona sur de Culiacán. Han egresado más de mil 500 jóvenes de las colonias marginadas de la capital a través de 23 generaciones. 

La noche del 11 de abril, no sólo se rompió un candado en la Preparatoria “Rafael Ramírez”, también se reabrió un conflicto, latente durante décadas, de un terreno en disputa pero, sobre todo, el de dos formas de entender la educación en Sinaloa.

Por un lado, “profesores” de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución pública con más de 170 mil estudiantes, que reclama la propiedad legal del predio; por otro, una comunidad escolar que durante más de 26 años ha utilizado ese espacio para sostener un proyecto educativo dirigido a jóvenes de colonias populares del sur de Culiacán.

La preparatoria “Rafael Ramírez”, situada en la colonia Huizaches en Culiacán, brinda educación a los jóvenes de las zonas aledañas marginadas, entre ellas: CNOP, Lázaro Cárdenas, Unión Antorchista, Toledo Corro, Huizaches, Progreso, Cámez Valdés, Ranchito, Villa Bonita, República Mexicana, 8 de Febrero, Buenos Aires, Revolución, 22 de Diciembre, Renato Vega, Las Huertas, Rubén Jaramillo, Las Coloradas, y recibe a más de 120 alumnos de nuevo ingreso cada ciclo escolar.

Lo ocurrido la noche del 11 de abril –la irrupción de un grupo de personas identificadas como “docentes universitarios”, el ingreso forzado y el inicio de trabajos en el predio– alertó a la población. Pero el problema no comenzó ahí.

Una entrada que detonó el conflicto

Biélica Moroyoqui, responsable de la preparatoria “Rafael Ramírez”, sostiene que los hechos ocurrieron durante un fin de semana del periodo vacacional, lo que incrementó las sospechas en la comunidad.

Los hombres, narró, rompieron el candado de acceso e ingresaron al terreno contiguo al plantel, donde comenzaron a instalar una estructura provisional. Según su versión, argumentan “contar con autorización de la universidad para construir ahí una nueva preparatoria”.

La escena fue interpretada por estudiantes, docentes y padres de familia como un acto de imposición, en vez de una acción que busque mejorar las condiciones ni impulsar la educación.

“No estamos culpando directamente a la Universidad; pero la forma en la que se ingresó no nos parece correcta. Si hay algo legal, debe resolverse de manera institucional, no de esta forma”, señaló Moroyoqui en entrevista ante medios de comunicación el pasado 15 de abril.

La reacción fue inmediata. Padres de familia, maestros y alumnos rechazaron las acciones provocadas por un pequeño grupo de maestros de la UAS y realizaron una manifestación en la que exigieron al gobierno del estado y al rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, aclarar si la institución respalda o no las acciones realizadas.

Un terreno con historia

El predio en disputa no es un espacio cualquiera para esta comunidad. Se remonta a la década de los noventa, cuando el ejido Los Huizaches donó el terreno a la UAS con la intención de que ahí se construyera una preparatoria que garantizara el acceso a la educación a una zona con alta densidad poblacional y en crecimiento. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó.

Ante la falta de respuesta institucional, padres de familia organizados –con el respaldo del Movimiento Antorchista– ocuparon el espacio y construyeron lo que hoy se conoce como la preparatoria “Rafael Ramírez”, que desde entonces ha funcionado sin interrupciones.

Con el tiempo, la escuela logró consolidarse como una opción educativa para jóvenes de familias trabajadoras, con cuotas accesibles (las más bajas hasta hoy entre todas las preparatorias) y actividades que se desarrollan fuera del aula y abarcan deportes, eventos culturales y formación cívica. Pero el problema legal nunca desapareció.

Mientras el edificio principal del plantel está regularizado en un terreno a nombre de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), el predio contiguo –utilizado para actividades escolares– está escriturado a nombre de la máxima casa de estudios de Sinaloa. Esa dualidad derivó en el conflicto actual que enfrenta esta comunidad educativa.

Un predio legítimo 

Para la comunidad escolar, el debate no puede reducirse a la propiedad jurídica. Durante más de dos décadas, sostienen, el terreno ha sido utilizado pacífica, públicamente y con fines educativos. Ahí se realizan honores a la bandera, prácticas deportivas, ensayos de banda de guerra y diversas actividades culturales.

En ese sentido, consideran que existe una legitimidad construida en los hechos y la práctica que rebasan el título de propiedad y atienden las necesidades no solamente de quienes estudian hoy en esas aulas, sino de múltiples generaciones formadas en ese espacio.

“El problema no es únicamente en torno a papeles, es de uso social. Aquí se ha educado a generaciones enteras”, alertan docentes y padres de familia durante una manifestación realizada el pasado 15 de abril.

Desde esta perspectiva, la pregunta central no consiste en quién tiene el título de propiedad, sino quién ha cumplido con la función educativa que originalmente motivó la donación del terreno.

La “versión universitaria”

Los “profesores de la UAS” presentan una narrativa distinta y defienden la propiedad del predio. El “docente” Juan de la Rosa Ayala rechazó las acusaciones de invasión y aseguró que el terreno pertenece legalmente a la universidad desde 1997, cuando fue donado para la construcción de la preparatoria Marcelo Loya Ornelas.

Según su versión, ingresaron para limpiar el predio y edificar un nuevo plantel. La Preparatoria Marcelo Loya, explicó, actualmente opera en condiciones provisionales bajo un esquema de comodato, por lo que requiere instalaciones propias. “La idea es evitar confrontaciones, pero ese terreno es de la universidad y debe respetarse”, afirmó.

Dos preparatorias, un mismo espacio

El escenario plantea una situación poco común donde dos proyectos educativos reclaman el mismo terreno; por un lado, una preparatoria con más de dos décadas de funcionamiento en el lugar; por otro lado, un proyecto universitario que busca –después de años– materializarse en el predio originalmente asignado.

Esto abre una pregunta incómoda y que resulta pertinente: ¿tiene sentido instalar una nueva preparatoria en un espacio donde ya opera otra? Para la comunidad de la Preparatoria “Rafael Ramírez”, la respuesta es negativa. Consideran que la solución debería pasar por una redistribución de recursos y espacios que permita ampliar la cobertura educativa sin desplazar proyectos existentes.

Entre las propuestas planteadas se encuentra la posibilidad de una permuta de terrenos, en la que el gobierno del estado asigne a la UAS otro predio para la construcción de su plantel.

“Lo estamos defendiendo porque la forma en la que se lo quedan no nos parece la correcta, lo correcto hubiera sido regresarlo, queriendo hacer las cosas bien”, advirtió Biélica Moroyoqui durante una entrevista al medio de comunicación Espejo.

Un conflicto que viene de atrás

Lo ocurrido en abril no es un hecho aislado. Desde 2023, la preparatoria “Rafael Ramírez” y la Felipe Bachomo, en el municipio de El Fuerte, han denunciado presiones institucionales, falta de reconocimiento oficial y riesgo de desaparición.

En ese año, autoridades estatales estimaron que ambas operaban como escuelas particulares, lo que limitaba la posibilidad de asignarles recursos públicos para el pago de nómina de la plantilla docente y el personal administrativo.

Desde la perspectiva de las comunidades escolares, esta clasificación ignora el carácter social de los planteles, que atienden a estudiantes de sectores populares con cuotas accesibles.

Organizaciones estudiantiles como la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) denunciaron entonces la política de abandono que, en los hechos, empujaba a estas escuelas hacia la desaparición. Las protestas no tardaron y se materializaron en marchas, cadenas humanas y conferencias de prensa.

El mensaje era claro y es que, sin apoyo institucional, estos proyectos educativos quedarían en riesgo de cerrar, con lo que se impedía el acceso de decenas de estudiantes a una educación cercana a su hogar, de calidad y crítica.

La preparatoria brinda educación popular

El conflicto revela una tensión más profunda que refleja proyectos educativos contrarios impulsados entre la base social y las estructuras del Estado.

Por un lado, la UAS representa una de las principales instituciones de educación pública en el estado, con una política de amplia cobertura que le ha permitido posicionarse como universidad incluyente pero que, en los últimos meses, se está reestructurando y atraviesa una crisis financiera más fuerte que en décadas anteriores. 

Por otro lado, la Preparatoria “Rafael Ramírez” encarna un modelo distinto, centrado en una escuela construida desde la organización comunitaria como respuesta a la falta de opciones educativas del entorno y con garantías.

Ambos modelos, en teoría, deberían ser complementarios. Sin embargo, en la práctica, hoy parecen enfrentados y no tienen una solución clara ante el conflicto que margina a quienes ya pertenecen a esta comunidad.

Infraestructura detenida

Mientras la disputa continúa, los efectos se sienten cotidianamente en la escuela y en quienes la conforman. La falta de certeza sobre el uso del terreno ha frenado proyectos de mejora que beneficiarían directamente a los estudiantes.

Entre los proyectos, destaca la construcción de un comedor escolar, la ampliación de sanitarios y la creación de nuevos espacios educativos.

“Aquí estamos pidiendo poder crecer, mejorar las condiciones de nuestros alumnos. Pero no podemos hacerlo si no tenemos certeza sobre el terreno”, explicó la responsable del plantel. En este sentido, el conflicto no sólo es de carácter jurídico o político, también trastoca a lo social.

“Ahorita nos acaban de autorizar un comedor con el Instituto Sinaloense de la Juventud, nosotros quisiéramos hacer un comedor decente, y no lo podemos construir precisamente por eso, porque en el espacio de la Secretaría, que es lo que tenemos, ya no hay espacio”, sentenció.

Más allá de las posturas encontradas, el caso plantea la pregunta: ¿quién decide cómo y dónde se garantiza el acceso a la educación? ¿La propiedad legal de un terreno es suficiente para determinar su destino? ¿O debe considerarse también el uso social que se le ha dado durante años?

Para la comunidad de la Preparatoria “Rafael Ramírez”, la respuesta es clara y tiene relación intrínseca con el derecho a la educación, que debe estar por encima de cualquier otro interés.

En este caso, la Ley General de Educación y normativas como el Reglamento para la Educación Comunitaria brindan un marco legal que garantiza el derecho a la educación en comunidades rurales dispersas, marginadas o de difícil acceso, donde no existen planteles regulares.

Esta ley obliga a la integración de los padres de familia y la comunidad en la gestión, cuidado escolar y actividades de arraigo cultural. Estas obligaciones, desde la experiencia del plantel, han sido cubiertas, por lo que ahora exigen su derecho a ser respetados.

Pero para la UAS, el respeto a la legalidad es un principio irrenunciable. Entre ambas posiciones, el margen para el acuerdo parece cada vez más estrecho.

Un conflicto abierto

El caso de la Preparatoria “Rafael Ramírez” no puede, en este sentido, reducirse únicamente a la disputa por un terreno.

Es un reflejo de las tensiones que atraviesan el sistema educativo en contextos de desigualdad donde la falta de infraestructura, la ausencia de políticas claras para integrar proyectos comunitarios y la dificultad para conciliar intereses institucionales con necesidades sociales derivan en luchas y exigencias. Mientras no haya una solución, el conflicto permanecerá.

Y con él, la pregunta que lo sostiene: si la educación es un derecho, ¿quién tiene la autoridad para decidir sobre su espacio?

“Este terreno donde está ubicada nuestra preparatoria ya lleva 26 años en posesión nuestra, en posesión de nuestra preparatoria”, concluyó Moroyoqui Cota.