El inédito doblete sísmico dio al imperialismo la oportunidad de legitimar su ocupación del país con la mayor reserva de crudo del mundo. Pese al dolor y dimensión de la crisis, los bolivarianos se resistirán a ser el estado 51 de Estados Unidos.

Roseladyno se aparta de los escombros del edificio en que vivió por 17 años, fija su mirada en la labor de los rescatistas y se niega a ser atendida de las profundas heridas en la frente y el mentón; quiere ver a su hija; vivía en La Guaira, en una calle que ya no existe y donde cada minuto se esfuma la esperanza de hallar sobrevivientes.

Esa imagen ilustra la tragedia de medio millón de venezolanos afectados directamente por dos terremotos. También confirma que el capitalismo estadounidense elegirá a Venezuela para hacer ahí su resort a modo tras la reconstrucción, y olvidarse de la ocupada Gaza Palestina.

Es el escenario inesperado del Cisne Negro, que según la teoría del filósofo libanés Nassim N. Taleb, representa un suceso sorpresivo, de enorme impacto socioeconómico y difícil de predecir, que a posteriori se analiza como si su existencia hubiera sido obvia.

Mientras el gobierno bolivariano desplegaba toda su capacidad para responder a este inédito desafío, organizaciones populares e individuos de varias naciones tendían la mano a la población venezolana con bienes, equipos y consuelo; a más de cuatro días del suceso, no aparecían ni la Premio Nobel de la Paz 2025 ni las “dirigencias” de la oposición del país.

Sólo el personero de Corina Machado, Edmundo González, salió de su burbuja para denunciar a funcionarios municipales por “retener” insumos en el estado de Yaracuy. Entretanto, un funcionario de Washington confesó a Reuters la frustración de la Casa Blanca con Machado que les exige “ayuda” para volver a su país.

Así son los personeros del neocolonialismo fascista. También los pueblos agobiados pueden propiciar un Cisne Negro al imperialismo. Y hoy surge la pregunta-propuesta: ¿no es momento de que la banca ladrona de Reino Unido devuelva a Venezuela las toneladas de oro que ilegalmente le robó? 

Dolor bajo sanciones

El inesperado suceso se presentó a las 18:04 horas del 24 de junio con dos terremotos (el primero de magnitud 7.2 y, 39 segundos después, otro de 7.5) al norte de Venezuela y que multiplicaron el daño de 15 años de sanciones ilegales hasta convertirlo en catástrofe.

A tres días de los terremotos se confirmaban mil 430 fallecidos, tres mil 238 heridos; otras estimaciones cifran en más de 50 mil los fallecidos, 100 mil los heridos y hasta 70 mil los desaparecidos.

La respuesta del gobierno bolivariano fue inmediata: pese al complicado acceso a las zonas devastadas y sin equipos idóneos, las brigadas iniciaron labores de rescate y búsqueda de sobrevivientes entre montañas de escombros (ladrillo, piedra, vidrio, techumbres y muros).

Cada hora pesa en las expectativas de familiares y amigos, que escudriñan la labor de los rescatistas confiando en ver a sus seres queridos. Otros más llevan carteles con fotografías sobre el aviso: “¿Los has visto? Reporta por favor a …”.

Se trabaja en condiciones difíciles: altas temperaturas, sin conexión permanente a redes locales de telefonía, sin suministro estable de agua y sin medicamentos ni equipos médicos debido a las sanciones.

Aun así, dos mil 741 rescatistas especializados con 128 perros entrenados y miles de paquetes con insumos expresan la solidaridad de casi 30 países. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez agradeció: “Cada rescatista que llegó, y cada perro que trajeron, es un mensaje de amor para nuestro país”.

En esas horas amargas ahí están los equipos de EE. UU. (328), México (272), El Salvador (115), Suiza (90), Colombia (63), España (40), Ecuador (53), República Dominicana (34), Panamá (14) y otros.

Médicos libran el frente por la vida en el hospital José María Vargas, cuyo interior resultó muy dañado. Cientos se arremolinan ante las listas para ver si los suyos están ahí; los pacientes en pasillos y otros en camillas hacia el exterior para evitar el olor de la descomposición.

En el Hospital Periférico de Catia, Caracas, un médico intenta hacer la ecografía a una niña que balbucea “Hubo un terremoto”, fue rescatada tras el colapso de un edificio.

Un primer conteo cifró en mil 400 los edificios dañados, como 13 hospitales y 25 centros comerciales. Muchos han perdido su vivienda mientras el país experimenta más de 300 réplicas, por eso duermen en las calles y plazas públicas.

Las pérdidas en viviendas y activos económicos (edificios, comercios, vehículos) ascenderían a seis mil 700 millones de dólares (mdd); sólo las estructuras dañadas suman 1.7 mil mdd, según el Análisis Digital Rápido del Programa de la Organización de las Naciones Unidas.

En estas amargas horas, los venezolanos también reclaman al invasor su lentitud en responder a la emergencia. Por eso, el llamado urgente y valiente del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a su homólogo estadounidense: “¡Es la hora del desbloqueo a Venezuela, presidente Donald Trump!”.

EE. UU.: la mascarada

Tras el criminal operativo del tres de enero, que dejó 100 muertos, secuestró al presidente Nicolas Maduro y a la senadora Cilia Flores, bombardeó aeropuertos y se apropió de infraestructura energética, hoy retornan a Venezuela militares estadounidenses y agencias encubiertas.

Es una paradoja que la tragedia de los sismos sirva a la potencia ocupante en su mascarada de “ayuda humanitaria”. A 24 horas del infortunio, el secretario de Estado Marco Rubio anunció: “El Departamento de Guerra desempeñará un papel logístico fundamental, pues tiene capacidad de aterrizar en sitios difíciles”.

Rubio aludía a una pista fracturada del aeropuerto de Caracas, que –afirmó‒ “la vamos a necesitar”. Para ello llegaron los aviones MV-22 Osprey de los marines, que evalúan aeródromos para posteriores aterrizajes.

Eso confirma que el plan imperial sobre Venezuela contempla una larga estancia; de ahí que, días después, su embajada en Caracas anunciara el despliegue de una “robusta respuesta salva-vidas”.

El Comando Sur (SouthCom) regresó al país que tanto ha dañado; ahora con un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART) de 250 elementos de Virginia, California y Florida. Llegaron aviones C-17 con equipos de rescate y carga, así como los buques USS Fort Lauderdale y el USS Billings para “apoyo naval”.

Se coordinan con socios en el terreno (tropas del Pentágono, agencias de inteligencia y otros) para garantizar apoyo “rápido y sostenido”, según la embajada. Ahí están los helicópteros CH-47 Chinook que se auxilian con imágenes satelitales de la Fuerza Espacial estadounidense para evaluar daños.

Ahora, como el tres de enero, vuelan sobre los venezolanos esos Chinook dotados con visión nocturna y blindaje que fueron “columna vertebral” durante el operativo Resolución Absoluta de la Delta Force que secuestró al presidente Maduro y a su compañera.

También bajo cobertura “humanitaria” retornan a Venezuela los elementos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), cuya acción desestabilizadora e injerencista en múltiples países se encubrió con programas de “promoción de la democracia”.

Donald Trump desmembró esa agencia, aunque hoy se sabe que, discretamente, restituyó a algunos agentes para enviarlos a Caracas y sostener la lógica imperial. Con ellos llegarán 150 mdd, no para los damnificados de los sismos, sino para “grupos de ayuda religiosa” como Bolsa Samaritana y Servicios de Ayuda Católica.

La “buena noticia” fue la suspensión “temporal” –hasta el 23 de octubre‒ de algunas de las mil 80 medidas coercitivas unilaterales que él y sus antecesores impusieron sobre Venezuela. Así lo anunció la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), que por 65 años ha bloqueado a Cuba y ha sancionado a Rusia y China, entre otros países.

Pero no cambia la narrativa hostil de medios y analistas contra el gobierno bolivariano, que legitima la ocupación de EE. UU. en Venezuela con tres vertientes: 1) la falta de capacidad del gobierno que “forzó” a la administración Trump a ejercer un rol mayor en la recuperación, que podría acarrear duras consecuencias al magnate.

La segunda, que subraya la “endémica” corrupción del gobierno chavista, que deterioró la infraestructura y acentuó esta desgracia. Por ello, “sólo” el socorro de EE. UU. atenderá esas deficiencias.

Y la última, que evidencian The New York Times, Newsweek, NPR y The Hill, entre otros medios, con críticas a Trump por “descuartizar” a la injerencista USAID. Los cuestionamientos a la ocupación son tenues.

Uno consiste en la pregunta de Andrew Roth en The Guardian: “La respuesta de EE. UU. a la crisis en Venezuela ¿será una prueba de su política hacia el hemisferio occidental?”. Ellie Cook pregunta en Newsweek: ¿Cómo asumirá ahora EE. UU. su responsabilidad?

Detalla que, según Trump, bajo su mando, Venezuela florecería con inversiones petroleras, pero la deuda impide su retorno a mercados financieros. Por ello, Cook denigra al gobierno bolivariano cuando pregunta con insidia: “¿cuál será el camino para celebrar elecciones democráticas si no hay planes para erradicar la corrupción de tribunales y el gobierno?”.

La ocupación

Hace ya seis meses que EE. UU. ocupó Venezuela y, de facto, Donald Trump declaró estar “al mando”. Ello significa que la Casa Blanca define la política interna y externa del país y que los 28.6 millones de venezolanos ya no ejercen soberanía sobre sus recursos, ahora bajo control de la potencia ocupante.

La relación cambió: un día después del secuestro del presidente Maduro, el corresponsal Max Bearak escribió en The New York Times: “La sucesora elegida por Washington, Delcy Rodríguez, ha cedido a la presión de Donald Trump para que su país ya no sea aliado de los adversarios de EE. UU. y acepte un mayor control sobre sus recursos naturales”.

Lo cierto es que Trump invitó a las corporaciones petroleras a invertir en la infraestructura energética del país; pues la producción de crudo corre a cuenta de EE. UU. Esa situación se encubre con eufemismos de analistas y medios para limpiar la imagen del invasor.

Reuters plantea una “tutela informal”, no de ocupación militar formal, pues Washington gestiona todo, aunque admite que el devastador desastre natural está probando ese “acuerdo”.

NBC News refiere que EE. UU. controlará “las operaciones del país” hasta lograr una transición “adecuada”, lo que incluye canalizar miles de mdd en ingresos petroleros a cuentas controladas por el Tesoro estadounidense.

La televisora Public Broadcasting Service (PBS) apunta que EE. UU. “suavizó” recientemente las sanciones para mitigar la crisis energética mundial. Con ella, la supuestamente progresista National Public Radio (NPR) reseña que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que dará una respuesta integral “de gran envergadura, rápida y eficaz”.

Newsweek, ahora con la mirada de su editor de seguridad nacional Tom O’Connor, subraya la condición neocolonial de Venezuela en su artículo: La respuesta de Venezuela al terremoto expone su estatus de Estado cliente de EE. UU. El autor afirma que el desastre arrojó luz sobre la relación, de otro modo opaca, entre la Casa Blanca y la nueva presidenta venezolana.

O’Connor sostiene que Delcy Rodríguez se mostró “rápida en expresar su gratitud, y de manera profundamente inusual para una política socialista que ha pasado gran parte de su carrera condenando la influencia de Washington en la región” ante la oferta de apoyo y solidaridad de Trump.

La cuestión central de todo análisis sobre la relación Venezuela-EE. UU. deriva de: ¿cómo mantendrá el gobierno bolivariano su autodeterminación ante una política estadounidense cada vez más agresiva y firme?

Hasta la mañana del 24 de junio, nadie imaginaba que horas después surgiría el Cisne Negro que volcaría esa relación a favor de Washington; y que, del “acuerdo” supuestamente existente entre Rodríguez y Trump, se pasaría a la tutela integral de la potencia sobre Venezuela.

EE. UU. ya controla el petróleo, gas, yacimientos de minerales estratégicos y defensa. Ya están en el terreno sus tropas, agentes de inteligencia ‒dirigidos por John Ratcliffe, de la CIA‒, asesores financieros y personeros de corporaciones. A su vez, la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao afirmó que la producción no se afectó y se sitúa en 1.2 millones de barriles diarios.

Ante el desastre, como en todos los casos en el mundo, sólo el Estado tiene capacidad para brindar seguridad y respuesta. Sabiéndose culpable, ahora EE. UU. suspende sanciones a su país “tutelado” consciente de que el salvamento o la debacle de Venezuela dependen de él, estima el abogado Aram Aharonian.

Entretanto, al frente del gobierno se mantiene el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); y el ejército ya coopera con oficiales estadounidenses en el combate a la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico, que Washington insiste en que domina en ese país.

Para el director de Sociología de la Universidad de Tulane, David Smilde, EE. UU. sustenta hoy su poder sobre Venezuela en tres amenazas, si la relación se deteriora: la de una nueva acción militar; cortar al gobierno las migajas que le da por ingresos petroleros, y que el Departamento de Justicia active órdenes de detención contra altos funcionarios.

El 23 de junio, Trump declaró que, bajo su tutela, Venezuela es una nación feliz y sus ciudadanos “bailan en las calles gracias a los ingresos petroleros” que reciben. Unas 72 horas después, gran parte del país era declarado “zona de desastre” y su recuperación se postergará al menos por una década.

Sin embargo, tras la conmoción llegará la cohesión. La hostilidad del depredador ocupante oxigenará la revuelta del pueblo consciente, la resistencia siempre estará presente. 

En la Zona cero

El estado de La Guaira, a 26 kilómetros de Caracas y epicentro de los sismos, se declaró Zona de Desastre. Es estratégica porque ahí están el principal puerto del país, el mayor aeropuerto –el Simón Bolívar–y es el punto de ingreso y salida de personas y mercancías. Entre la cordillera del Ávila y el Mar Caribe, vive casi medio millón de personas.

 

 

Los sectores Caraballeda y Los Corrales son escenario de la devastación que ocasionó el doblete sísmico: ahí yacen derruidos edificios de departamentos y oficinas, casas, las calles obstruidas y las carreteras son intransitables.

El temor cunde porque llovió la madrugada del domingo y se complica el salvamento. “Si cae mucha agua, se cargan los ríos que cruzan las ruinas donde trabajamos”, alerta un rescatista.

Miles corrieron hacia La Guaira, sobre todo a Playagrande y Caraballeda. En autos y motos se transportan palas, vigas, cinceles, martillos y algunos llevan carteles con el lema: “Ayuda humanitaria”. Eran tantos, que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez pidió “¡Por favor, no bajen a La Guaira, la mejor ayuda que pueden aportar, el mejor apoyo, es no congestionar las vías!” para facilitar el paso de militares, policías y equipos de rescate.

Con mirada mezquina, The New York Times publicó que, en las ciudades afectadas, los habitantes se preguntaban dónde estaba el ejército. Y cuando la presidenta encargada anunció que desplegaría elementos por seguridad, esos medios vocearon: ¡Militarización en La Guaira!

Ejes de la ocupación

Con Maduro enfrentando cargos federales, EE. UU. ejerce el control absoluto sobre los activos venezolanos, el comercio y con un giro a la transición política a modo que reconoce a miembros de la Asamblea Nacional de 2015 sumisos a su interés.

Para perpetuar la invasión-ocupación, EE. UU. afirma que refuerza la ley y la seguridad y organizó el presupuesto a su interés, no a la necesidad de la nación. Además, mantiene su apoyo a la derecha neofascista para que ocupe el “vacío” acondicionado con el secuestro del presidente.

 

 

En EE. UU. es importante la influencia de la emigración venezolana, que ha cabildeado en Washington para ese cambio de régimen. Sólo en Florida residen 474 mil, casi 40 por ciento de los 1.2 millones nacionalizados como estadounidenses; la mayoría posee altos ingresos por gestiones inmobiliarias en la Bolsa y el comercio.