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Lo que fue presentado como una herramienta para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en San Luis Potosí (SLP) hoy enfrenta la oposición de Artículo 19 y de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, se trata de la denominada “Ley IA”, la cual consideran atenta contra la libertad de expresión.
Las organizaciones exigen eliminar las disposiciones que sancionan determinadas conductas relacionadas con contenidos generados mediante IA, pues aseguran que la redacción de la norma es ambigua y permite interpretaciones amplias que han derivado en procesos judiciales contra periodistas, creadores de contenido y personas que ejercen labores de vigilancia ciudadana.
De acuerdo con Artículo 19, la legislación pasó de ser una medida orientada a combatir posibles abusos tecnológicos a convertirse en un instrumento que puede inhibir la crítica y el debate público.
Agregó que los tipos penales incorporados en noviembre de 2025 carecen de criterios claros para diferenciar entre expresiones legítimas y conductas que realmente ameriten una sanción penal.
Entre las disposiciones cuestionadas se encuentran aquellas relacionadas con el uso de imágenes o voces generadas por IA, la supuesta manipulación institucional mediante estas herramientas y la difusión de información considerada falsa o engañosa. Las penas contemplan prisión y multas que, según organizaciones civiles, resultan excesivas frente a la naturaleza de las conductas sancionadas.
Además, Artículo 19 ha denunciado que, en los últimos meses, la aplicación de esta legislación ha coincidido con detenciones, órdenes de aprehensión y procesos judiciales contra periodistas y comunicadores en la entidad. Los casos documentados han encendido las alertas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que advierten sobre un posible uso discrecional de la norma para castigar publicaciones críticas o de interés público.
Los promoventes de la derogación sostienen que la permanencia de estos delitos genera un clima de incertidumbre jurídica y fomenta la autocensura, pues comunicadores y ciudadanos desconocen con precisión qué contenidos podrían ser considerados ilícitos por las autoridades.
Por ello, la iniciativa ciudadana, presentada el pasado 5 de junio ante el Congreso de SLP, plantea eliminar los artículos 187 TER, 272 TER y 272 BIS del Código Penal estatal, con el argumento de que su existencia vulnera principios constitucionales relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información y la seguridad jurídica.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado al Congreso local para evitar la aprobación de normas que puedan abrir la puerta a mecanismos de censura indirecta o persecución judicial contra quienes ejercen actividades periodísticas, de investigación o defensa de derechos humanos.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.