El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) decidió llevar ante la Asamblea General de la ONU la situación de las desapariciones forzadas en México, al considerar que el caso requiere atención urgente y acciones adicionales para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito.

La decisión, adoptada el 17 de abril de 2026 bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, solicita al secretario general de Naciones Unidas transmitir a la Asamblea General la decisión del Comité, así como los informes, observaciones e información recibida de organizaciones de la sociedad civil.

El Comité pidió que la Asamblea General considere medidas para apoyar los esfuerzos de México, entre ellas cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para las labores de búsqueda, análisis forense e investigación de posibles desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

La resolución también plantea la necesidad de establecer mecanismos eficaces para esclarecer la verdad y brindar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las acompañan.

¿Qué establece el artículo 34?

El procedimiento utilizado por el Comité está contemplado en la propia Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En el caso de México, el Comité inició este procedimiento en 2025 y solicitó información al Estado mexicano sobre la situación de las desapariciones.

La definición internacional de desaparición forzada contempla la privación de la libertad cometida por agentes del Estado, o por personas o grupos que actúan con autorización, apoyo o aquiescencia estatal, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida.

La desaparición forzada y desapariciones cometidas exclusivamente por particulares no son conceptos idénticos, aunque ambos constituyen graves problemas de seguridad y derechos humanos.

México defiende sus acciones y mantiene cooperación con la ONU

Frente al proceso internacional, el gobierno mexicano ha sostenido que trabaja para atender el problema de las personas desaparecidas y ha informado sobre nuevas medidas de búsqueda, identificación e investigación.

En marzo de 2026, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, presentó los trabajos de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y señaló que el fenómeno constituye una prioridad para el gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que su administración mantiene una relación estrecha con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que México ha solicitado asesoría y apoyo para el trabajo relacionado con personas desaparecidas.

El 16 de octubre de 2026, el gobierno mexicano presentó ante Naciones Unidas avances de su Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas. En ese encuentro participaron la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, y se destacó la apertura de México a la cooperación con agencias de la ONU.

La decisión del Comité no implica por sí misma una intervención directa de Naciones Unidas en territorio mexicano. El organismo plantea que la Asamblea General analice posibles medidas de apoyo y asistencia para fortalecer las capacidades del Estado mexicano.

Entre las áreas señaladas por el Comité están las operaciones de búsqueda, los análisis forenses, la investigación de denuncias de desaparición forzada y el esclarecimiento de posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.

El Comité también dejó abierta la puerta para continuar el diálogo con las autoridades mexicanas y recordó que el artículo 34 forma parte de los mecanismos de cooperación y diálogo previstos en la Convención.