Aunque en el discurso de Morena se plantea la “transformación de la vida pública”, en al menos una veintena de municipios de Oaxaca el poder sigue en manos de las mismas familias y los cacicazgos se resumen en unos cuantos apellidos.

El 25 de enero de 2026, mientras en la entidad se efectuaba la primera consulta estatal de revocación de mandato nacional, en varios municipios se movilizaban las estructuras de poder con mayor peso político en varias demarcaciones.

Al frente de ellas se hallaban presidentes municipales, autoridades auxiliares y comités locales que, montados sobre camionetas con bocinas, organizaban a operadores de sección, redes de transporte y anónimos promotores del voto.

La jornada, calificada por el gobierno de Salomón Jara Cruz como un ejercicio democrático inédito, fue también una demostración de fuerza territorial. Más de tres millones de personas fueron convocadas a participar en dos mil 816 casillas instaladas en los 570 municipios de la entidad.

La oposición denunció propaganda ilegal y el indebido uso político de recursos públicos; en tanto que los observadores nacionales revelaron que la consulta había sido más una medición del “músculo” territorial del gobernador que una genuina consulta de revocación de mandato.

Pero debajo de la fotografía coyuntural tomada en estos municipios oaxaqueños la realidad es distinta: cada tres años cambian los colores partidistas, los nombres de quienes integran las planillas y la fórmula de elección; pero no cambian el mando de los mismos grupos de poder, la interlocución con el gobierno del estado y el control del presupuesto municipal.

Sí, siempre son los mismos padres de familias, esposas, hijos, primos y compadres los que se turnan o reciclan como ediles, síndicos, tesoreros, diputados locales y operadores políticos para no perder el control del ayuntamiento. Esta continuidad tiene un nombre muy antiguo que data de los tiempos coloniales: cacicazgo.

Una fórmula de control unipersonal y familiar sobre las comunidades sociales que en Oaxaca es favorecida por su fragmentación municipal (570 ayuntamientos) y por la concentración de los Sistemas Normativos Indígenas (antes llamados usos y costumbres), que otorgan el reconocimiento legal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), predominantes en 417 municipios y que representa uno de los grandes emblemas de la autonomía indígena en México.

En muchos municipios oaxaqueños, la continuidad política afecta ya la deliberación comunitaria, el acceso a cargos públicos, la distribución de obra pública y la guarda de los recursos naturales.

La persistencia de una misma red de mando produce asambleas bajo presión, oposiciones aisladas, proveedores repetidos, litigios electorales interminables y conflictos sociales que terminan en bloqueos, palacios municipales tomados o comunidades divididas durante años. El problema no proviene de quién gana una elección, sino de quién en realidad decide en el municipio; reparte el erario; habla con el gobierno estatal y administra el presupuesto.

Democracia agrietada

En el discurso oficial, Oaxaca suele aparecer como el gran laboratorio de la democracia de los pueblos originarios; pero esta figura está exagerada porque, de acuerdo con la experiencia acumulada en tribunales, observadores y comunidades, el funcionamiento de los Sistemas Normativos Indígenas por sí solo no inmuniza a las comunidades contra la concentración del poder.

Y no evita ésta porque, en varios casos, la disputa no se genera entre partidos, sino por el control mismo de las asambleas, del método electivo, consejo electoral local y el derecho a ser votado.

Por ejemplo, en San Antonio de la Cal, en los Valles Centrales de Oaxaca, las controversias sobre el método de elección, la integración del consejo municipal y la validez de la elección llegaron al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) y a la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En 2025, el tribunal local confirmó la convocatoria para integrar el consejo municipal electoral; y más tarde, la Sala Xalapa revocó una sentencia previa del TEEO durante un juicio promovido por ciudadanos del municipio.

Pero el de San Antonio de la Cal no es un caso aislado, como lo muestran múltiples expedientes en que las disputas por las que los poderes locales oaxaqueños no sólo se generan en las urnas o en la plaza pública, sino en la arquitectura legal donde se define quién entra, quién participa y bajo qué reglas se decide.

Algo similar ocurre en Santiago Xanica, en la Sierra Sur, donde habitantes impugnaron en 2025 y 2026 las decisiones relacionadas con la presidencia municipal y denunciaron que la continuidad en el cargo contrariaba la lógica del pueblo.

El expediente del TEEO y las coberturas periodísticas sobre la inconformidad por una supuesta reelección reflejan una tensión fundamental: cuando una parte de la comunidad percibe que el poder ya no se rota, la defensa del sistema normativo se convierte también en una disputa por quién lo interpreta y quién lo utiliza.

Éste es uno de los vacíos legales más frágiles del sistema oaxaqueño. La autonomía comunitaria se diseñó para proteger la autodeterminación, no para blindar redes de dominación local. Sin embargo, cuando las instituciones estatales intervienen poco y tarde, o solamente cumplen para validar expedientes sin entrar al fondo político de los conflictos, la autonomía puede convertirse en un paraguas útil para grupos que dominan la asamblea, el cabildo o la interlocución con el exterior.

No siempre se trata de fraude en sentido estricto. A veces obedece a asuntos que no se pueden probar: una comunidad donde el poder ya tiene dueño y el resto participa sabiendo que el margen de “transformación” resulta mínimo.

Guichicovi tiene apellido

Si hay un municipio donde la continuidad del poder tiene nombre y apellido, ése es San Juan Guichicovi, en el Istmo de Tehuantepec. Diversos medios han documentado la larga permanencia de un grupo de poder encabezado por Raynel Ramírez Mijangos, quien lo heredó de familiares y operadores cercanos.

Las fuentes periodísticas aseguran que ese cacicazgo está por cumplir 27 años; aunque ahora, durante la administración del hijo de Ramírez Mijangos, Érick Ramírez Pineda recibe el cobijo de Morena.

Raynel Ramírez, su esposa Francisca Pineda Vera y sus aliados han ocupado el municipio y su entorno inmediato durante un cuarto de siglo o más. Pero lo importante no es únicamente la duración del mandato del grupo, sino los mecanismos que usa para mantener el cacicazgo, pues en Guichicovi no necesitaron la reelección formal: les bastó controlar las sucesiones trianuales.

Esta fórmula es más resistente que la reelección porque se disfraza de alternancia. El presidente municipal ya no puede seguir, entonces va la esposa, luego el hijo, el extesorero, el candidato de confianza y el aliado que sabe a quién obedecer. La legalidad formal se cumple, pero no la transferencia real del poder.

Por ello, la persistencia del cacicazgo en San Juan no ha significado estabilidad ni prosperidad. Al contrario, el municipio aparece reiteradamente asociado a marginación, pobreza y conflictos. En otras palabras, la permanencia del mismo grupo no fortalece las instituciones ni mejora las condiciones de vida.

Eloxochitlán: violencia

En Eloxochitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca, el caciquismo muestra un rostro más áspero. Durante muchos años prevaleció una disputa entre la autonomía originaria, la violencia política y la criminalización judicial en la comunidad.

Las denuncias de comuneros y defensores que acusan a la familia Zepeda Lagunas de intentar mantener el control territorial y político del municipio, señalan a Manuel Zepeda Cortés como “cabeza del grupo” que ahora sostiene a su hija, Elisa Zepeda Lagunas, favorita de Morena en Oaxaca.

El cacicazgo de Eloxochitlán no siempre se expresa únicamente como continuidad administrativa o control presupuestal, frecuentemente genera problemas de alta conflictividad que devienen en violencia, desplazamientos, judicialización de opositores y fracturas sociales de largo plazo.

Es decir, en esta población, el ayuntamiento ya no es una oficina que administra obra pública, sino que se convirtió en un centro de disputas de territorio, legitimidad, memoria y temor.

Un paraíso escondido 

En la región de Puerto Escondido sobrevive otra variante del caciquismo, pues ahí el ayuntamiento no sólo gobierna a la comunidad, también administra las expectativas de crecimiento turístico, la plusvalía y los permisos de uso de suelo.

En Santa María Colotepec, la trayectoria pública de Carmelo Cruz Mendoza muestra una continuidad llamativa: fue síndico procurador en 2011, presidente municipal en 2014-2016; otra vez alcalde en 2020-2022; y hoy es diputado federal.

La secuencia de su carrera política no prueba por sí misma un cacicazgo, pero sí la presencia persistente de su figura política en la expedición municipal y regional de licencias turísticas, la solución de conflictos de tierra y la promoción de obras públicas y expansiones urbanas.

En San Pedro Mixtepec, la figura de Freddy Gil Pineda Gopar ha mantenido su presencia política en la región durante años, ya sea como diputado, aspirante o como actor protagonista.

Igualmente, no se trata de usar el término cacique para denostar a un político, sino para mostrar cómo ciertas figuras sobreviven a los cambios de administración y permanecen como nodos obligados del poder local.

En la región costera de Oaxaca, el turismo incrementó el valor de la tierra y el control de un ayuntamiento equivale al control del ritmo y el crecimiento urbano, así como de los habitantes, los recursos naturales y las inversiones locales. De ahí proviene la continuidad y permanencia de ciertos políticos en el poder, a quienes la gente insiste en llamar caciques.

Los Feria Romero

En Santiago Juxtlahuaca, población ubicada en la región de la Mixteca oaxaqueña, el apellido Feria Romero se convirtió en uno de los referentes más visibles del poder político municipal.

En las últimas décadas, los integrantes de esta familia ocupan distintos cargos de representación municipal y estatal, con los que consolidaron una presencia constante en la vida pública del municipio. Varios actores políticos y sociales la ofrecen como ejemplo de continuidad del poder regional sustentado en sus redes familiares y las estructuras partidistas.

Nicolás Enrique Feria Romero fue presidente municipal de este municipio y ahora es legislador local. Su padre, Enrique Misael Feria Rodríguez, es titular de la Vivienda Bienestar Oaxaca, y su hermano, Enrique Feria Romero, es subsecretario en la Secretaría de Administración.

La trayectoria política del grupo de los Feria Romero es resultado de su capacidad para adaptarse a las distintas coyunturas electorales y a los cambios de partido para no perder presencia política y participar como candidatos y funcionarios municipales en la región triqui.

Esa permanencia les permite construir una red de relaciones que abarca autoridades comunitarias, estructuras partidistas y organizaciones sociales, donde se configura un entramado de poder difícil de desplazar en el corto plazo.

San Blas de Morales

En este pueblo del Istmo de Tehuantepec, el senador morenista Antonino Morales Toledo ha sido uno de los actores políticos más influyentes de la región en los últimos años. Su trayectoria incluye cargos municipales que le permitieron construir una base de apoyo territorial y una creciente proyección hacia los escenarios estatal y federal.

Su liderazgo está ligado a la reorganización política de San Blas Atempa y a su inserción en proyectos públicos de mayor alcance en el estado de Oaxaca. Para sus seguidores, Morales es un personaje que posicionó al municipio en las dinámicas de crecimiento más atractivas del Istmo.

Sin embargo, sus críticos alertan que su figura refleja también el mismo poder de los liderazgos regionales, fuertes concentradores de decisiones políticas y electorales.

Todo cacicazgo necesita algo más que prestigio o temor hacia él: recursos financieros. Los municipios, incluidos los más pequeños, requieren dinero suficiente para volver estratégico el control de su ayuntamiento.

La Secretaría de Finanzas de Oaxaca publica anualmente los acuerdos de distribución de aportaciones municipales, que incluyen los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (Faismun) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (Fortamun).

La lógica es simple y brutal: aunque el presupuesto varía según la población y el rezago, el municipio se convierte en la caja de donde sale el dinero para las obras públicas, la contratación de servicios, la compra de materiales, la nómina y las relaciones con los gobiernos estatal y Federal.

Esta relación ayuda a explicar por qué los conflictos municipales en Oaxaca rara vez son menores. No se pelea sólo por una presidencia honorífica, sino por “la llave” del presupuesto y el control de los recursos inmediatos reclamados por diversas comunidades.

En los municipios donde la economía formal es débil y la inversión privada casi inexistente, el ayuntamiento puede ser el mayor empleador, el principal contratante y el acceso a cualquier obra relevante. Si una familia o un grupo controla esa “llave” durante años, el poder ya no será solamente político, sino también económico. El trasfondo económico es la razón de ser de los cacicazgos.

Los expedientes

Los conflictos provocados por la continuidad del poder quedan documentados en los expedientes. Están descritos en los juicios ciudadanos, en las impugnaciones por método electivo, las disputas de los consejos municipales, los reclamos por exclusión y en las controversias por reelección encubierta.

Los casos de San Antonio de la Cal y Santiago Xanica son significativos porque demuestran que los conflictos no siempre se producen entre dos partidos, sino entre una parte de la comunidad que denuncia “la captura” del proceso y otra que defiende la legalidad del método aplicado.

En estos municipios, el TEEO y la Sala Xalapa tuvieron que entrar a revisar acuerdos, convocatorias y sentencias. Cuando esto ocurre, el problema ya no es únicamente local, se convierte en un conflicto institucional.

Revocación de mandato

En la jornada en que se votó la revocación de mandato del gobernador Salomón Jara, el proceso fue presentado como una innovación democrática, pero también fue visto como un ejercicio de movilización política.

Alejandra García Morlán, diputada del Congreso de Oaxaca por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), documentó que la consulta estuvo precedida por denuncias de propaganda irregular, una cuestionada recolección de firmas y una intensa movilización de simpatizantes del gobernador.

Los cacicazgos municipales no son un fenómeno aislado, folklórico o menor, pertenecen a la arquitectura real del poder estatal: son las bisagras entre gobierno, territorio, programas, movilización y control político; funcionan de arriba hacia abajo sobre la comunidad para apoyar proyectos estatales o partidistas.

Por eso sobreviven a los cambios de color partidista, a los discursos de regeneración y a las alternancias formales; porque, mientras el centro político cambia de manos, el poder local sigue asentado sobre relaciones más antiguas: parentescos, lealtades, miedos, costumbres y dinero.

El reconocimiento de los SNI como conquista democrática no significa negar que en algunos municipios esa misma estructura ha sido capturada por las élites locales. La crítica a los cacicazgos no implica centralizarlos, ni destruir la vida comunitaria, sino preguntarnos qué mecanismos pueden impedir que la autonomía se convierta en propiedad de unos cuantos.

El vacío resulta evidente. Las autoridades electorales revisan expedientes, validan elecciones o corrigen procedimientos; los tribunales resuelven casos concretos; la fiscalización municipal llega tarde y casi siempre “en papeles”.

Pero la dimensión política y social del problema suele quedar intacta. Nadie entra a desmontar la red de dependencia que acondiciona tal continuidad. Nadie audita el poder informal. Nadie revisa cómo una familia logra decidir, durante veinte años, quién gobierna una comunidad, sin necesidad de reelegirse formalmente.