En México, la crisis por desapariciones forzadas tiene rostro de mujer y manos desgastadas por el roce de palas, varillas y otras herramientas; un corazón con latidos que provienen de la tierra; brazos duros que reúnen fuerza y ansiedad en cada músculo, tiene ojos de angustia, secos por tanto llanto, pies cansados, cabello cada vez más blanco y en sus ropas lleva impresas fichas de búsqueda.

El Estadio Azteca bulle entre gritos de júbilo, música mexicana y una efervescencia colectiva que prepara al país para recibir la Copa del Mundo 2026. En medio de esa algarabía, una mujer rompe silenciosamente la postal de alegría; sostiene, con los ojos anegados en lágrimas, una lona con el rostro de Carlos Emilio Galván Valenzuela. Es Brenda Valenzuela, su madre, quien junto con otros familiares de personas desaparecidas ha transformado el partido entre México y Portugal en una plataforma de resistencia desesperada. Para ellas, ese encuentro internacional no representa un motivo de orgullo, sino una trinchera: la protesta social y salir a la calle con pancartas es la única ventana que les queda ante autoridades que las ignoran o las extorsionan.

La simulación de seguridad que el Estado proyecta hacia el exterior choca de frente con una realidad cotidiana y feroz. Apenas el 17 de abril de 2026, la opinión pública se estremecía con el caso de Edith Guadalupe, un trágico ejemplo de la ineficacia institucional y del secreto a voces que impera en el país: sin dinero de por medio, no hay auxilio de las autoridades.

“Me piden dinero por debajo para hacer su trabajo”, reveló su madre a reporteros que se encontraban en el lugar. Ante el desamparo, la familia terminó por bloquear la avenida Revolución de la Ciudad de México, solicitando entrar a la Torre Murano, donde terminarían hallando, en una bolsa negra, el cuerpo sin vida de Edith.

Este dolor no es un hecho aislado: México ocupa hoy el primer puesto mundial en Acciones Urgentes ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.

El suplicio de las madres buscadoras

Brenda relata su andar por la República denunciando la indiferencia estatal: un gobierno capaz de coordinar la logística de un Mundial de futbol, pero rebasado e incompetente para dar respuestas tras seis meses de la desaparición de Carlos Emilio. El joven, un gastrónomo de 21 años que sólo deseaba vivir su juventud, desapareció tras entrar al baño en un comercio de Mazatlán, Sinaloa.

“Esto no es nuevo”, interviene Irasema García Rosas, madre de Roberto Iván Hernández García, desaparecido el 11 de marzo de 2011 en Monterrey, Nuevo León, cuando apenas tenía 17 años. Tras quince años de caminar bajo el Sol abrasador, Irasema ha atestiguado la alternancia de partidos políticos en el poder y no duda en calificar la gestión de la clase gobernante como “la misma basura”. Ante la parálisis de las fiscalías, son las familias quienes asumen el rastreo: “ya no creemos en ellos. La prueba está en que nosotras, las madres, somos las que salimos a buscarlos”, afirma, describiendo jornadas en el monte, bajo el Sol, sin importar el hambre o el cansancio. Van a rascar la tierra en busca del olor a muerte o con la frágil esperanza de que sigan con vida.

Para Irasema, Roberto Iván no es un número más en el registro oficial; es su hijo mayor, el joven protector que asumió el cuidado de sus hermanos pequeños cuando su padre migró a Estados Unidos. “Mientras yo no lo encuentre en una fosa... yo a mi hijo lo sigo sintiendo vivo”, sostiene desafiante ante el escepticismo de la sociedad y de un aparato burocrático que la tilda de loca.

Este desgaste físico y emocional destruye la salud de las buscadoras –quienes pertenecen mayoritariamente a sectores populares–, y fragmenta la dinámica familiar entera. Irasema confiesa que, desde el día de la desaparición, sus otros hijos “también perdieron a su madre”, sumergida en un duelo perpetuo que anula festividades como Navidad o Día de las Madres y que le ha costado diagnósticos de depresión traumática.

En Jalisco, Hilda Carrizales Llamas también califica con un tajante cero la gestión gubernamental de los últimos años. El ocho de agosto de 2017, la tarde en su hogar olía a bisteces adobados, el platillo favorito de su hijo Alan Eloim González Carrizales. Alan se dirigía a Chapala por cuestiones de trabajo y prometió volver tarde para comer, pero ese plato nunca se sirvió. La desaparición truncó la infancia de los hijos de Alan y obligó a Hilda, enfermera de profesión, a transformarse en investigadora por necesidad. Hoy, denuncia que el Estado maquilla las cifras para invisibilizar los casos de “larga data” como el de Alan.

Priorizar el asfalto sobre las fosas

La planeación financiera rumbo a la Copa del Mundo de 2026 expone el contraste obsceno de las prioridades del Estado mexicano en sus tres sedes principales: Ciudad de México, Guadalajara, y Monterrey y el exiguo dinero que destina a la búsqueda de los desaparecidos.

Mientras Jalisco invierte 12 mil millones de pesos para pulir el acceso al aeropuerto de Guadalajara y embellecer su imagen pública, la Comisión de Búsqueda local debe operar la crisis humanitaria más grave de la región con apenas 83.8 millones de pesos. La proporción es desoladora: por cada peso invertido en buscar a un desaparecido, se destinan 143 pesos a pavimentar las avenidas por donde circularán los autobuses de la FIFA.

En Monterrey, donde el gobernador Samuel García presume millonarias obras de infraestructura y ampliaciones del Metro, la Comisión de Búsqueda de Nuevo León depende del subsidio federal de 28.1 millones. Las madres buscadoras de Nuevo León se debaten diariamente entre comer o adquirir varillas para rastrear fosas, viendo cómo el Estado moviliza presupuestos millonarios en semanas mientras ellas mendigan recursos durante años. Incluso, en el foro “El mundial a las aulas”, Irasema denunció que el personal de la comisión local trabaja con recursos ajustados y rezagados desde 2015.

La Ciudad de México replica y agrava este esquema: destina 16 mil millones de pesos (mdp) a remodelaciones estéticas de puentes, luminarias y fachadas, mientras su Comisión de Búsqueda sobrevive con 47.5 mdp para 2026. En la capital, la pintura institucional de las obras públicas y la publicidad del torneo sirvieron para borrar las fichas de los más de dos mil desaparecidos reportados sólo en 2025. Es el caso de Ana Amelí García Gámez, una destacada estudiante de la UNAM y senderista que desapareció el 12 de julio de 2025 en el Ajusco. Su madre, Vanessa Gámez, acusa a las autoridades de perder horas vitales al negarle inicialmente el acceso a la zona de su última ubicación.

Laberinto estadístico y dolor maquillado

Vanessa Gámez dirige un reclamo directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, acusando a su administración de priorizar la imagen internacional del Mundial mediante “cifras disfrazadas” y metodologías de “minería de datos” diseñadas para reducir la crisis a números políticamente manejables. El sentimiento de las familias es de una honda traición: el talento y la vida de jóvenes como Ana Amelí son devorados por la violencia mientras las familias quedan excluidas de las decisiones oficiales.

Al corte de marzo de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta un acumulado histórico de 394 mil 645 personas desde 1952. Aunque el discurso federal resalta que el 66 por ciento (262 mil 111 personas) ha sido localizado, el análisis cualitativo revela contradicciones severas: el 92 por ciento de los hallados con vida corresponde a casos de ausencia voluntaria no delictiva, inflando artificialmente el indicador de éxito gubernamental. La realidad ineludible radica en las 132 mil 534 personas que continúan desaparecidas. Tras alcanzar los 100 mil casos en 2022, la cifra aumentó 7.3 por ciento en 2023, 6.3 por ciento en 2024 y dio un salto dramático del 12 por ciento en 2025.

La indignación de las familias se exacerbó el pasado 27 de marzo de 2026, cuando la presidenta Sheinbaum presentó una nueva categorización del Registro Nacional de Búsqueda dividida en tres vertientes: casos con datos insuficientes (46 mil 742): registros activos pero con información básica incompleta; casos con actividad posterior (40 mil 308): indicios de actividad posterior al reporte, bajo sospecha de vida; casos sin información ni evidencia (43 mil 128): registros del periodo 2006-2026 carentes de datos adicionales o pruebas de vida.

Organizaciones como A dónde van los desaparecidos denunciaron que esta reconfiguración carece de base legal, adolece de serias fallas metodológicas y oculta las deficiencias de investigación de las fiscalías. Como resume Hilda Carrizales, las víctimas “son invisibles tanto en persona como en las cifras, porque las maquillan para no darles apoyo alguno”.

La geografía de la desaparición en el periodo 2025-2026 concentra el 44.3 por ciento de sus casos en cinco entidades federativas: Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León. Sin embargo, la alarma se dispara en las tasas de crecimiento porcentual interanual: Tabasco incrementó sus reportes en un 87 por ciento frente a 2024, mientras que estados como Baja California Sur y Jalisco presentaron repuntes del 168 y 219 por ciento, respectivamente. Estas cifras evidencian la pérdida de control territorial frente a grupos armados que usan la vida y la muerte como mercancías.

Omisión ante recomendaciones internacionales 

La relación del Ejecutivo Federal con las familias buscadoras transitó de la promesa inicial de justicia al distanciamiento. Aunque el discurso oficial abandere el “respeto a los derechos humanos”, la gestión de 2025 y 2026 se ha caracterizado por la descalificación de las voces críticas. Muestra de ello fue el rechazo absoluto al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) en abril de 2026, al cual la administración actual calificó de “tendencioso” y “ajeno a la realidad del México actual”, a pesar de que el Comité activó el Artículo 34 de la Convención Internacional, un mecanismo de urgencia máxima para crisis de desaparición sistemática.

El Gobierno Federal pretendió minimizar el llamado alegando que el reporte contemplaba periodos históricos previos (2009-2017), soslayando de paso que el Comité documentó 40 nuevas acciones urgentes de búsqueda tan solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Tampoco la visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, estuvo exenta de fricciones: las reuniones se limitaron a pequeños comités en espacios cerrados, marginando a quienes no forman parte de grandes colectivos o carecen de redes de contacto formales. “Hubieran pedido un estadio para poder juntar a todas las madres, no nada más a unas”, reclamaron activistas al término del encuentro, evidenciando la creciente frustración ante visitas internacionales que se agotan en la diplomacia de oficina sin traducirse en acciones en campo.

Alarmante impunidad

Para el doctor Jairo López Pacheco, investigador de El Colegio de México (Colmex), calificar este panorama como una simple “crisis” es insuficiente, pues dicho término alude a un estado transitorio; en cambio, la violencia en México se ha normalizado e instrumentalizado hasta convertirse en un engranaje cotidiano. López Pacheco señala una paradoja estructural: aun cuando el país cuenta con más fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda y protocolos de atención que nunca, las desapariciones se mantienen al alza. No se trata de una deficiencia técnica, sino de dinámicas de control territorial, criminalización y poder que se reproducen sistemáticamente.

Bajo este análisis, la ineficacia de las fiscalías y comisiones no es un simple error de diseño, sino una necesidad funcional para asegurar la acumulación de capital –legal o ilegal– en las zonas de conflicto. De las más de 132 mil desapariciones existentes, el Estado reporta apenas 26 sentencias condenatorias hasta 2025, un alarmante testimonio de la impunidad imperante.

David Fernández S. J., del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), coincide en que la crisis es el reflejo de un Estado fracturado en que el discurso presidencial de la “Cuarta Transformación” no se plasma en el actuar cotidiano de las fiscalías y comisiones, que operan bajo una lógica de “administrar la tragedia” antes que de garantizar justicia; rechaza, asimismo, la distinción oficial que atribuye las desapariciones previas a los gobiernos anteriores y las de hoy exclusivamente al crimen organizado: la omisión en la búsqueda, la protección fáctica de los perpetradores y el hacinamiento de cuerpos olvidados en los servicios médicos forenses convierten al Estado en un cómplice necesario por omisión y aquiescencia. En este contexto, la verdad se administra según conveniencias de coyuntura electoral, como se hizo evidente con la iniciativa de ley de marzo de 2026 para “corregir” los registros nacionales de desaparecidos ante el descontento de los colectivos.

El respaldo popular a la búsqueda

Frente al repliegue de las funciones del aparato de justicia, la organización popular se alza como el único camino viable para la localización de personas. Hilda Carrizales recuerda la profunda soledad del inicio de su calvario: tras buscar por cuenta propia en comunidades aledañas, topó con el desinterés de funcionarios públicos que “no dicen nada ni buscan nada”. Esta inacción la llevó a integrarse al colectivo Por Amor a Ellos.

Al preguntarle qué las motiva a unirse a estas agrupaciones, doña Hilda responde convencida: “para sentirse una arropada, porque no es la misma fortaleza o la fuerza de uno solo que la de un colectivo”. En la agrupación, el dolor individual se convierte en un motor colectivo; es la única defensa ante un sistema diseñado para ignorar al individuo aislado. Hoy, sus pesquisas en la geografía de Jalisco se realizan de manera comunitaria.

Ante fiscalías que a menudo se limitan a observar pasivamente desde la sombra mientras las madres remueven la tierra con sus manos, las integrantes de Por Amor a Ellos autofinancian su labor. Hilda, quien costea las búsquedas con su empleo de enfermera, describe una red solidaria donde comparten insumos, pasajes y alimentos. Al cabo, no es el presupuesto estatal lo que sostiene la marcha diaria, sino un persistente equilibrio entre la angustia de la pérdida y la esperanza inamovible de hallar la verdad.

El surgimiento e incremento constante de colectivos de rastreadoras no debe ser idealizado como un triunfo social, advierte el análisis sociológico, sino como un síntoma lacerante de un Estado ausente y de una sociedad profundamente indiferente. Obligadas a realizar la inteligencia, el peritaje y la excavación técnica que corresponderían a las autoridades, las víctimas directas han tenido que aprender a resistir e imaginar formas de búsqueda.

“Que no nos señalen como las locas de las calles. Somos madres que buscamos a nuestros hijos”, concluye Irasema García Rosas, sintetizando la combinación de indignación profunda y coraje que las impulsa a seguir actuando como las auténticas guardianas de la verdad en un territorio donde buscar justicia se ha vuelto, estrictamente, un acto de resistencia civil.