Los últimos seis años, los gobiernos de Morena han mantenido la Ciudad de México (CDMX) a la deriva, sin un Plan General de Desarrollo (PGD); con lo que incluso se transgrede la Constitución local –vigente desde 2017–, que ordena a las autoridades formular un instrumento que garantice el rumbo de la capital por los siguientes 20 años y del que emanarán el Programa General de Ordenamiento Territorial (Paot) y los programas de las 16 alcaldías. Sin éste, proyectos, programas y planes están detenidos.

La capital del país no tiene rumbo, ya que carece de un PGD. A la fecha, el PGD 2025-2045 se encuentra en proyecto, y su integración se ha desarrollado entre la opacidad, irregularidades, desinterés e irresponsabilidad de los legisladores del Congreso local, principalmente de Morena.

El nueve de noviembre de 2025, a las 21:00 horas, se difundió una versión final con 505 páginas de una versión previa con 499. Debido a que lo ordena la ley, éste se llevó a una consulta ciudadana iniciada el 10 de noviembre de 2025. La ley local establece que el PGD debió activarse el 1° de octubre de 2022; pero no ocurrió así, por lo que suman ya cuatro años de atraso, tres intentos fallidos y en total seis años sin un proyecto.

En 2023, el Gobierno de Martí Batres, jefe de gobierno interino, envió un primer proyecto que no prosperó debido a que no se consultó a los pueblos y barrios originarios. Luego, en noviembre de 2025, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), dirigido por Patricia Ramírez Kuri, publicó el nuevo anteproyecto con 22 ejes; en esa fecha, sólo tres horas después de su publicación, se convocó al primer foro, lo que fue señalado como “una irregularidad” y “violación al proceso” por legisladores de oposición y colectivos.

El IPDP y el Congreso capitalino plantearon llevar a consulta ciudadana el proyecto del PGD 2025-2045 presentado en noviembre de 2025. Originalmente, propusieron como plazo del 14 de noviembre de 2025 al 10 de enero de 2026, coincidente con el periodo vacacional decembrino.

Colectivos, ciudadanos y legisladores de oposición denunciaron que éste era “tiempo insuficiente”, por lo que decretaron una primera ampliación oficial publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX el 15 de febrero de 2026; el plazo se dio hasta el 28 de febrero. Posteriormente se anunció una segunda ampliación hasta el 10 de abril de 2026.

El 11 de abril se reportó el cierre oficial de la consulta ciudadana y el IPDP informó que se recibieron 12 mil 822 propuestas digitales en la plataforma Plaza Pública, 107 documentos sectoriales, 486 talleres y 301 foros. Por su parte, el Gobierno capitalino informó que recibió 637 mil 600 opiniones, 98 mil 500 encuestas a niños y adolescentes con apoyo de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y 106 actas de diálogos con los pueblos y barrios originarios.

Sin embargo, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la ampliación respondió a solicitudes de mayor participación, para garantizar la consulta indígena y evitar que el instrumento fuera impugnado en tribunales.

Los legisladores de Morena advirtieron que participaron mil 257 personas de siete mil 500 asistentes en 36 foros, equivalente a 0.08 por ciento de la población. El IPDP reportó la participación de 300 mil personas, correspondiente a 3.3 por ciento. En contraste, colectivos vecinales reportaron baja participación representativa y exigieron la intervención mínima de 15 por ciento de la población.

El Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, La Voz de Polanco, Copacos de Roma, Polanco, Lomas de Chapultepec, Escandón, Juárez, Centro, Hipódromo, vecinos de Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Tlalpan, Álvaro Obregón y Frente Anáhuac de Pueblos y Barrios Originarios han rechazado las cifras de participación del Congreso y el IPDP.

El último día de consulta, es decir, el 10 de abril, los colectivos entregaron nueve mil 828 firmas a la Jefatura de Gobierno, cinco mil 528 de las cuales fueron físicas y cuatro mil 300 digitales recabadas en la plataforma change.org; además, pusieron a disposición del Congreso capitalino once escritos formales.

Al no prosperar la consolidación del PGD, Josefina MacGregor, fundadora y directora de la organización Suma Urbana, entre otros colectivos ciudadanos, exigió la reposición total del proceso, por lo que planteó cuatro etapas: diagnóstico, elaboración del documento base, deliberación informada y consulta vinculante. Argumentan que no participó la ciudadanía en la elaboración del documento-base ni en la definición de la metodología, por lo que el proceso nació viciado de origen y carece de legitimidad.

Entre las irregularidades señaladas, el propio IPDP reconoció que algunos funcionarios llenaron cuestionarios y firmaron como asistentes en las asambleas. Además, en la realización del primer proyecto, en noviembre de 2025, no se convocó a las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco), organizaciones civiles, vecinos ni académicos, lo que derivó en incongruencias jurídicas y vacíos legales, denunciaron los colectivos.

Por su parte, pueblos y barrios originarios denunciaron la falta de traducción a lenguas originarias y ausencia de asambleas comunitarias, por lo que anunciaron amparos para anular el procedimiento. A modo de protesta, el ocho de abril de 2026, varios colectivos realizaron la Marcha de la Unidad: partieron de San Antonio Abad al Zócalo; entre sus consignas destacaron “No nos preguntaron” y “El Plan no pasará”.

Apenas el 24 de agosto, la organización Somos México capitalino exigió transparentar el proceso y los mecanismos de participación pública, como determina el Artículo 65° de la Ley del Sistema de Planeación.

Problemas y riesgos

Ya difundido el PGD, diversos colectivos alertan sobre algunas propuestas del contenido y reiteran que está en juego el futuro de la CDMX, ya que promueve una ciudad turistificada, gentrificada y redensificada, centraliza decisiones, favorece intereses inmobiliarios, elimina Programas Parciales de Desarrollo como Polanco, San Ángel y Centro Histórico para permitir la construcción de hoteles y apertura de antros sin consulta; crea polígonos prioritarios mediante consulta directa donde asambleas vecinales definirían usos de suelo y no el Congreso; y carece de diagnósticos para servicio de agua, movilidad, seguridad, medio ambiente y evaluación de impactos acumulados. También denuncian que no tiene presupuesto, indicadores ni responsables claros.

Josefina MacGregor estimó que la elaboración del proyecto planteado desde 2025 como instrumento de planeación a 20 años no fue puesta a consulta ciudadana, no se ha consolidado y registra “tropiezos” y solicitudes de reposición. También evidenció irregularidades de elaboración y que el documento debe contar con diagnósticos y participación de los ciudadanos, así como de los sectores privado, público y académico.

En entrevista con buzos, reveló que el Consejo Ciudadano no estuvo presente en la elaboración del documento, pese a que la Constitución establece su participación, y que no existe un director ni cuerpo técnico. Además, los errores no se subsanan con modificaciones al texto, lo que representa una violación a la Constitución.

Para Josefina MacGregor, sobre el PGD, “partimos de un documento concretamente ilegal; es un documento violatorio de la Constitución, de la Ley de Planeación, la Ley Orgánica de las alcaldías y Participación Ciudadana: ese documento es el proyecto del PGD; y entonces qué validez pueden tener las consultas si se hace sobre un documento totalmente violatorio a los derechos y a la Ley; ¿por qué es violatorio?, porque la Constitución y las leyes indican que debió haber participado toda la población, sector público, privado y la academia en la elaboración; y nunca se convocó a nadie. ¿Cuál fue el resultado?, una propuesta nociva para la CDMX, donde no sólo nosotros tenemos problemas, sino que los planteamientos son a modo: de los negocios para el gobierno”.

Otras representantes vecinales como Mari Tere, de Polanco y Salma Muñoz, de la colonia Tabacalera, coincidieron en que el documento final no tiene validez porque no se difundió y los representantes vecinales no fueron consultados.

Voces encontradas

Xóchitl Bravo Espinoza, coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso local, informó que el PGD se encuentra en agenda y es prioritario. Según indicó, el proyecto se aprobará en el periodo ordinario de sesiones que inició el pasado 1° de septiembre mediante Parlamento Abierto; y previó que habrá un nuevo proceso de escucha a ciudadanos y organizaciones.

“El PGD va, y se aprobará en este periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo”, destacó Bravo. “El Plan se discutirá mediante el ejercicio de Parlamento Abierto para que la ciudadanía participe directamente en su construcción”, puntualizó la morenista.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Trejo, relató que se efectuaron las consultas respectivas y las modificaciones pertinentes; y, en este periodo ordinario se tendrá el PGD previsto para someterlo al Pleno y su posible aprobación entre los meses de septiembre a diciembre. En tanto, el legislador Víctor Hugo Romo aseguró que “no hay prisa” y, mientras, se recogen propuestas vecinales de gentrificación, predial y planes parciales.

De acuerdo con los lineamientos del proceso de aprobación del PGD se establece que el IPDP debe entregar la versión final al Congreso tras la fase de concentración de las propuestas. Una vez que llegue, el Congreso dispone de seis meses para aprobarlo; de lo contrario, aplica la afirmativa ficta. Sin embargo, al cierre de edición, Xóchitl Bravo Espinoza aseguró, en conferencia de prensa, que el Plan se aprobará por votación y no por afirmativa ficta.

Según el IPDP, los tres temas más demandados fueron: vivienda, espacios públicos y movilidad sustentable. Se incluyeron temas de espacio público, deporte, agua y atlas de riesgo; además, se destacó que las Copacos no desaparecen. Así, Morena, el IPDP y la coordinación del Congreso insisten en que se trata del ejercicio participativo más grande en la historia, con 637 mil 600 opiniones.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Sesma Suárez, afirmó que cada ampliación sin explicación técnica representa años de retroceso y consideró complicado que se apruebe el PGD en este periodo legislativo, ya que existe “indefinición” sobre el Plan, pues lleva más de cuatro años retrasado y dos ampliaciones de consulta sin metodología clara. Uno de los motivos del atraso consiste en que todavía no hay fecha para entregar el documento al Congreso capitalino por la Jefa de Gobierno ni para ser discutido y aprobado por el Pleno de ese órgano; lo más grave es que nadie conoce el PGD.

Para Sesma Suárez ‒quien solicitó licencia por tiempo indefinido‒, planear el desarrollo y crecimiento de la ciudad no es un simple trámite y la ciudad necesita certeza. Incluso se enteró del aplazamiento por los medios de comunicación cuatro días antes de la fecha planteada para entregar al Congreso y no hubo explicación pública de las razones técnicas ni de los ajustes metodológicos. Además, desde su perspectiva, la consulta no puede ser únicamente para calmar inconformidades y debe servir para que las opiniones de vecinos, especialistas, alcaldías y sectores productivos se reflejen en cambios concretos y transparentes.

Sobre qué ocurriría si se realiza mal o se especula con la elaboración del Plan, advirtió que “no avalaremos simulaciones en el PGD y Ordenamiento Territorial, ya que impactan en la movilidad, vivienda, agua y medio ambiente, entre otras cosas sumamente importantes para la CDMX. La consulta no puede ser únicamente para ‘calmar’ inconformidades. Debe servir realmente para que las opiniones de vecinos, especialistas, alcaldías y sectores productivos se reflejen en cambios concretos y transparentes”.

Por su parte, la legisladora Tania Larios, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional insistió en que el nuevo documento no contempla profundamente temas de medio ambiente, sismicidad y seguridad. Margina el tema de contingencia ambiental y el Programa Hoy No Circula. “Esto facilitará negocios inmobiliarios con el tema de uso de suelo”, alertó.

Larios también considera que el Congreso capitalino no debería permitir que le quiten esas atribuciones, debido a que el PGD crea polígonos prioritarios mediante consulta directa en la que asambleas vecinales definirían usos de suelo y no el Congreso, y crea casas de gobierno con atribuciones jurídicas y presupuestarias para gestionar servicios, programas y uso de suelo para elevarlas a rango constitucional.

Sobre los cambios en el texto, se identifican tres puntos polémicos: Casas de Gobierno, con atribuciones jurídicas y presupuestarias para gestionar servicios, programas y uso de suelo para elevarlas a rango constitucional; legisladores de oposición reportan que suplantan a las alcaldías, mientras Morena asegura que únicamente descentralizan trámites.

¿Cuántos votos se requieren?

En caso de aprobarse, el PGD debe contar con dos terceras partes de los votos del Congreso conformado por 44 legisladores. Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y PVEM, no poseen ese número por sí solos. El IPDP debe entregar la versión final sistematizada para que la Comisión de Planeación la dictamine. A la fecha no existe calendario oficial de la Jefa de Gobierno, lo que mantiene estancado al Paot y los programas de las alcaldías.

Así, el Instituto de Planeación Democrática debe publicar las opiniones recibidas, explicar los cambios realizados y presentar un calendario claro; y trazó la ruta legislativa con acuerdo de la Conferencia, guía integral y lineamientos para que no se susciten retrasos involuntarios o voluntarios en comisiones. En resumen, para Sesma, sin PGD, la CDMX crecerá con mayor desorden, sin certeza jurídica sobre vivienda y propiedad ni control de gentrificación, sin sustentabilidad de agua o movilidad y sin garantía de derechos. Por eso insiste: “No avalaremos simulaciones, pero tampoco frenaremos avances reales. Nuestra obligación es con la Constitución y con la ciudadanía”.

La Constitución de la CDMX establece que el IPDP elabore el PGD y lo ponga a consulta. Este documento debe guiar las acciones del gobierno, políticas públicas y proyectos por los siguientes 20 años.