El imperialismo estadounidense ha intentado convencer a la opinión pública mundial que el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, ejecutado por las fuerzas armadas de Estados Unidos (EE. UU.), fue un acto de “justicia internacional”.

Pero con este discurso mentiroso, Washington no sólo está tratando de ocultar una abierta agresión a la soberanía de otro Estado nacional, sino también la ejecución de 115 civiles, el uso de sus fuerzas armadas contra una población inerme y las ambiciones de la oligarquía gringa por apoderarse de la mayor reserva de petróleo en el orbe.

Otros objetivos de la plutocracia estadounidense y su actual testaferro en la Casa Blanca, el empresario Donald Trump, consistieron en mostrar su aún vigente “autoridad” política en América Latina e intentar la desarticulación del fuerte movimiento antihegemónico que avanza hacia un orden internacional multipolar.

Después del asalto al país sudamericano, el periodista Ignacio Ramonet afirmó: “no hay que esforzarse demasiado para entender los motivos que empujaron a un Trump histriónico a ejecutar ese acto: la crisis de hegemonía estadounidense, con Rusia y sobre todo China al fondo, lo explica suficientemente”.

Ésta fue la causa real de la operación Determinación Absoluta –nombre por demás extravagante y ridículo– y no, como declaró la prensa corporativa: desviar la atención del escándalo que involucra a Trump con los abusos sexuales del multimillonario Jeffrey Epstein contra menores.

El plan de la Casa Blanca para mantener su dominio neocolonial sobre la mayor parte de los países de América Latina y ampliarlo mediante la fuerza militar y argucias judiciales, como lo evidenció en sus agresiones contra Venezuela y su presidente Maduro.

La arrogancia imperial siempre abusa de la fuerza. Semanas antes, la fiscal general y exabogada personal de Trump, Pam Bondi, publicó en X que el presidente Maduro y Flores “pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

En noviembre de 2025, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, anticipó a la revista Vanity Fair que los ataques se realizarían después de la aprobación del Congreso; pero a finales del mes, Trump la contradijo públicamente.

EE. UU. viola la ley

El presidente Maduro y la diputada Flores han sido objeto de múltiples actos ilegales que violan sus derechos humanos y las normas internacionales y estadounidenses, desde que el propio empresario y mandatario del país vecino ordenó su abduction (secuestro).

El montaje judicial se inició en 2020, cuando el Departamento de Justicia (DoJ) armó “la investigación” y luego, ante un “gran jurado”, presentó la acusación S411CR.205(AKH), contenida en 25 páginas, en la que firman una persona –cuyo nombre se borró– y el Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.

En la acusación se lee, con asombro, que el presidente Maduro y otras autoridades del gobierno bolivariano enfrentan cargos por narcotráfico y posesión de armas y en los apartados los subrayan como socios de la delincuencia organizada.

El texto no ofrece ninguna fuente, evidencia o prueba objetiva, científica ni testimonio, producto de una pesquisa seria que sustente la comisión de los delitos imputados. Es, en síntesis, un conjunto mal estructurado de mentiras elaboradas para mentes crédulas y de mala fe, y no para convencer de su veracidad a juristas experimentados.

Es una trama política diseñada para avalar la ocupación de un país y saquear los recursos en beneficio de las corporaciones trasnacionales. En su confección se utilizaron las facultades de los departamentos de Justicia y del Tesoro de EE. UU.

Fue así como el actual gobierno de esta potencia “judicializó” su política exterior con una imputación individualizada del ámbito penal y lesionó los derechos y los intereses soberanos de Venezuela, cuya estabilidad política, social y económica fue puesta en riesgo desde entonces.

Todo esto ocurrió porque Trump no acató el ordenamiento constitucional que lo obliga a pedir licencia al Congreso antes de usar al ejército de su país en una incursión militar, en la que fueron secuestrados el presidente y una legisladora de un Estado soberano.

Según la Resolución de Poderes de Guerra (1973), el presidente de EE. UU. debe consultar, “en todos los casos posibles”, al Congreso dentro de las 48 horas previas para involucrar al ejército en hostilidades con otros Estados.

La prensa y los analistas de su país que no comparten su ideología de ultraderecha, sostienen que Trump actuó sin ese aval; aunque la Casa Blanca afirma que sí notificó la operación al Congreso antes de emprenderla.

El senador demócrata por Nueva Jersey, Andy Kim, advirtió que no respetó la Constitución. Desde noviembre del año pasado expresó intención de saltarse al Congreso cuando contradijo a Susie Wiles y criticó los preparativos intervencionistas en Venezuela.

Para legalizarlas aparentemente, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, declararon que la incursión se efectuó en nombre y a petición del DoJ.

Su ilegalidad fue tan obvia que, el siete de enero, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó que el Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones advierte: “Todos los Estados deben abstenerse de la amenaza o uso de la fuerza contra otro”.

Asalto y secuestro

Las normas que protegen a un jefe de Estado de agresiones son múltiples y todas establecen que no existe jurisdicción civil o coercitiva que violente su inmunidad.

Sólo el Artículo 27 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional –que juzga a personas, no a Estados– establece que la calidad de Jefe de Estado o gobierno no lo exime de responsabilidades previstas en esa norma; de ahí la incumplida orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

La maniobra de Trump por mantener al presidente constitucional de Venezuela y a la diputada Flores como rehenes viola su inmunidad a cambio de imponer condiciones a Caracas.

Con su sometimiento al arbitrio del DoJ, la Casa Blanca pretende ocultar que fueron secuestrados, inmovilizados, trasladados a un país extranjero y que el operativo militar movilizado para el plagio dejó decenas de muertos.

El feroz dolo del 47º presidente de EE. UU. ha llegado al extremo de proclamar el desmantelamiento de un narcogobierno e insistió en su negativa a la oferta del gobierno interino de Venezuela de pagar la defensa legal para los rehenes.

Con ello se violan los principios básicos de presunción de inocencia y derecho a la legítima defensa. De ahí que con el ataque a un Estado en pleno ejercicio de su poder constitucional como Venezuela, Trump desobedeció la separación de poderes y los límites de su Constitución como autoridad del Ejecutivo, afirman los expertos.

En este contexto de ilegalidad, el presidente Nicolás Maduro compareció por primera vez en el proceso judicial el cinco de enero, cuando afirmó: “Soy prisionero de guerra”, con lo que exhibió que su secuestro y retención son por causa política en represalia por defender la soberanía de su país y su posición antihegemónica.

Indebido proceso

Maduro deberá responder a la acusación S411CR.205(AKH) del DoJ, en la que, sin base legal, él, su esposa, su hijo y otras autoridades venezolanas son vinculados con la delincuencia organizada.

La imputación sólo responde a los intereses imperialistas de EE. UU. sobre Venezuela. Se criminaliza a Maduro por ser la expresión “fáctica, política y simbólica de un Estado que se niega a ser funcional al orden hemisférico imperial que quiere imponer Washington.

“Por eso, decir que el de EE. UU. es un proceso judicial es tan utópico como decir que en Palestina hay una reestructuración poblacional y no un genocidio”, sentencia magistralmente el concejal de Esquerda Unida, André Abeledo Fernández.

Pero las maniobras oscuras siempre salen a la luz. Hoy se sabe que el DoJ corrigió y eliminó algunas de sus más irracionales acusaciones, basadas en informes de la Casa Blanca y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

The New York Times reveló que el DoJ admitió que no existe el llamado Cártel de los Soles, por lo que se suprime la versión de que Maduro lideraba éste, así como la guerra híbrida contra una “organización terrorista” que sólo existe en el cerebro esquizofrénico del actual presidente de EE. UU.

También se desvaneció la versión de que el mandatario venezolano dirige al grupo delictivo Tren de Aragua, pues hay constancias de que las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano combaten a este grupo para desactivarlo.

Por eso resulta falaz la versión gringa de que Venezuela signifique una “amenaza existencial” para EE. UU.; y el proceso “legal” contra Maduro debe verse como lo que es realmente: un proyecto de dominio imperial y neocolonización sobre Venezuela y la región.

Este análisis se cierra al destacar que Donald Trump indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico según la inteligencia de EE. UU; y previendo que en el futuro el imperialismo estadounidense no dudará en secuestrar a otros jefes de Estado para someterlos a sus tribunales y lograr sus fines erosionando el derecho internacional.

Entrevista con Irma Sofía Nava. Coordinadora de la Internacional Antifascista Capítulo México

buzos (b): El juez Alvin K. Hellerstein no resolvió quién pagará los honorarios de la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Se entorpece su derecho a la legítima defensa al insistir en la narrativa de que son criminales?

Irma Sofía Nava (IS): Significa que EE. UU. quiere apoderarse del petróleo de Venezuela y presionar a la presidenta encargada Delcy Rodríguez a negociar a su favor.

Se rechazó la petición del experimentado defensor Barry Pollack para desestimar el caso, porque el gobierno de Donald Trump le niega el debido proceso al impedir que Venezuela pague sus honorarios porque siguen vigentes las medidas coercitivas impuestas al país.

No obstante, el juez Hellerstein tiene fama de hacer lo correcto y de no dejarse manipular, en especial por Trump. Así que hay esperanza de que termine esta farsa, que distrae la atención del caso Epstein y vincula al propio Sr. Trump.

b. El proceso pretende avalar la ocupación de Venezuela, cuyo gobierno actual podría contrademandar a EE. UU. por el ataque del tres de enero. ¿Cómo contempla la Internacional Antifascista Capítulo México esa vía legal para parar la trama del DoJ e incriminar al gobierno de Venezuela?

IS: Lo primero consiste en exigir y lograr, por todos los medios posibles, la libertad del presidente constitucional Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores.

Claro que el gobierno venezolano podrá demandar y los movimientos sociales debemos informar, denunciar y convocar a la movilización constante. No podemos ser omisos ante los crímenes del Sr. Trump.

Desde el tres de enero estamos activos ante la gravedad de la situación y la amenaza que también pesa sobre nuestra soberanía; y nos percatamos de que era el momento de unirnos en el Frente Antiimperialista Antifascista Mexicano (FAAM), con más de 60 organizaciones que tienen presencia nacional.

Sus dos ejes son: Exigir la libertad del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores y defender la soberanía de América Latina. Nos hemos manifestado ante la embajada de EE. UU. realizando marchas y encuentros informativos con representación de 16 estados en el FAAM.

Los días cinco seis y siete de mayo intensificaremos la actividad con el Encuentro Internacional Antiimperialista y Antifascista, conscientes de que la lucha no para. Hoy más que nunca decimos que defender a Venezuela es defender a México.