Será el 10 de septiembre de 2026 cuando empiece oficialmente el proceso electoral 2026-2027, que incluye la realización de precampañas en los meses iniciales del próximo año, aunque en los hechos están efectuándose de forma encubierta desde principios de 2026, sin reglas ni vigilancia de la autoridad en la materia.

El Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado desde 2023 por Guadalupe Taddei, ha postergado una y otra vez la expedición de “lineamientos” específicos enfocados en evitar precampañas electorales anticipadas, como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde 2021.

La más reciente argumentación del INE consiste en que no está claro si las estipulaciones deben ser expedidas por el Instituto o por el Congreso de la Unión, aunque el TEPJF aseguró, desde hace cinco años que, si bien son legales las actividades de participación política partidista, el INE debía establecer “lineamientos” específicos para evitar actos anticipados de campaña.

Cerca del inicio del proceso electoral oficial el 10 de septiembre, se esperaba que el Consejo General del INE expediría tales condicionantes al menos en su sesión del 31 de julio de 2026, la última antes de las vacaciones de verano de dos semanas, pero no lo hizo.

De hecho, al cierre de esta edición, los funcionarios del INE estaban de vacaciones de verano, programadas del tres al 14 de agosto de 2026, antes de reanudar sus actividades el lunes 17 de agosto, apenas unos días antes del inicio formal del proceso electoral.

Mientras seguían en curso las precampañas anticipadas denunciadas públicamente en diversas entidades del país, el calendario electoral fijado el 31 de julio por el INE establecía que el periodo de precampañas sería del cuatro de enero al 12 de febrero, y las campañas del cuatro de abril al dos de junio, antes de liberar las votaciones programadas para el seis de junio de 2027.

El siete de marzo de 2026, la dirigencia nacional de Morena emitió su proyecto de designar coordinadores estatales para la defensa de la “Transformación y la Soberanía”, que serían seleccionados mediante encuestas de popularidad, entre los cuales se postularían candidatos a gobernador, presidentes municipales, diputados federales y estatales, cuando el INE estableciera las fechas oficiales.

“Madrugados” por el aparato morenista gubernamental en 2020 y 2023, los opositores decidieron, en este 2026, adaptarse a las nuevas reglas electorales no escritas y emitieron también sus propias versiones de promoción electoral disimulada como actividades partidarias.

El 18 de marzo de 2026 lo hizo el Revolucionario Institucional (PRI) y el 21 de ese mes Acción Nacional (PAN), partidos que difundieron sus propios modelos de coordinadores electorales en los estados; “defensores de México” en el caso de los priistas, y de “defensa de la Patria y la familia”, según los panistas.

Esto ha evidenciado las actividades anticipadas de campaña nacionales desde 2020-2023 y ahora en 2026, años previos a elecciones federales y estatales; es que la astucia política para “darle la vuelta” a la ley electoral y obtener ventajas se ha convertido en una norma no escrita.

“El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue quien dijo aquello de ‘a mí no me vengan con que la ley es la ley’, y si lo vemos desde esa declaración pública, la libre expresión ya no es de los ciudadanos; de los informadores, sino de los políticos, y ellos pueden hacer un evento electoral cuando quieran. Y si uno piensa que son actos adelantados, es problema de uno; ellos dirán que son de organización política interna”, reveló a buzos Ernesto Peralta, director ejecutivo de la consultora Borde Político.

Peralta sostiene que en México se ha agudizado la crisis de representación social de partidos y de actores políticos que realmente están más interesados en salvaguardar sus intereses personales y de fracción.

“Se representan a sí mismos y a sus intereses… su interés es que no les bajen el dinero, no les quiten puestos, etcétera… entonces, cada quien tiene su concepto de hacer campaña, y ésa es la ley ahora; cada quien se mide con su propia vara, y todo eso está generando una desorganización”, advirtió el analista.

En campaña anticipada

Caso destacado entre los anticipados del partido en el poder es Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, manifiesto aspirante a una diputación federal por el distrito federal 6 de Tabasco, quien comenzó recorridos el dos de agosto de 2026 “casa por casa” en colonias correspondientes a esa demarcación electoral.

López Beltrán exhibió el inicio de sus recorridos con publicaciones en sus redes sociales; y al cierre de esta edición ofrecía pormenores de sus actividades, negando estar en precampaña electoral porque –según él– sus actividades son de organización partidista, como enviado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para dar información a la ciudadanía.

López Beltrán renunció el 25 de mayo de 2026 a su cargo como secretario de Organización de Morena para lanzarse por una diputación federal por Tabasco, y recibió el expreso beneplácito de la dirigente nacional Ariadna Montiel, y del exlíder del Senado y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien incluso declaró que el hijo del expresidente ganará “caminando” (haciendo recorridos) como su padre.

La dirigencia del partido Movimiento Ciudadano (MC) informó, el cinco de agosto, haber presentado una queja ante el INE por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña nacionales de morenistas, marco en que denunció los recorridos efectuados por López Beltrán en Tabasco y de otros aspirantes, como Andrea Chávez, quien busca la gubernatura de Chihuahua y, de hecho, comenzó sus promociones desde principios de 2025.

Las dirigencias nacionales del PRI y del nuevo partido Somos México también anunciaron la presentación de denuncias formales contra López Beltrán y otros aspirantes morenistas por presuntos actos electorales anticipados.

 Todos saben, menos el INE

“Todo mundo sabe que hay campañas adelantadas en el país; todo mundo sabe que hay inequidad en la contienda; todo mundo sabe que el principio de equidad para el siguiente proceso (electoral) se ha lastimado severamente”, reclamó Marco Antonio Baños, exconsejero del IFE, luego del INE, y actualmente representante del nuevo partido Somos México.

En la sesión del Consejo Nacional del INE del 23 de julio de 2026, Baños aseveró, refiriéndose a la presidenta Guadalupe Taddei: “Todos los partidos que ya iniciaron sus procedimientos; el caso de Morena, el caso del PRI, incluso el caso del PAN y hasta el MC tienen ya procedimientos que están avanzando; y ustedes no han regulado el punto… para cuando ustedes emitan los lineamientos, simplemente el proceso (electoral) ya empezó.

“Todos los partidos deberían entender que las precampañas están reguladas una vez que inicia el proceso electoral (el 10 septiembre); no hay proceso electoral ahorita; hay actos anticipados de precampaña y campaña; es evidente, pero aquí no lo quieren ver”, demandó el representante de Somos México ante el Consejo General del INE.

Los “albazos” electorales empezaron desde inicios de 2025, si se consideran las “jornadas por la salud”, coordinadas en colonias marginadas de Chihuahua, mediante unidades móviles de atención médica con la imagen de la senadora por Morena, Andrea Chávez, manifiesta aspirante a la gubernatura de ese estado.

El año pasado, Andrea Chávez se vio obligada a suspender sus actividades de promoción tras una oleada de críticas; pero ya en este año, el 11 de marzo expresó nuevamente su intención de gobernar Chihuahua, por lo que buscaría ser nombrada coordinadora territorial de Morena en su estado.

El 15 de abril, la senadora Chávez solicitó licencia al cargo y empezó a recorrer la entidad; en julio, el Partido del Trabajo (PT) designó a la morenista como su “Coordinadora Estatal de Afiliación en Chihuahua”, es decir, que al ver perdida la posibilidad de ser designada coordinadora territorial por Morena, se respaldó en el PT.

Otro caso es Tatiana Clouthier, excoordinadora de la campaña presidencial de AMLO en 2018 y exsecretaria de Economía (SE) de su gobierno, quien se declaró el dos de marzo como aspirante al gobierno de Nuevo León; y el seis de mayo renunció a su cargo como directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, con lo que anticipó que buscaría ser designada coordinadora territorial estatal, es decir, candidata a gobernadora de su estado.

El senador morenista Raúl Morón realizó lo propio el 19 de marzo de 2026, cuando se presentó como aspirante al gobierno de Michoacán; mientras, pocos días después, el 25 de marzo, su nombre fue coreado por legisladores de Morena durante una reunión plenaria en el Senado.

Se ponen a la moda 

El 21 de marzo, días después de emitido el proyecto electoral de Morena, el dirigente del PAN, Jorge Romero, presentó el modelo blanquiazul de las encuestas de popularidad bajo el nombre de “encuestas de posicionamiento”.

Anticipó además la designación de “defensores de la patria y la familia”, que luego serían sus 17 candidatos a gobernador y demás puestos, diputaciones federales, estatales y presidencias municipales para 2027, otro esquema semejante al morenista.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI encabezó, el 18 de marzo de 2026, un evento partidista de precampaña rumbo a los comicios de 2027, contexto en el que emitió el plan de “Defensores de México”, es decir, coordinadores partidistas para los 17 estados donde habrá cambio de gobernador; además de otros para municipios, distritos electorales federales y estatales, que después serían nominados candidatos.

Cada quien su rancho 

La dirigencia nacional de Morena seguía con la designación de coordinadores estatales de la “Transformación y Defensa de la Soberanía”, esto es: los candidatos que serían registrados tras la aplicación de “encuestas de popularidad”.

El dos de agosto de 2026, cuando ya había registrados 277 aspirantes a coordinador estatal, la cúpula nacional de Morena frenó intempestivamente las designaciones estatales o candidatos encubiertos con el argumento de que primero debía atender la unidad interna.

Mientras tanto, en 11 de los 17 estados en que habrá cambio de gobernador en 2027, seguían en curso las promociones de “delfines” elegibles de algunos mandatarios locales morenistas, entre los que dominan exfuncionarios estatales, expresidentes municipales, senadores y otros colaboradores cercanos.

En Baja California, la polémica gobernadora Marina del Pilar Ávila, apoya a la senadora morenista con licencia Julieta Ramírez Padilla, quien pertenece a su equipo político desde que fue su secretaria particular, cuando Ávila era presidenta municipal de Mexicali.

En Baja California Sur, el mandatario Víctor Manuel Castro Cossío respalda a Homero Davis Castro, su exsecretario general de Gobierno en los primeros tres años de la administración estatal, antes de incorporarse como senador.

En Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha promocionado a Pablo Gutiérrez Lazarus, expresidente municipal de El Carmen, como virtual candidato morenista a sucederla en el cargo.

“Campeche es el primer estado que se define, porque aún no se han hecho los registros, nosotros somos un poco disruptivos y, cuando ya tenemos una definición en el corazón, ni para qué dejar perder estos días”, declaró Sansores en una sesión del Consejo Estatal de Morena celebrado en abril, según medios locales.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, apoya a Rosa María Bayardo, expresidenta municipal de Manzanillo, quien también fue secretaria de Desarrollo Económico y directora general del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) estatal en la administración de Vizcaíno.

En Guerrero hay dos aspirantes morenistas al gobierno pertenecientes al equipo cercano a la mandataria Evelyn Salgado Pineda; uno de ellos es Marcial Rodríguez Saldaña, quien fue su secretario de Educación estatal; también Aidé Ibarez Castro, exsecretaria de Salud, y luego de Educación, ambos también cercanos a Félix Salgado Macedonio, padre de la mandataria local.

Para el caso de Michoacán, hay dos aspirantes cercanos al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla: por un lado, está Gladyz Butanda Macías, exsecretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad y antes titular del Medio Ambiente; otro es Carlos Torres Piña, exsecretario de Gobierno y luego fiscal de la entidad.

En Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama apoya al senador con licencia Eugenio Segura Vázquez, exsecretario de Finanzas y Planeación estatal, quien también fue oficial mayor en el Ayuntamiento de Benito Juárez, cuando la hoy gobernadora era la presidenta municipal.

En Sinaloa está Graciela Domínguez Nava, diputada morenista con licencia, quien de 2021 a 2024 fue secretaria de Educación del hoy mandatario estatal con licencia Rubén Rocha Moya; también está María Teresa Guerra Ochoa, exsecretaria estatal de la Mujer.

En Sonora, Lorenia Valles, exdirectora general del DIF del gobierno de Alfonso Durazo; Célida López Cárdenas, exsecretaria de Turismo, y luego jefa de la Oficina del Poder Ejecutivo estatal. También María Dolores del Río Sánchez, exsecretaria de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y antes de la Secretaría de Seguridad Pública; además, Omar Valle Colosio, exsecretario de Hacienda y luego de Infraestructura y Desarrollo Urbano sonorense.

En Zacatecas, Verónica Díaz, integrante del grupo político de la familia Monreal, quien fue esposa de Luis Monreal, hermano menor del actual gobernador David Monreal, y quien se desempeñó como delegada federal del Bienestar, y luego diputada y senadora; el senador Saúl Monreal declinó participar en la contienda por las reglas antinepotismo en Morena, y ahora apoya a Díaz.

Nepotismo

Hubo morenistas que inicialmente protestaron por la regla partidista antinepotismo en la designación de candidatos morenistas impulsada por la Presidenta, pero en semanas recientes cambiaron su estrategia y optaron ahora por respaldar a aspirantes locales afines.

Los principales inconformes fueron Saúl Monreal, quien aspiraba a la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas para suceder en el cargo a su hermano David Monreal; y en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien buscaba quedarse en el cargo actualmente desempeñado por su hija, Evelyn Salgado Pineda.

En otros casos, al cierre de esta edición seguía el jaloneo entre Morena y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre la eventual candidatura a gobernadora de la senadora del Verde Ruth González Silva, esposa del actual mandatario de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, situación que tendía hacia una ruptura estatal.

La dirigencia nacional de Morena insistía en que Ruth González está imposibilitada por la regla antinepotismo para ser candidata por la alianza Morena-PVEM, en tanto líderes del Verde aseveraban que las encuestas locales atribuyen el triunfo a González.

De acuerdo con el INE, en las elecciones del seis de junio de 2027 se renovarán las 500 diputaciones federales, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, además de 19 mil 609 cargos en los 32 estados, que serán organizados por el instituto, en coordinación con los 32 Organismos Públicos Locales (Oples), que son autoridades estatales.

Las votaciones de gobernador serán en Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Aguascalientes, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.