La nueva política de etiquetado impulsada por Birmex para la compra consolidada de medicamentos de 2026 podría generar costos adicionales por hasta 10 mil millones de pesos para la industria farmacéutica y poner en riesgo el suministro de fármacos al sector público, advirtieron fabricantes y proveedores del ramo.

La preocupación surgió a partir de las bases de la licitación LA-12-NEF-012NEF001-T-218-2026, que obligan a los laboratorios a incorporar en los empaques el escudo nacional y leyendas como “Gobierno de México”, “La salud es un derecho”, “Medicamento gratuito”, “Uso exclusivo del sector público” y “Prohibida su venta”.

Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), explicó que cualquier modificación de marbetes requiere la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), mientras que el uso del escudo nacional también debe ser aprobado por la Secretaría de Gobernación.

El representante empresarial señaló que, a diferencia de otros cambios regulatorios, en esta ocasión no se ha establecido un plazo para que las empresas adapten sus procesos de producción y empaque. Recordó que cuando el Tramadol fue reclasificado como medicamento controlado, la industria contó con más de 200 días para realizar los ajustes correspondientes.

Además del costo operativo, los laboratorios alertaron sobre el riesgo de pérdidas económicas debido a que los medicamentos con estas leyendas quedarían destinados exclusivamente al mercado gubernamental, impidiendo su comercialización en otros canales.

La situación se agrava, afirmaron, porque las instituciones públicas suelen adquirir volúmenes muy inferiores a los contratados. Mientras los fabricantes consideran necesario que se compre al menos 80 por ciento de lo pactado para mantener la viabilidad de los contratos, el cumplimiento promedio ronda apenas 40 por ciento.

A ello se suma la deuda acumulada de IMSS-Bienestar con los proveedores, estimada en 16 mil millones de pesos. De ese monto, 7 mil 500 millones han sido reconocidos oficialmente por las autoridades y comenzarían a pagarse de manera gradual.

Los industriales también cuestionaron la viabilidad técnica del nuevo requisito. Gual Cosío ejemplificó que en envases pequeños, como goteros, resulta complicado incorporar todas las leyendas exigidas, especialmente cuando aún no se han definido aspectos como el tamaño de la tipografía institucional.

Otro punto de incertidumbre es la falta de claridad sobre las responsabilidades dentro de la licitación. Aunque IMSS-Bienestar será uno de los principales destinatarios de los medicamentos, no aparece formalmente como participante en el proceso, mientras que Birmex figura como administrador de las compras, sin que exista certeza sobre quién asumirá los pagos.

Ante este panorama, la industria espera que las dudas sean resueltas durante la junta de aclaraciones prevista para este jueves. Sin embargo, los proveedores consideran indispensable abrir mesas técnicas con la Secretaría de Salud, Birmex y Cofepris para evitar que una medida diseñada para combatir la reventa de medicamentos gratuitos termine elevando costos y afectando el abasto en el sistema público de salud.