El gobierno de Morena pretende imponer un plan de ordenación para la recién actualizada Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). El documento, con una visión de 20 años, implica “ordenar” el agua, la vivienda, movilidad, el uso de suelo y crecimiento de la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Hidalgo y Morelos. Pero los vecinos opinan lo contrario: la autoridad capitalina pretende incrementar el costo de los servicios, aseguran.

Mientras los legisladores de Morena en el Congreso local trabajan para que se apruebe el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), impulsado por el Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, conformado en el nivel federal por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Jefatura de Gobierno de la CDMX y los gobiernos del Edomex, Hidalgo y Morelos; organizaciones ciudadanas lo rechazan por sus implicaciones más negativas que positivas.

El 25 de agosto se publicó el proceso de consulta del documento que contiene el Programa de Ordenación, el plazo contempló 60 días en la Gaceta Oficial de la CDMX, y concluye este 22 de noviembre.

Las autoridades que lo promueven describen el plan como un instrumento orientativo, no vinculante, que no modifica por sí mismo los usos de suelo ni las atribuciones de las entidades para establecer impuestos, entre ellos el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, Enrique Irazoque.

La Secretaría de Planeación (Metrópolis) informó que el programa aún se encuentra en construcción; y que las observaciones recibidas durante la consulta serán analizadas y presentadas ante el Consejo de Desarrollo Metropolitano, donde se valorarán posibles ajustes antes de integrar una versión final.

Sin embargo, tanto el documento del plan como el proceso de consulta están generando inconformidad entre los vecinos de diversas alcaldías de la CDMX y de otros municipios del Valle de México.

Ante las protestas, legisladores morenistas en el Congreso local anunciaron que modificarán e incluso retirarán la parte del documento que plantea actualizar los valores catastrales, uno de los más perjudiciales para los ciudadanos.

Los inconformes han advertido que, si se aprueba, no se quedará sólo en el Valle de México: se convertirá en el modelo a replicar en todo el país, según la justificación del propio documento y del Consejo de Desarrollo; por ello exigieron reposición del plan, pues en el caso de la CDMX y su zona metropolitana, se convertiría en una de las más caras del país.

Es además un documento pagado con recursos públicos, elaborado por una empresa privada, que no debe decidir el destino de sus colonias, sus casas y su patrimonio sin escucharlos, coincidieron diversas voces vecinales.

Oposición generalizada al Plan 

Una vez que se hizo público, el POZMVM generó rechazo generalizado. La directora y fundadora de la organización Suma Urbana, Josefina Mac Gregor, alertó que el documento presenta contradicciones. La Sedatu afirma que es vinculante, pero dos áreas aseguran que no lo es, aun cuando el propio documento advierte ser “vinculante y obligatorio”.

Por ello, Mac Gregor insistió: “ustedes (autoridades) elaboraron con una consultora su visión a 20 años de la zona metropolitana, que tuvo un costo de 30 millones de pesos (mdp) y sea ésta la que decida el destino del país. Una consultoría de 30 millones decide el futuro del país en términos de coordinación metropolitana”.

En la Calzada de Tlalpan, Xochimilco, Benito Juárez, en Tláhuac y frente a la sede de la Sedatu, la historia se repite: vecinos que llegan a un foro para hablar de su casa, de su predial y de su colonia salen denunciando que no los dejaron hablar.

“Sólo permiten que hablen los acarreados; a los militantes de Morena y a quienes han prometido una vivienda para que acudan a los foros y firmen la aprobación del documento sin haberlo leído ni explicado”, denunció Sara Alva, vecina de Tlacopac, quien también denunció que, para poder ingresar a los foros, han realizado protestas y bloqueo de calles.

Josefina Mac Gregor dijo a buzos que los foros son deficientes y los asistentes implicados directamente por el plan realizan preguntas, pero no reciben explicaciones sobre el documento, “únicamente permiten preguntar a los que están de acuerdo con el proyecto y los dejan firmar; mientras a los que nos oponemos, ni siquiera nos permiten hablar”.

El POZMVM es presentado por las autoridades como un instrumento de planeación para ordenar el crecimiento de una de las metrópolis más grandes del mundo. Para miles de vecinos que acudieron a su consulta pública, se ha convertido en motivo de alerta patrimonial.

La consulta inició el 24 de septiembre y concluye este 22 de noviembre. En ese lapso se contemplaron más de 70 encuentros en la CDMX, el Edomex, Hidalgo y Morelos, las cuatro entidades que integran la ZMVM.

Lo que empezó como un proceso técnico, hoy se convirtió en un conflicto social y político que enfrenta la versión de las autoridades, quienes aseguran que no habrá aumento al predial ni afectación a la propiedad privada; y varios vecinos sostienen que el documento, tal como está redactado, sí implicaría nuevas cargas fiscales y mecanismos que arriesgan sus viviendas.

“Éste es un documento muy riesgoso y los más afectados como siempre serán los que menos tienen. En los foros nos muestran unas imágenes que no tienen nada que ver con el documento. Lo hemos dicho a las autoridades y no nos dejan hablar ni escuchan”, reclamó Sara Alva. Además, denunció que la gente que acude es engañada, pues le prometen que con su participación obtendrán más programas sociales y apoyos.

“Eso es una gran mentira: nada tienen que ver los programas sociales con un documento de ordenación. Ahí observamos que la gente es engañada y le hacen muchas promesas, principalmente de vivienda; también acuden los trabajadores del Gobierno de la CDMX; a los que ya conocemos el documento y pedimos la palabra, nunca nos dejan participar o hablar”, argumentó la vecina de Tlacopac.

Por eso están preocupados, desconcertados y en alerta; y ya analizan diversas acciones para frenarlo: una megamarcha el 22 de noviembre, cierres de calles, bloqueos y en el Congreso de la CDMX, exigen su revisión y replanteamiento.

Al cierre de la edición, legisladores de oposición explicaron a buzos que el plan se aprobaría por decreto; por lo que, si se avala por esta vía, recurrirían a los amparos.

Foros rebasados

El seis de octubre, durante un foro en la colonia Portales, alcaldía Benito Juárez, vecinos e integrantes de Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) denunciaron que fueron convocados a un espacio de diálogo donde no pudieron plantear efectivamente sus objeciones sobre predios baldíos, cobro del predial y aprovechamiento del suelo. La inconformidad terminó en un bloqueo de más de tres horas en Calzada de Tlalpan, “sólo así pudimos entrar y participar”, denunciaron los vecinos.

En ese encuentro, los asistentes cuestionaron la forma en que se organizaron las mesas de trabajo. Denunciaron que su integración fue realizada mediante votaciones a mano alzada y exigieron la publicación de la lista de asistentes y de la relatoría completa del encuentro.

Dos días después, el ocho de octubre, el escenario se repitió en Xochimilco. En el Salón Quetzalcóatl, los inconformes rechazaron la organización de mesas de trabajo al grito de “no queremos mesa” y exigieron un diálogo abierto con las autoridades. Algunos exhibieron pancartas con la consigna “No queremos más consultas a modo”.

Por ello, en redes sociales, desde la cuenta @VaPorTodosMx, los ciudadanos acusaron a los organizadores de haberles negado el micrófono y de llenar las mesas con personas movilizadas para participar en el encuentro. “¿Pa’ qué nos invitan al ‘diálogo’ del #POZMVM si no nos quieren escuchar? No dan micrófono, no dejan hablar; llenan las mesas con acarreados y luego presumen la participación. Eso no es consulta: es una simulación”, lamentaron.

El 16 de octubre, en Tláhuac, vecinos denunciaron que se les impidió ingresar al foro de consulta realizado en la Sala de Artes Centenario de la Revolución, pese a que llegaron antes de la hora anunciada. En videos difundidos, reclamaron que se les negara el acceso argumentando “restricciones” de Protección Civil; los inconformes cuestionaron los criterios para permitir la entrada de otros asistentes y exigieron altavoces para seguir las exposiciones desde el exterior.

El 23 de octubre, la protesta llegó a la sede de la Sedatu, en Nuevo León 210, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc. Vecinos realizaron una clausura ciudadana y colocaron una manta con la consigna: “El POZMVM es una simulación. Cancelación y reposición”. Lorena Zamora, vecina de Coyoacán, estimó que las autoridades ofrecieron modificar la redacción relacionada con el incremento al predial, pero el documento conservaba el mismo contenido. José Luis Matabuena sostuvo que la demanda central consiste en cancelar el programa y reponer la consulta pública.

Para los líderes vecinales, el problema no es únicamente el contenido, sino la forma. Mario Rodríguez, presidente de la Fundación Colonia Roma CDMX A.C. y otros representantes de colonias coinciden en que el programa reúne varios de los problemas contra los que han peleado durante las últimas dos décadas en el contexto metropolitano: gentrificación, desplazamiento, densificación sin servicios y pérdida de arraigo.

Un plan de ordenamiento a modo

El Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México es encabezado federalmente por la Sedatu, el Gobierno de la CDMX y los gobiernos del Edomex, Hidalgo y Morelos.

A decir del Consejo, el Programa es un instrumento de planeación que busca establecer una hoja de ruta metropolitana rumbo a 2050, para temas como agua, movilidad, medio ambiente, vivienda, gestión de riesgos y ordenamiento territorial.

Abarca las 16 alcaldías de la CDMX, 59 municipios del Edomex, ocho municipios de Hidalgo y uno de Morelos. Sustituiría un marco normativo vigente desde 1998.

Las autoridades que lo promueven lo describen como un instrumento orientativo, no vinculante y no modifica por sí mismo los usos de suelo ni las atribuciones de las entidades para establecer impuestos. El secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la CDMX, Enrique Irazoque Palazuelos, destacó que, como se apruebe, el programa no puede estar en contra de los derechos de las personas, y que no produce efectos inmediatos sobre el predial.

Pero Josefina Mac Gregor, de la organización Suma Urbana, criticó que las mismas autoridades de la Sedatu y las otras dependencias no se pongan de acuerdo en los foros. Las instituciones aseguran que el plan no es vinculante; pero el propio proyecto lo afirma.

Sin embargo, los vecinos señalan que un documento de planeación, aunque se presente como orientativo, sí marca la ruta de las políticas futuras. Por eso, insisten en que la redacción importa.

El núcleo de la controversia está en las páginas 169 a 174 del documento sometido a consulta, en el apartado de instrumentos económicos y financieros.

Ahí, el proyecto propone impulsar la recaudación del predial y plantea, en una etapa posterior, actualizar los registros catastrales para acercar los valores registrados de las propiedades a los del mercado inmobiliario, mediante métodos de evaluación masiva.

Para los vecinos, esa frase es la clave del llamado “predialazo”. Su argumento es sencillo: si sube el valor catastral que sirve de base para calcular el predial, sube lo que pagan, aunque no cambie la tasa.

De acuerdo con testimonios recogidos por buzos, los vecinos más afectados serían tres grupos: adultos mayores que viven en casas heredadas o compradas hace décadas y que hoy no podrían pagar un predial calculado a valor comercial; familias que habitan en colonias céntricas que enfrentan procesos de gentrificación; y pequeños propietarios de predios baldíos o con construcciones viejas, que temen un gravamen o presión para forzarlos a vender.

Aunque la Jefa de Gobierno de la CDMX Clara Brugada ha difundido que en la capital “no se aumentará el impuesto predial”, el análisis de organizaciones ciudadanas sobre el documento argumenta lo contrario.

En tanto, la Sedatu, por su parte, aclaró que el POZMVM no tiene facultades para crear impuestos ni para modificar valores catastrales, porque se trata de un instrumento de planeación. El hecho de que se puntualice como “vinculante”, significa que es de “carácter obligatorio y de cumplimiento exigible por la ley”.

El diputado Alberto Vanegas, titular de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en el Congreso local se sumó al discurso de la Jefa de Gobierno: “no habrá ‘predialazo’; todas las familias deben estar tranquilas de que este proyecto no tiene efectos inmediatos sobre impuestos ni usos de suelo”.

Sin embargo, el contenido técnico del documento ha alimentado la desconfianza. Para los vecinos, no basta con que las autoridades publiquen que no habrá incrementos si el documento en consulta asegura lo contrario.

El ensayo 

El cinco de noviembre de 2026, el subsecretario de Ordenamiento Territorial Urbano y Vivienda de la Sedatu, José Alfonso Iracheta Carroll, se reunió con la Junta de Coordinación Política del Congreso de la CDMX, compuesta por diputados de todos los partidos e informó que, de acuerdo con la Ley de Asentamientos Humanos, corresponde a la Federación, y en este caso a la Sedatu, coordinar los trabajos de planeación en materia metropolitana.

Ahí confesó que el Gobierno Federal trabaja a través de la Sedatu con sus pares de las cuatro entidades que conforman el Valle de México, ya que es la “zona metropolitana más importante del país y, por muchas razones, es el gran ejemplo; porque lo que se define en el Valle de México es lo que se retomará en el resto del país en el futuro cercano, mediano y a largo plazo”. Reiteró que la CDMX y el Valle de México siempre han fungido como referentes para la política urbana del país por la multiplicidad de territorios, municipios y alcaldías.