En la entidad se vislumbra una crisis económica silenciosa en la que, mientras las cifras de empleo muestran estabilidad y una ligera recuperación, los salarios, prestaciones y las horas laborales se desploman; una crisis provocada por la estrategia empresarial que con frecuencia recurre a “paros técnicos” y “retenciones defensivas” que empobrecen más a los trabajadores.

Esta crisis ha sido generada por una estrategia de “resistencia” de los empresarios locales para enfrentar la desaceleración inducida por la política comercial de Estados Unidos (EE. UU.), la incertidumbre global y para aprovechar las facilidades brindadas por los programas del Gobierno Federal para importar materias primas con exención de impuestos.

Este programa pertenece al plan de la Federación para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) que, además de otorgar a las empresas certificación y beneficios fiscales fundamentales para la exportación o afrontar los altos costos de recontratación futura, les permite retener salarios mediante la reducción de las jornadas laborales.

El resultado es un mercado laboral distorsionado: aunque se preservan las plazas (o se crean muy pocas nuevas), se reduce la jornada para los trabajadores y, por ende, su ingreso real. Esta situación afecta directamente a miles de familias duranguenses que ven cómo su poder adquisitivo se desvanece con el aumento de la canasta básica y los servicios.

La realidad local 

Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, Durango fue uno de los estados con mayor desempleo nacional por la caída del 15.1 por ciento en el empleo manufacturero, lo que significó la pérdida de siete mil 141 plazas laborales, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta situación se reflejó en los empleos de la industria correspondiente al Programa Immex, que expresaron una caída del empleo en 2.3 por ciento del personal ocupado. Jorge Alarcón, dirigente sindical de la región de la Laguna, reveló:

“Nos dijeron que era un pequeño ajuste, pero de la noche a la mañana, siete mil compañeros se quedaron en la calle. Los que nos quedamos, vivimos con el miedo constante de que nos den las gracias o nos recorten el sueldo de un día para otro”.

Sin embargo, al inicio de 2026 hubo una recuperación mínima. En febrero de este año, el sector registró un ligero incremento de 0.2 por ciento en la contratación; se crearon 95 nuevas plazas y alcanzaron los 40 mil 454 empleados. No obstante, esta recuperación fue un espejismo que escondía una realidad mucho más sombría para los trabajadores.

La percepción ciudadana refleja esta dura realidad. En Durango capital, habitantes que perdieron su empleo por el cierre de maquiladoras expresaron desesperación.

Laura, exempleada de una de las empresas de renombre en la entidad y madre soltera, explicó a buzos: “Estamos batallando mucho pa’ encontrar trabajo. Ya estoy desesperada, desde septiembre me desocuparon y he andado metiendo solicitudes y nada. En la maquila donde trabajaba, percibía un sueldo que no era muy bueno, pero al menos tenía un ingreso. Ya anduve de un lado a otro dejando solicitudes. Apenas la semana pasada dejé otras cuatro y nada. Ojalá y de aquí sí me hablen; si no, imagínese cómo le voy a hacer. Ahorita aquí, en San Pedro, está muy difícil porque están cerrando las maquilas; de por sí que casi ni hay y las pocas que están, se están yendo. Somos muchos los que nos estamos quedando sin trabajo”.

Menos paga por el mismo trabajo

La crisis de desempleo en los últimos meses se refleja en el Banco de Información Económica y en los recibos de nómina de los empleados. Mientras el empleo se estabilizaba en papel, las remuneraciones totales pagadas al personal sufrieron una caída del uno por ciento entre enero y febrero del presente, porque pasaron de 803.5 millones de pesos (mdp) a 795.8 millones.

Más grave aún, el rubro específico de sueldos y salarios disminuyó 0.8 por ciento, cuando pasó de 582.5 a 578 mdp. Esto significa que, aunque hay más personas empleadas, reciben menos dinero, lo que evidencia una reducción en el ingreso por trabajador.

En el aspecto nacional, las remuneraciones medias reales en el Programa Immex crecieron 1.7 por ciento anual en enero de 2026, y se ubicaron en 21 mil 899 pesos mensuales. Sin embargo, en Durango, la historia es diferente. Datos de la Secretaría de Economía revelan que, en el primer trimestre de 2025, los ensambladores duranguenses ganaban en promedio nueve mil 750 pesos mensuales, cifra muy por debajo de la media nacional de 10 mil 900 pesos para perfiles similares.

Pedro, operador de producción en una maquiladora de Durango ‒le cambiamos el nombre por seguridad‒ reveló: “hace dos años sacaba casi 12 mil pesos. Ahora, con el mismo horario y más presión, apenas llego a los nueve mil. Los precios de la carne, la tortilla y la luz no están subiendo, pero mi quincena sí se estancó. Ya no alcanza para nada”.

En la capital duranguense, Juan Carlos busca empleo, e informó a este semanario que “aquí, en la capital, pagan muy poco. En Gómez Palacio ganaba más, pero gastaba más porque hay que pagar renta; y la vida allá es más cara”. Su testimonio refleja la paradoja que enfrentan los migrantes: los salarios son más altos en otros lugares, pero el costo de vida también lo es, mientras que en Durango los salarios bajos no se compensan con un menor costo de vida.

Este fenómeno se explica parcialmente por la reducción de la carga de trabajo. El reporte del Immex para Durango, dado a conocer en febrero de 2026, detalla una “reducción significativa en la carga de trabajo”, con una caída de 4.7 por ciento en las horas laboradas, al descender de siete mil 630 horas en enero a siete mil 278 horas en febrero.

Esto coincide con denuncias ciudadanas publicadas en medios locales como Contexto de Durango, en el que trabajadores denunciaron estar recibiendo únicamente 40 por ciento de sueldo debido a paros técnicos no oficiales, a raíz de la desaceleración en las líneas de producción internacionales.

Aunque evitó confirmar paros técnicos generalizados, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez, admitió la dificultad: “sabemos que en el estado hay 52 empresas dedicadas a este ramo que podrían verse afectadas por el tema arancelario... de mantenerse la situación, lo primero que sucederá es la disminución de pedidos”.

Inconformidad al alza

La paciencia de los trabajadores tiene un límite. El ocho de mayo de 2026, un video filtrado a las redes sociales mostró el inicio de un paro de labores al interior de una planta maquiladora de la empresa Yazaki, en Durango.

Las imágenes, captadas durante el horario de descanso en el área de la cafetería, muestran a un grupo de empleados expresando abiertamente su molestia ante lo que consideran el pago insuficiente del reparto de utilidades (PTU). Los manifestantes comenzaron a gritar al unísono la palabra “huelga”, que movilizaba a otros compañeros a unirse en protesta y detener las líneas de producción.

Los trabajadores denunciaron que las ganancias reportadas por la compañía no se reflejan en las prestaciones entregadas en mayo de 2026, por lo que decidieron ejercer acciones directas para exigir la revisión de las carátulas fiscales.

Un testigo de la manifestación, que pidió mantenerse en el anonimato, aclaró a este medio: “Estamos hartos. La empresa afirma que no hay ventas, pero los números que reportan a Hacienda (SHCP) muestran utilidades millonarias. ¿Dónde está nuestro dinero? Exigimos que nos paguen lo justo”.

Hasta el cierre de este reportaje no se había informado de algún acercamiento entre los representantes de los trabajadores y la parte patronal. Se espera que las autoridades laborales del estado intervengan para mediar en el conflicto.

Outsourcing encubierto

A pesar de la reforma laboral de 2021, que limitó la subcontratación para reducir la simulación laboral y la implementación de un nuevo protocolo nacional de inspección para detectar outsourcing prohibidos, el reporte estima que seis mil 638 trabajadores ‒el 6.5 por ciento de la fuerza laboral‒ siguen bajo esquemas de subcontratación. El porcentaje se mantiene estable, lo que sugiere que las empresas encontraron resquicios legales o que la fiscalización aún es insuficiente.

Los puestos que más se difunden corresponden a logística, seguridad, servicios generales y varios de técnica especializada. Tal estrategia permite a las matrices desligarse de obligaciones patronales plenas: reparto de utilidades, antigüedad, prima vacacional completa y fondo de ahorro. En una nave industrial, un trabajador subcontratado realiza la misma labor que uno de base, pero gana menos y tiene menos prestaciones.

La permanencia de esta cifra indica que, pese a que la reforma limitó las prácticas más abusivas, la externalización de servicios complementarios permanece como una herramienta para reducir costos laborales a costa de la calidad del empleo.

Mientras los trabajadores ven reducir sus ingresos, el sector empresarial duranguense ha manifestado su postura frente a las reformas laborales que buscan mejorar las condiciones de trabajo. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango reconoció que los negocios del estado coinciden en la necesidad de avanzar hacia esquemas laborales más justos; pero subrayó que la reducción de la jornada semanal a 40 horas, una de las reformas más importantes en discusión, requiere reglas claras, planeación y un marco jurídico sólido.

Más reveladora es la propuesta de que el Estado participe en el costo de las horas extra, mediante un esquema de subsidio compartido. Esta petición implica que los empresarios reconocen que no pueden absorber el costo de una jornada laboral reducida sin afectar la nómina, y solicitan que los impuestos de todos los mexicanos financien el descanso de los trabajadores.

Esta postura revela una contradicción de fondo: mientras las empresas reportan utilidades que los trabajadores consideran suficientes para exigir un mejor reparto, los mismos empresarios argumentan que no pueden pagar una jornada de 40 horas sin subsidios estatales. La pregunta es inevitable: ¿son reales las utilidades o no?

Precarización laboral 

En Durango persiste una realidad que preocupa cada vez más a los trabajadores. Por un lado, como entidad, enfrenta un “estancamiento defensivo” pero, por otro, las empresas manufactureras están “reteniendo” personal para no perder la certificación Immex o evitar costos de recontratación futura, pero ajustándose el cinturón a costa de los derechos adquiridos por los trabajadores.

Entre 2025 y 2026, la economía nacional creció poco y la pérdida de empleos se estabilizó; pero ese equilibrio se logró reduciendo el valor del trabajo. Un obrero ensamblador no gana lo mismo en Ciudad Juárez que en Durango, aunque hagan la misma pieza para la misma marca. Esa irregularidad salarial es la clave de la paradoja.

Esta diferencia salarial se debe a factores históricos: Durango no es un estado fronterizo, carece de la presión migratoria que obliga a las maquiladoras del norte a subir salarios para retener talento. Además, la alta disponibilidad de mano de obra, agravada por los cierres de maquilas en Durango capital, permite a las empresas ofrecer menor salario sin temor a quedarse sin personal.

Mientras los trabajadores duranguenses pierden poder adquisitivo, el Gobierno Federal ha implementado una ambiciosa agenda de reformas laborales que incluye la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales; aumentos anuales de dos dígitos al salario mínimo (buscando recuperar el poder de compra); la plena aplicación de la “Ley Silla”, que obliga a los empleadores a proporcionar asientos a los trabajadores que permanecen de pie por periodos prolongados; y un programa de inspección federal más agresivo, utilizando análisis de datos para detectar incumplimientos.

Sin embargo, estas reformas chocan con una realidad adversa; por ejemplo, los trabajadores de Yazaki tuvieron que protestar para exigir el reparto de utilidades, que por ley les corresponde. La reducción de la jornada, lejos de mostrarse como conquista, se ha convertido en un arma de doble filo: las empresas recortan horas ‒y por ende salarios‒ antes de que la ley las obligue a hacerlo.

María Elena, abogada laboral en Durango, comentó que “las reformas son buenas en el papel, pero necesitan una inspección real. Aquí las empresas están usando la desaceleración como excusa para reducir jornadas sin acuerdos con los trabajadores; y eso es ilegal. Pero los empleados no denuncian por miedo al despido”.

Frente a esta realidad, los trabajadores se preguntan ¿hasta cuándo puede durar “esta ficción” de asegurar que existen empleos, pero con una percepción salarial más baja y más horas trabajadas? La respuesta se desvanece, pues ni las autoridades empresariales responden.

Lo que sí es un hecho es que la estrategia actual resulta insostenible en tres frentes: 1) en el económico, si los trabajadores no ganan lo suficiente, el comercio local se contrae, pues menos consumo significa menos ingresos para pequeños negocios, menos recaudación fiscal y una economía estatal que “se enfría”. 2) En el social, si la paciencia se agota; la protesta de Yazaki y los testimonios desesperados de quienes buscan empleo representan señales de alerta y la tensión acumulada puede traducirse en paros, huelgas y conflicto. Y 3) en el frente legal, las reformas laborales y el endurecimiento de las inspecciones federales aumentan el riesgo de extinción de las empresas informales o que operan al margen de la ley.

Mientras el Gobierno Federal no respalde inspecciones laborales más severas en Durango, y no sólo en la frontera norte, y las políticas comerciales con el gobierno de EE. UU. permanezcan erráticas, la entidad quedará atrapada en esta trampa: trabajadores con empleo, pero sin poder adquisitivo; empresas con certificación Immex, pero con fuerza laboral descontenta y empobrecida.

El espejismo de la estabilidad laboral en Durango se desvanece cuando se mira el recibo de la nómina. Y en esto consiste la paradoja más cruel de todas.