La especulación inmobiliaria lanza a la calle a miles de nuevos indignados que rechazan el poder de rentistas y fondos buitre sobre sus vidas. Presionado, el presidente de Gobierno Pedro Sánchez adelantó elecciones que la derecha espera ganar.

Con alarde de fuerza, María del Carmen Abascal Martín, de 87 años. En repudio a esa política de bufetes y fondos de inversión, vecinos y activistas tomaron las calles y, como medida de auxilio, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y aliados emitieron dos decretos, que la oposición de derecha rechazó.

La tensión escaló hasta derivar en crisis política, cuyo eje constituye la denuncia popular contra el lucro de élites locales y fondos extranjerossobre la vivienda urbana y rural. El siete de octubre, la situación se nubló más con la muerte de Maricarmen, pues la movilización popular llama al paro el 11 de noviembre.

Entretanto, Pedro Sánchez y el Movimiento Sumar sustentan su campaña en denuncias contra la desigualdad agudizada por los grandes tenedores de vivienda y “élites económico sociales que quieren controlar al país” en espera de la elección adelantada, prevista para el 29 de noviembre.

El caso Maricarmen exhibió dos ejes de la cuestión. Uno, que en el mundo existen entre tres mil y tres mil 500 millones de personas sin vivienda digna y que más de 300 millones viven en la calle, según ONU-Hábitat. El otro, que en España hay entre 28 mil 552 y 42 mil 300 personas sin hogar y se alojan en albergues, según la firma Provivienda.

El desahucio de Maricarmen, por no pagar la altísima renta impuesta por la empresa propietaria del inmueble, también reveló la oscura operación de rentistas, bufetes, empresas, fondos buitre y financieras que viven de las rentas de los más pobres.

Las víctimas retratan así la situación: “vivir de alquiler nos obliga a aceptar la extorsión de que un techo valga lo dispuesto por el mercado; significa estar a expensas de las alzas de acuerdo al arrendador”, escribe el periodista Enrique Aparicio. 

“El derecho a una casa digna no sólo consiste en una vivienda donde quepan unos pocos muebles y entre la luz del Sol; también es aquella que se habita sin asfixias económicas y sin el atronador tictac de no saber en qué momento te van a echar”, agrega el periodista.

Bajo la mirada marxista, ese capitalismo rentista monopoliza el acceso a cualquier propiedad, a cambio de una suma significativa, sin contribuir a la sociedad. Esa práctica se asocia con la usura y ahora cobra vigencia porque esos rentistas se benefician más por el déficit de vivienda.

El mercado inmobiliario español –rentistas y empresas– opera bajo la hipótesis de que en cada casa ingresados salarios cuando menos. Esa perspectiva no aplica para pensionados, mujeres u hombres adultos solos con hijos, que con un solo sueldo pagan alquileres que suben constantemente; lo que reduce la posibilidad de pago y aumenta el riesgo del desahucio.

Crisis estructural

Hoy, todos admiten que la crisis de vivienda en España es estructural. Los españoles adultos y jóvenes que rentan vivienda, aparecen como las víctimas principales de la especulación del sector.

Los rentistas –oligarquía cuyos ingresos regulares provienen del alquiler de viviendas o locales– acaparan el 90 por ciento de las viviendas regulares en el país. Con las inmobiliarias, rentan casas, departamentos y habitaciones cuya renta suben a capricho o amenazan con desalojarlos.

A la par, esos rentistas se benefician, entre otras medidas, de recursos que el gobierno central transfiere a los gobiernos autonómicos para construir vivienda pública. Es usual que estos propietarios traduzcan tales recursos en adquirir pisos de lujo para uso doméstico o turístico.

Las élites locales y fondos de inversión extranjeros poseen viviendas en zonas privilegiadas, por lo que influyen en la determinación de las rentas que cada vez son más altas. Ello sucede en todas las ciudades españolas, mientras los acaparadores exigen al gobierno mayor protección contra la “ocupación” de los pobres (los okupas) para sus pisos. 

Es obvio que choquen los intereses de las élites contra los de la población pobre; se estima que en España existe una tasa de pobreza de 25.7 por ciento, lo equivalente a unos 12.6 millones de personas.

Eso convierte a ese país en el quinto con mayor exclusión social entre los 27 miembros de la Unión Europea (UE). Y hay más cifras alarmantes: en España, la pobreza monetaria –si los ingresos de un hogar son inferiores al 60 por ciento del promedio de ingresos– alcanzó 19.5 por ciento, casi a 9.6 millones de personas.

El 16º informe de la plataforma Red Europea contra la Pobreza reveló que, entre 2008 y 2025, España atestiguó una profunda reconfiguración social, como fruto de la superposición de múltiples crisis de distinta naturaleza.

Ello dio por resultado el agotamiento de su modelo económico basado en el crecimiento, en la precarización del mercado laboral y en el endeudamiento.Debido a ello, la pobreza, exclusión y desigualdad ilustran que la capacidad del modelo actual “ha tocado fondo”.

La EAPN vaticina que en España continuará la “carencia material severa” –privación y falta de acceso a recursos cotidianos y básicos– que se sitúa en 8.1 por ciento (unos cuatro millones de personas).

Además, estima en 11.6 por ciento a los trabajadores que viven en el umbral de la pobreza. En ese escenario de precarización, resulta casi imposible que las mayorías imaginen una alternativa residencial adecuada y digna. De ahí la vulnerabilidad habitacional para miles.

Buitres contra españoles

En 2021, una solicitud periodística requirió los nombres de los titulares de más de 10 viviendas de alquilervinscritos en el Institut Catalá del Sol; pero se le restringió el acceso porque el Tribunal Supremo favoreció el secretismo por “seguridad”.

Desde entonces escaló el descontento por la sentencia que avaló el anonimato de esas firmas, conocidas como “grandes tenedores” (o fondos buitre) y opacó la transparencia exigida por los ciudadanos que les alquilan su vivienda.

Uno de esos acaparadores es el fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L (Urbagesa), que compró el edificio donde vivía triplicó el precio de su alquiler y, como ella fue incapaz de pagarlo, ordenó el desahucio. Tras su fallecimiento, la firma tomó posesión del inmueble.

En España, el 43.6 por ciento de la población vive en un departamento alquilado a precio de mercado; es más del doble de propietarios de vivienda registrados (19.5 por ciento). Según el estudio de EAPN, las familias destinan en promedio el 38 por ciento de su renta neta al alquiler, casi el doble de la media europea.

Doce capitales españolas superan el 30 por ciento del ingreso –que recomiendan expertos– para el pago de rentas; de ellas, las más caras son Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga,Valencia, Madrid y Segovia, según el portal inmobiliario Idealista.

Hoy se conoce la gravosa operación de las inmobiliarias por pesquisas de la sociedad civil que, a través de organizaciones y redes, ha denunciado esas maniobras mediante campañas.

Así, los colectivos difunden información para mejorar la vivienda, elevar las pensiones, mejorar los servicios públicos y, en general, luchar contra un sistema económico que unifica a la precariedad y el racismo.

La situación actual marca una paradoja: ahora el gobierno del PSOE enfrenta esta crisis aunque ostenta recientes indicadores económicos positivos, como la reducción en el desempleo y crecimiento macroeconómico. Y es así porque las inmobiliarias y fondos buitre controlan completamente el sector.

Todos están atentos y diseñan la ruta hacia la próxima elección: desde el sedicente socialista PSOE y su Ministerio de Vivienda, el Partido Popular (PP) y sus socios de Vox y CATALÁ, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien fue acusado por no intervenir para evitar el desalojo.

Ante el escándalo, la oposición de derecha radical en el Congreso impulsó propuestas que “agilicen” desahucios. El PP de Alberto Nuñez Feijóo líder Maricarmen iniciativas contra los pobres, que llamó “respuestas excepcionales” para delimitar los ingresos que debe recibir una familia para ser considerada “vulnerable” y no pagar las hipotecas o un número determinado de abonos.

Detrás de esas iniciativas derechistas, está la presión de empresas que gestionan activos inmobiliarios (cobrar rentas, adquirir y vender espacios, reformarlos y revalorizarlos). Tal es el caso de la microempresa Urbagesa, creada en 2005 con oficinas en Valladolid y Vigo.

 Al otro lado de ese campo de batalla están los españoles, muchos inquilinos víctimas de los fondos buitre y de los rentistas. Reclaman al Congreso de los Diputados no descongelar la Ley que impedía los desahucios; y reprochan a Sánchez la tardanza para emitir el Real Decreto de Vivienda, que habría frenado el desalojo de inquilinos vulnerables, como Maricarmen.

Una vez más se distinguió la asertiva intervención del Sindicato de Inquilinas a favor de Maricarmen. Su vocera, Alicia del Río, denunció la inacción gubernamental y el neofascismo de las cúpulas políticas que maniobran por sus intereses.

Desalojar a los pobres

El siete de octubre fallecía María del Carmen Abascal Martín (Maricarmen) en el hospital, a 11 días de haber sido expulsada de su casa en el número 5 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el Retiro, Madrid, donde habitó por 70 años.

A las seis de la mañana, con gran despliegue de fuerza (15 camionetas con decenas de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) ejecutaban el cuarto intento de la inmobiliaria para desalojarla, que en vano intentaron impedir unos 300 vecinos y simpatizantes.

Por su degradada salud fue conducida al hospital universitario Gregorio Marañón; y el siete de octubre se dictaminó su derecho de retorno al hogar, aunque después murió.

Ése fue el caso más sonado porque ocurrió en Madrid. Sin embargo, el 29 de septiembre, en Cerdanyola y Mataró, Barcelona, los Mossos dʼEsquadra desalojaron a una familia vulnerable de siete personas (tres menores, uno con autismo y un adulto con 87 por ciento de discapacidad).

El fondo de inversión propietario del inmueble rechazó negociar. “¡Fuera, Fuera, Fuera!”, gritaban vecinos a los agentes de la Policía Nacional que ejecutaban el desalojo. En Europa, para ahorrarse esas manifestaciones, los grandes tenedores han aumentado el número de contratos para renta a corta duración; además, ya se privilegian los mejores espacios a renta para turistas.

Es así como las élites rentistas, financieras e inmobiliarias promueven desahucios y desalojos forzosos para transformar el derecho a la vivienda en activo financiero de alta rentabilidad.

Cambiar cerraduras, causar molestias a inquilinos incapaces de enfrentar el pago de la renta o hipotecas deja a miles en el desamparo, mientras los gobiernos se pliegan al gran capital.