El Gobierno de México ha manejado la versión de que la pobreza se está reduciendo; pero el exiguo incremento del ingreso familiar resulta insuficiente para los gastos básicos, porque la mayoría de los mexicanos carece de empleo y sufre la falta de atención gubernamental y oportunidades para mejorar sus salarios.

Los servicios de salud, educación y transporte son muy limitados y el aumento permanente en el precio de los productos de la canasta básica contradice las cifras de las instituciones del Estado que interpretan como descendente la pobreza en México. Ésta tiene varios rostros, pero un solo origen: el modelo económico neoliberal que impera desde la década de los 70 a la fecha y que solamente en el discurso y por decreto fue “eliminado” por la “Cuarta Transformación” (4T).

Hannia Yohali, una joven nacida en uno de los barrios de escasos recursos de la Ciudad de México y luchadora social de 26 años, expone dos de los problemas nacionales de mayor dimensión en la capital y el país entero: la falta de empleos y viviendas.

Ella, que organiza a jóvenes para exigir un cambio que les permita una mejor vida, revela a buzos: “para mí y las juventudes que vivimos en la periferia, nuestras primeras experiencias laborales son en la taquería o en la plaza comercial más cercanas a nuestros domicilios, donde no hay contratos; no hay salario mínimo ni protección social”.

El 30 de abril, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) publicó el informe Evolución de la Pobreza en México 1950-2024, que reporta una disminución de 54.6 por ciento de la pobreza en un lapso de 74 años, ya que pasó del 90 por ciento de la población en 1950 al 35.4 en 2024.

Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del CEEY, advirtió altibajos en la medición de la pobreza durante esos 74 años y destacó que la mayor reducción de pobres se concretó en el periodo 1956-1980, debido a que la economía nacional creció a una tasa anual promedio del 3.6 por ciento. “Pero hace mucho que México no tiene un crecimiento así”, apuntó durante la presentación del informe.

Este reporte, sin duda elaborado para cuestionar las disminuciones de la pobreza en años recientes, ayuda a precisar que las estadísticas gubernamentales sobre la materia cuantifican únicamente los incrementos en los ingresos de las personas provenientes de los aumentos anuales al salario mínimo y la entrega de las pensiones monetarias de los programas sociales.

Estos ingresos, por supuesto, no son suficientes para impulsar la movilidad social de las personas. Raymundo Campos Vázquez, investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, explicó que, al analizar esos datos, observó que siete de cada 10 personas carecían de la posibilidad de pasar a otro nivel socioeconómico, lo que evidenció su baja movilidad social, a pesar de que aparentemente han superado su marginación.

Esto bloquea el “ascensor de la movilidad social”, es decir, que se encuentran anulados los factores que permiten a los individuos pasar desde un nivel socioeconómico a otro mejor, entre ellos el de acceder a una mayor formación educativa y un trabajo con ingresos más altos.

De esta forma, la pobreza se traduce en “destino”, se hereda a las siguientes generaciones y se perpetúa en las familias; de la misma forma sucede con las que acumulan la riqueza y la heredan a sus hijos y nietos para que no “escurra” al resto de la población, como se difunde actualmente.

Más que una mejor distribución de la riqueza nacional, se están produciendo más desigualdades sociales, más concentración de la riqueza en determinados grupos sociales y mayor inequidad en la distribución de oportunidades de empleo y satisfactores, entre ellos una vivienda propia.

Cifras de pobreza

A diferencia y en contraste con los estudios del CEEY y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), instancias que proclaman reducida la pobreza en México, otros organismos son más cautos con respecto al discurso triunfalista del gobierno de Morena.

Entre ellos destaca el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa CDMX), organismo independiente del gobierno morenista de la capital, que utiliza el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) que contempla múltiples indicadores no incluidos en las otras mediciones.

El MMIP define los indicadores con la medición de las siguientes Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): vivienda, salud, seguridad social, educación, bienes durables, telecomunicaciones, servicios sanitarios y adecuación energética.

En noviembre de 2025, Evalúa CDMX publicó el porcentaje de la pobreza multidimensional en México 2024; en él se informa que el 72.2 por ciento de los hogares se encuentra en situación de pobreza, equivalente a 94.1 millones de personas. De este total, el 20.7 por ciento vive en pobreza extrema y el 51.5 en pobreza moderada.

Es decir, entre 2018 y 2024, la pobreza multidimensional apenas disminuyó 6.9 puntos porcentuales; esto implica que alrededor de 3.8 millones de personas ya no son pobres. Y según este mismo método, 11 millones de personas salieron de la pobreza extrema.

Lo anterior contrasta con las cifras oficiales del Inegi, que calculan en 13.4 millones las personas que ya no son pobres desde el periodo de 2018 a 2024; este supuesto “éxito” en el combate a la pobreza ha sido ampliamente difundido por el Gobierno Federal y vendido como resultado de su política social.

Sin embargo, especialistas afirman que el principal obstáculo para la movilidad social y la superación de las condiciones económicas adversas es la falta de acceso pleno a los satisfactores básicos, lo que representa un abierto desacato a los derechos sociales plasmados en la Constitución.

En otras palabras, no se cumple con la impartición de una educación pública de calidad; con el derecho a un trabajo digno; a contar con servicios de atención médica, seguridad social, medicinas gratuitas, estancias infantiles para los hijos de madres trabajadoras y pensión laboral suficiente para un retiro seguro.

Vivienda digna, en buen estado, con piso firme, sin riesgos para sus moradores; servicios básicos de agua potable, drenaje, suministro de electricidad y otros servicios indispensables como recolección de basura y seguridad pública.

También está el derecho a una “alimentación suficiente, nutritiva y de calidad”, por lo que el Estado está obligado a garantizar su accesibilidad; es decir, poner los alimentos básicos en sitios cercanos a la población y a precios bajos o accesibles.

El Comité de Oxford para el Alivio de la Hambruna (Oxfam) México, una organización civil especializada en el estudio de la marginación, insistió, en febrero pasado, en su alerta sobre el incremento en los niveles de desigualdad social en el país, en el que los ricos siguen haciéndose más ricos, mientras el grueso de la población tiene carencias sociales persistentes.

Por esto hizo un nuevo llamado a una reforma fiscal de gran calado para que se cobren impuestos a las grandes fortunas y las herencias millonarias; a las transacciones financieras de alto nivel y a la tenencia de bienes ostentosos, como residencias de lujo, vehículos, yates, helicópteros y aviones particulares.

En su artículo Pobreza en México: lo que dicen los datos y lo que aún no medimos, publicado el 14 de agosto de 2025, Saúl Arellano –investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)– subrayó que las carencias sociales siguen vigentes y que la reducción de la pobreza proclamada en los últimos años únicamente se sustenta en las alzas anuales al salario mínimo y en las entregas monetarias.

“En 2024, 61.7 por ciento de la población aún presenta al menos una carencia social, y persisten rezagos particularmente altos en seguridad social y acceso a servicios de salud. En suma: se empobreció menos por ingreso; pero la garantía de los derechos sociales continúa frágil… vuelve indigno a un modo de vida; no es sólo el monto del ingreso, sino la imposibilidad de realizar un proyecto de vida”.

Marginación hereditaria

Roberto Vélez, director ejecutivo del CEEY, sostiene que México tiene una estructura perpetuadora de la desigualdad porque obstaculiza la movilidad social; de tal forma que el 50 por ciento de las personas nacidas en familias de escasos recursos económicos no consiguen superar las condiciones de pobreza durante su vida.

En su libro El capital en el siglo XXI, publicado en 2013, el economista francés Thomas Piketty, especialista en el análisis de las inequidades económicas, escribió que cuando las fortunas de los más ricos crecen más rápido que la economía de un país –como ocurre en México– se profundiza la desigualdad socioeconómica.

Por su parte, la organización internacional Oxfam estimó, en un informe de febrero de 2026, que en los últimos cinco años aumentó radicalmente el enriquecimiento de 22 multimillonarios mexicanos.

Estas personas amasan fortunas individuales que, en conjunto, suman 219 mil millones de dólares, equivalentes a 3.9 billones de pesos; este monto es comparable al valor de las economías de los estados de Jalisco y Guanajuato juntas, lo que evidencia el grado de desigualdad existente en el país.

“Carlos Slim, el hombre más rico de México y de América Latina y el Caribe (con 110 mil mdd y en aumento), nunca había acumulado una fortuna tan grande. En el mismo periodo, los milmillonarios mexicanos duplicaron su fortuna conjunta en apenas cinco años”, establece Oxfam México en su estudio Oligarquía y Democracia.

Y puntualiza que, entre 1996 y 2025, la riqueza de Slim, dueño del Grupo Carso, incluido Telcel, aumentó más de ocho veces; mientras que la otra veintena de milmillonarios se multiplicó 4.2 veces en promedio. Todo esto cuando “la economía mexicana ni siquiera duplicó su tamaño.

“Esta concentración no es producto del mérito individual, sino de un modelo económico injusto, dependiente del trabajo de millones de personas y de los recursos de todo el territorio nacional, pero que distribuye sus beneficios entre muy pocos. Los milmillonarios se enriquecen a costa del tiempo, la precariedad y la incertidumbre de millones de personas”, resalta Oxfam.

Políticas fallidas

Laura Martínez y Diego Hernández, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, explicaron que cuando se vive en condiciones de pobreza, las carencias básicas impiden avanzar hacia el proyecto de vida trazado por las personas.

En Más allá del ingreso: repensar la pobreza en México, un análisis publicado en octubre de 2025, Martínez y Hernández resaltaron que, además de un ingreso monetario, las personas necesitan el apoyo de una estructura nacional que impulse el desarrollo humano, con “ejercicio pleno de libertades educativas, alimenticias, de acceso a la salud, de habitabilidad, seguridad social e incluso de esparcimiento”.

Este análisis es la respuesta a un reporte publicado por el Inegi en agosto de 2025 en el que informó de una disminución en la “pobreza multidimensional” del 46.8 al 38.5 por ciento entre 2022 y 2024; aunque también señala que, en este periodo, las carencias en el acceso a la atención médica y medicamentos afectaron a más del 50 por ciento de la población.

“Nos llevaría a ir más allá de la propuesta de estrategias de política pública social, cuyo enfoque puede estar meramente dirigido a la entrega de apoyos directos a la población en condiciones de pobreza, lo que nos regresa al asistencialismo, enfocándose solamente en mitigar los síntomas del problema”, apuntan Martínez y Hernández.

Es necesario “ir más allá de reducir el porcentaje de personas en esta situación… combatir las causas estructurales, sociales y económicas que reproducen la pobreza, con acciones que reconozcan el carácter multidimensional y multicausal del fenómeno”, reportaron los investigadores de la UNAM.

Jóvenes, los más vulnerables

Al margen del grado educativo que hayan alcanzado, millones de jóvenes se ven obligados a integrarse al comercio informal, en el que pueden quedar a merced de la explotación laboral de las corporaciones trasnacionales de transporte y reparto de mercancías que operan plataformas por Internet.

En un informe sobre movilidad social en 2025 del CEEY se reconoce que los jóvenes con padres que trabajan en la informalidad, tienen 40 por ciento menos probabilidades de conseguir un empleo formal, y que la informalidad laboral también se hereda.

“Pienso en la informalidad como el resultado de la lejanía de servicios educativos, deportivos, pero también laborales, que solamente se concentran en ciertas zonas. Después, el problema se agudiza cuando buscas empleo en una empresa y no validan tus habilidades adquiridas; porque no era un centro formal y porque no aparecen en las semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, denunció la joven Hannia Yohali.

A decir de Ana Paulina González, encargada de Investigación y Datos en la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, de los 22.7 millones de jóvenes mayores de 15 años en condiciones para trabajar, el 32 por ciento (equivalente a 7.3 millones) está excluido del empleo; son tres de cada 10 jóvenes, cifra que, comparada con la de hace 20 años, no reporta una mejora significativa, porque entonces los excluidos eran 7.7 millones.

En un análisis sobre los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el Inegi, González anotó, el pasado 29 de abril, que el 23 por ciento de los jóvenes trabajadores presenta jornadas laborales superiores a las 48 horas semanales.

Sobre este mismo sector vulnerable, Jaqueline García, coordinadora de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, señaló que “el verdadero reto no radica en incorporar a más personas jóvenes a cualquier empleo, sino en garantizar condiciones para que éstos puedan construir trayectorias de trabajo digno y movilidad social”.