El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 10 de Simojovel, Chiapas, ha transformado a jóvenes de las comunidades indígenas en estudiantes capaces de crear tecnología alimentaria, robótica, ciencia y arte. Pero los logros actuales tienen una historia de lucha encabezada por campesinos, cuyos hijos eran excluidos y humillados en la única preparatoria oficial del municipio. La fundación del plantel fue obra de la lucha.

Una brisa matutina envuelve a un grupo de jóvenes que portan batas blancas, llegan a su primera clase en el laboratorio de Producción Industrial de Alimentos. Jennifer Lorena, estudiante de quinto semestre, se planta frente a la mesa con la seguridad de quien por dos años ha profundizado en la investigación bioquímica. En esta ocasión, ella transformará sus conocimientos en algo que se puede beber: ha trabajado en un néctar vitamínico producido en las aulas del Cecyt 10 y que nombró “Pauch”. Este producto le ha valido el reconocimiento estatal y nacional.

Al caminar por el salón de ciencias, platica de su paso por los concursos nacionales; ella no sólo ha desarrollado proyectos alimenticios, también participó en robótica, programación y mecánica, incluso compitió con jóvenes universitarios. A la fecha, pensar que un hijo de campesinos de Simojovel, un municipio en el centro de la región De los Bosques de Chiapas, tenga acceso al desarrollo tecnológico es muy común.

Hace tres décadas, antes de que los estudiantes pudieran conocer y manejar instrumentos tecnológicos y herramientas industriales en un laboratorio, la edificación de este plantel requirió esfuerzos, desvelos y, sobre todo, lucha comunitaria.

A finales de los años 80, Benito Quezada García llegó a Simojovel con el propósito de ayudar a los campesinos a mejorar sus condiciones de vida, organizándolos a través de la lucha social, gestionando tierras de cultivo, apoyos para la producción, vivienda e introducción de servicios públicos como agua potable, electrificación, pavimentación de calles, entre otros; aunque los enemigos del progreso lo asesinaron cobardemente, la semilla de progreso sembrada por él germinó en la conciencia de barrios y comunidades de Simojovel, que levantaron la bandera de Benito y le dieron continuidad a su lucha. Así es como padres de familia de las primeras generaciones y campesinos de las comunidades, a principios de los años 90, crearon una escuela de nivel medio superior: primero como un bachillerato agropecuario; y para ingresar, los estudiantes debían construir su propia butaca escolar, ya que carecían de mobiliario. Con tablas de cedro labradas de forma artesanal, armaban sillas con paleta que representaban su único patrimonio académico.

Hugo Antonio Urbina Flores, quien fue alumno de la tercera generación fundadora del entonces bachillerato agropecuario, describió que debían cumplir con un requisito de ingreso insólito: fabricar su propio asiento, porque la escuela no tenía lo mínimo para las clases, ni mobiliario escolar.

Antes del amanecer, los estudiantes cargaban, diariamente, a esos pesados muebles sobre la espalda y avanzaban entre el lodo para trasladarse de una galera prestada a otra. Sus aulas temporales no eran más que estructuras en obra negra: “dos o tres ventanas nada más; una parte donde tenía piso, la otra parte donde no tenía, era tierra”, evoca Urbina Flores.

Sin embargo, ahora, a pesar de las condiciones climáticas que afectan la región, de las lluvias que agrietan la tierra, los deslaves que interrumpen los caminos de terracería y los focos parpadean en las aulas debido a las constantes fallas eléctricas, los estudiantes de la sierra chiapaneca calibran niveles de acidez y producen alimentos, conocimientos que con orgullo comparten.

Hijos de campesinos, sin oportunidad de educación

A mediados de los noventa, la demografía de Simojovel expresaba una crueldad matemática. Para una población que, en aquella época, alcanzaba los 30 mil habitantes ‒a lo largo de la cabecera municipal y decenas de rancherías sumidas en la pobreza‒, el municipio poseía una sola preparatoria.

Los muros de ladrillo y los portones de hierro de la preparatoria funcionaban como una aduana de clase. En un entorno donde el cacicazgo dependía de la mano de obra barata y sumisa, educar al hijo del campesino era un error para la élite local. Con una escuela bastaba, el conocimiento era un privilegio reservado para los hijos de los caciques.

La preparatoria oficial funcionaba, en la práctica, como una “escuela para los de la cabecera” y cualquier hijo de campesinos que llegaba con ganas de estudiar, sufría hostigamiento y burlas. La humillación pública era el mecanismo de bienvenida diseñado para que el marginado entendiera su lugar y regresara al surco. Por lo tanto, un bachillerato para “los hijos del pueblo trabajador” era impensable, pero el espíritu de lucha por una vida mejor que había inculcado Benito Quezada los impulsó en la lucha por lograr el acceso a la educación media superior de los jóvenes de escasos recursos económicos provenientes de barrios y comunidades.

     La apertura de un nuevo bachillerato enfrentó una lucha no sólo contra la oposición en el municipio; se orquestó también desde los escritorios en Tuxtla Gutiérrez. Las autoridades estatales y municipales intentaron socavar el proyecto y cancelarlo con el argumento “por falta de presupuesto” y negar rotundamente una clave escolar.

Durante el sexenio del gobernador Patrocinio González Garrido, las autoridades intentaron eliminar el proyecto con el simple pretexto de que no había presupuesto. El reconocimiento oficial no se suplicó en los escritorios; la comunidad obligó al gobierno a ceder, ya que era necesaria una institución.

Frente a este cerco institucional, los impulsores del bachillerato recurrieron a una clave foránea. Así, operaron bajo la figura de una extensión académica y la naciente escuela impartió sus primeras clases amparada por la matrícula del CBTa 110 del municipio de Tecomatlán, Puebla, a más de 700 kilómetros de distancia.

El gobierno de Chiapas les negó el reconocimiento de la escuela en el papel. Para contrarrestar el bloqueo oficial, los jóvenes se esmeraron y, con apoyo de la comunidad, mantuvieron sus primeros años de educación. Sin embargo, ante la cerrazón de las autoridades educativas del estado, los estudiantes recurrieron a la protesta pública. “Íbamos a marchas, plantones, a diferentes instituciones para gestionar”, narró Berti Urbina, exalumna de la primera generación.

Para la élite local de esa época, resultaba imperdonable enseñar a leer a los habitantes; sus acciones alcanzaban las agresiones y la violencia contra quienes rompían sus reglas.

Benito Quezada fue asesinado, pero su partida impulsó la lucha y organización comunitaria para continuar con los trabajos de gestión en favor de los habitantes de Simojovel. Entre estas demandas se encontraba la construcción de la nueva escuela. De acuerdo con el testimonio de los sobrevivientes, el dirigente fue emboscado por grupos de choque opuestos a su proyecto social justo cuando concluía una reunión organizativa. Francisco Sánchez Gómez, compañero de lucha, rememora con impotencia la manera en que la asamblea se realizó y los agresores aprovecharon la vulnerabilidad del momento para interceptar al líder cuando se quedó aislado.

El crimen fue un deliberado acto de intimidación y terror. Carlos López Martínez relata la atrocidad y saña del ataque. Berti Urbina, quien atestiguó aquellos hechos durante su adolescencia, evoca el ambiente de incertidumbre y represión generalizada: la persecución alcanzaba a cualquiera que se vinculara con algún organizador social.

A la barbarie del ataque se sumó la abierta impunidad institucional. Tras el homicidio, los perpetradores transitaban con cinismo por la zona, ostentaban el respaldo y la protección de las autoridades estatales. Los grupos de poder asumieron que la eliminación física del dirigente sofocaría la lucha por una vida mejor; sin embargo, la indignación fortaleció la determinación comunitaria y convirtió la memoria del líder en el cimiento definitivo del plantel.

La gestión comunitaria 

Aquel homicidio pretendía acallar la indignación, pero desencadenó un proceso de autogestión sin precedentes. Ante la indiferencia gubernamental, la población local asumió el papel del Estado: aportaron fondos, levantaron muros y gestionaron la institución. Las familias sostuvieron el proyecto mediante colectas económicas, kermeses y rifas para saldar la renta de espacios improvisados, mientras el cuerpo docente trabajó durante tres años sin percibir ningún salario.

La juventud de Simojovel consiguió los recursos de su bachillerato en las calles. “Íbamos a marchas, a plantones, a diferentes instituciones a gestionar”, recordó Berti Urbina.

Sin aulas, resolvieron la falta de mobiliario por sí mismos: “optamos por hacer nuestra silla, le pusimos una paletita con los demás compañeros para apoyarnos en nuestros cuadernos; porque no teníamos nada”, agregó Berti Urbina que, en aquel momento, pertenecía a la primera generación.

La aportación comunitaria se reunía por el boteo (jornadas de colecta) o mediante un “grupo de danza” folklórica para obtener la solidaridad ciudadana. En esa época, el CBTa funcionaba en lo que fuera la bodega de Impecsa.

Tres décadas más tarde, la transformación de la escuela resultó del trabajo colectivo de varias generaciones de vecinos, maestros y de los propios estudiantes.

Mientras la generación fundadora caminaba bajo el lodo sorteando grupos violentos, Maite Estefanía Espinosa Urbina, estudiante de Producción Industrial de Alimentos, se traslada a la escuela en carro o en taxi y está enfocada en exaltar a su institución; su mayor exigencia se mide en certámenes cívicos, “concursar” en la escolta escolar e instruir a sus compañeros a “elaborar productos diversos”. Ella estima que el plantel busca formar jóvenes respetuosos, guiados por valores y con un profundo amor a los lábaros patrios.

Itzel Jocelín Urbina Sánchez, alumna de Electricidad, reveló que desde la secundaria se sintió atraída por una disciplina inalcanzable en el pasado: la robótica. Al presenciar el trabajo docente, se convenció y actualmente su meta se centra en aprender a programar, estructurar prototipos y sostener la disciplina y motivación requerida de cara a los concursos de robótica.

Detrás de este “salto tecnológico”, hay mentes que regresaron para saldar una deuda histórica. Jonathan González Molina, ingeniero bioquímico y docente del plantel, es producto del mismo modelo de supervivencia rural, pues él mismo es exalumno del plantel 09 de El Parral, donde se formó como técnico en biotecnología. A su llegada a Simojovel ‒en un clima que todavía recuerda como tenso y crítico, con una comunidad molestapor la sangre derramada, pero dispuesta a seguir con la lucha‒ notó de inmediato que el área de investigación necesitaba reforzamiento. Su respuesta para profesionalizar la escuela consistió en fundar el equipo de investigación de Agrofuturo CECyTE.

La misión de González Molina ha sido demostrar con resultados que “la ciencia y la tecnología no están limitadas sólo a un grupo de personas”. Fue bajo este rigor que alumnas como Jennifer pasaron de las aulas chiapanecas al avión para representar a la institución en diferentes concursos estatales y nacionales de creatividad e innovación tecnológica. Tras presentar sus proyectos en foros de Saltillo, Coahuila y Querétaro, la excelencia de estos jóvenes ha resultado en ofertas de becas y pases directos a instituciones públicas de educación superior.

Pero la victoria definitiva contra el modelo del cacicazgo no se mide únicamente en los concursos de robótica, sino en los documentos legales que la escuela entrega a los hijos de los campesinos. El sistema caciquil de Simojovel dependía de marginar a la población sin estudios para garantizar mano de obra barata; en ese sentido, el CECyT 10 suprimió esa cadena porque no sólo otorga un certificado de preparatoria tradicional, sino que forma a estudiantes con una carrera técnica profesional. Al graduarse, los jóvenes salen armados con el título y la cédula profesional avalada por el Estado.

Un ejemplo para la entidad

El peón analfabeto al que “apostaban” los caciques de antaño desapareció. Hoy prevalece el estudiante con conocimientos en robótica, programación, ciencias, artes, deportes y valores. El CECyT 10 es un ejemplo para el estado.

Tres de los hijos de Carlos López Martínez se graduaron de ese bachillerato que cobró la vida de su líder. Hoy, la historia ha dado un giro completo: la hija de aquel hombre que hacía guardias día y noche en defensa de su escuela logró trabajar en la administración municipal y actualmente se encuentra al otro lado del mundo realizando una misión en Camboya.

Reyna Ramírez Montoya ‒actual directora del CECyT 10‒ se propuso junto a la comunidad trabajar para mejorar las condiciones de vida de la gente.

Para los veteranos de aquellas asambleas fundadoras de la escuela, el triunfo tiene hoy un sabor agridulce. Francisco Sánchez Gómez, quien sembraba hortalizas para reunir 60 pesos y cargaba postes de luz con lazo, con palo sobre su espalda para electrificar la escuela, reitera que las nuevas generaciones deben aprovechar la escuela.

“El que sabe aprovechar, aprovecha; y el que no lo sabe aprovechar, de nada le sirvió”, sentenció. Los jóvenes, dice, deben aprovechar que ahora cuentan con aulas garantizadas tras una lucha que costó sangre, por eso les decimos que no deben abandonar sus estudios.

Para Ramírez Montoya, la verdadera labor formativa va más allá del conocimiento tecnológico, “se propone erigir un hombre nuevo, un ciudadano pleno. Por ello, las aulas promueven la sensibilidad a través del arte, la cultura y el deporte, y procuran que la juventud no permanezca apática frente al sufrimiento comunitario”. La directora sostiene: “aquí sí tenemos amor y vocación en la educación; no nos basamos en discursos, sino en resultados”.

Cuando habla de resultados se refiere también al albergue “Rosario Castellanos”. Esta obra resultó determinante para contener la deserción escolar cuando se establecieron telebachilleratos y colegios de bachilleres en zonas contiguas. En la actualidad, este espacio y el comedor del plantel equilibran las desigualdades económicas y garantizan que los jóvenes procedentes de las comunidades distantes obtengan un lugar, un techo, incluso reciban alimento para sostener la permanencia escolar.