Legisladores de distintas bancadas del Congreso colombiano, autoridades municipales y sectores de oposición cuestionaron la falta de avances en la reconstrucción de viviendas y la opacidad en el manejo de los recursos para atender la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.4, ocurrido el pasado 10 de agosto, que dejó más de 400 mil damnificados.

A tres meses del desastre, numerosas familias todavía viven en carpas, mientras que los elevados costos de renta les impiden acceder a una vivienda, particularmente en sectores como Chiminangos, en Cali. Esta situación contrasta con los anuncios oficiales sobre los apoyos para las víctimas y mantiene la incertidumbre sobre el proceso de reconstrucción.

Uno de los principales focos de los cuestionamientos es el Fondo Milagro, creado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para administrar los recursos destinados a la recuperación, con un presupuesto anunciado de un billón de pesos. Su gerente, Jaime Andrés Uribe, acumula tres inasistencias consecutivas a los debates de control político en el Congreso, lo que provocó críticas de legisladores de distintas bancadas.

La diputada Katherine Juvinao, de Alianza Verde, calificó las ausencias como una falta de respeto hacia las víctimas y el Poder Legislativo. Por su parte, el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, afirmó que durante los primeros tres meses sólo se había contratado 1.2 por ciento de los recursos.

Las dudas sobre el manejo financiero también alcanzan a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, organismo privado cuya representación legal está a cargo de Ana Lucía Pineda, primera dama del país. A finales de octubre, Pineda informó que la organización había recibido 17 millones de dólares en donaciones, pero no precisó cuánto dinero llegó a las comunidades afectadas ni los criterios para distribuirlo.

El monto contrasta con los más de 200 millones de dólares que De la Espriella anunció en sus redes sociales como donativos para atender la emergencia. Esta diferencia generó cuestionamientos sobre el origen, la administración y la aplicación de los recursos, particularmente en las regiones occidentales, donde las pérdidas económicas se calculan en nueve mil 500 millones de dólares.

Ante las denuncias, un juez ordenó a Pineda presentar un informe público sobre las aportaciones. En su respuesta, la primera dama aseguró que 48 mil personas recibieron asistencia humanitaria, aunque no especificó el tipo de ayuda, el dinero ejercido ni los proyectos destinados a recuperar viviendas, escuelas y hospitales dañados.

En declaraciones a un medio local, Pineda justificó que los recursos no se utilizaron porque la asistencia humanitaria había sido suficiente y sostuvo que el dinero se destinaría a una segunda etapa de reconstrucción.

Por su parte, el gerente del Fondo Milagro reconoció las limitaciones financieras del organismo. Informó que sólo disponía de un crédito del Banco Mundial por 624 mil 656 millones de pesos, del cual había comprometido siete mil 440 millones en contratos, menos del 2 por ciento del financiamiento.

Además, admitió que el fondo no había recibido donaciones, recursos de cooperación internacional ni aportaciones de gobiernos territoriales, situación que mantiene a miles de damnificados a la espera de soluciones habitacionales.