El acceso al agua potable movilizó este domingo a miles de personas en Guadalajara, Jalisco, y Mérida, Yucatán. Aunque las protestas respondieron a problemáticas distintas, ambas cuestionaron la gestión del recurso y exigieron que el agua se garantice como un derecho, no como un negocio.

Por el lado de Jalisco, miles de personas protestaron por segunda semana consecutiva para exigir agua limpia en 320 colonias. Mientras que, en Yucatán, más de 3 mil manifestantes rechazaron la participación de empresas israelíes en la gestión hídrica y expresaron su solidaridad con Palestina.

Guadalajara: exigen agua limpia y justicia por la represión

Por segundo domingo consecutivo, miles de personas marcharon en la Zona Metropolitana de Guadalajara para exigir agua limpia, rechazar su privatización y demandar sanciones por los hechos ocurridos durante la movilización anterior.

Habitantes de al menos 320 colonias denuncian desde marzo que reciben agua turbia, de color café, con mal olor e incluso con gusanos, situación que, aseguran, los ha obligado a comprar agua embotellada hasta para bañarse.

De acuerdo con la información difundida sobre la protesta, el problema se relaciona con la contaminación de un canal abierto construido en 1956 que transporta agua del lago de Chapala, principal fuente de abastecimiento de la ciudad.

La movilización ocurrió una semana después de la marcha del 12 de octubre en la que la administración de Pablo Lemus Navarro usó gas lacrimógeno para dispersar la marcha  y 39 personas fueron detenidas. Para esta segunda protesta, el gobierno de Jalisco modificó el protocolo de actuación con el propósito de evitar nuevas confrontaciones.

El gobierno estatal reportó que, al concluir la marcha, un grupo de aproximadamente 300 personas encapuchadas permaneció en el Centro Histórico y causó daños en los edificios de Palacio de Gobierno, el Congreso local y el Palacio de Justicia. Según el reporte oficial, los manifestantes derribaron una puerta, lanzaron bombas molotov y petardos contra accesos, y rompieron cristales y cámaras de vigilancia.

Entre las principales demandas de los manifestantes estuvieron garantizar la calidad del agua, emitir una alerta sanitaria ante los posibles daños gastrointestinales y dermatológicos, e investigar y sancionar a los responsables de la actuación policial durante la marcha anterior.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mantiene personal en Guadalajara para investigar denuncias de tortura, incluida la agresión que habría provocado una fractura cervical a un estudiante.

Los participantes también rechazaron la privatización del servicio mediante el esquema de contrato de 25 años identificado en sus consignas como CMRO.

Mérida: rechazan participación de empresas israelíes en la gestión del agua

En Mérida, Yucatán, más de 3 mil personas marcharon del Parque de Santiago al Palacio de Gobierno para exigir transparencia en los acuerdos de cooperación tecnológica con Israel y manifestar su solidaridad con Palestina.

La movilización fue convocada por el Comité de Solidaridad con Palestina en Yucatán. Los participantes cuestionaron la presencia de seis empresas israelíes especializadas en tecnología hídrica en la feria Pro Agro Innovación 2026 y exigieron que se hagan públicos los términos del convenio de colaboración tecnológica firmado con Israel durante la administración del exgobernador Mauricio Vila Dosal.

Los manifestantes reclamaron al actual gobierno de Joaquín Díaz Mena que transparente los alcances de ese acuerdo y explique la participación de las empresas en el sector hídrico estatal. “Rechazamos que nuestro pueblo, nuestras tierras y nuestra agua se conviertan en fuentes de ganancias para intereses que sostienen un genocidio”, señala el manifiesto leído frente al Palacio de Gobierno.

Las movilizaciones en Guadalajara y Mérida evidenciaron distintas disputas en torno al agua: desde las denuncias por contaminación y las exigencias de rendición de cuentas hasta el rechazo a la participación empresarial en la gestión de los recursos hídricos. En ambos casos, los manifestantes colocaron en el centro del debate la responsabilidad de las autoridades de garantizar el acceso al agua y transparentar las decisiones sobre su administración.