[CANANEA,]
como hace 100 años
Juan Carlos Bladeras

Cananea, Sonora.- Finalmente el gobierno federal cedió a las presiones de Grupo México para finalizar la huelga que, desde el 30 de julio de 2007, sostenían poco más de mil trabajadores de la compañía minera Mexicana de Cananea, por violaciones al contrato de trabajo en materia de higiene y seguridad, así como el reconocimiento de su dirigencia. El pasado 11 de febrero, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo negó el amparo promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, al laudo que dictó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que acordó la terminación de las relaciones laborales individuales y colectivas.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, las banderas rojinegras permanecían en las puertas uno y tres de la empresa, y los grupos de obreros mantenían la guardia las 24 horas del día “a la espera de que el gobierno federal mande al Ejército para que esto truene”.

La ausencia del líder de la sección 65, Sergio Tolano Lizárraga, quien se alejó del movimiento por temor a ser apresado, no ha modificado el ánimo de los mineros, dirigidos por el Comité de Huelga que preside Jesús Verdugo Quijada.

A decir de este último, el Sindicato no ha recibido notificación oficial del dictamen del Segundo Tribunal, a pesar de que en un comunicado difundido por Mexicana de Cananea el pasado 25 de febrero, se señalaba el 4 de marzo como fecha límite para que los trabajadores aceptaran la liquidación  conforme al Contrato Colectivo, que la minera ofrece como “un gesto generoso de la empresa”, la cual, según el mismo comunicado, “es seis veces mejor que la que marca la Ley Federal del Trabajo”.

Pero esto no significa que el conflicto haya terminado. El pasado martes 2 de marzo, la Cámara de Diputados instaló la Comisión Especial para Asuntos Mineros, impulsada por los legisladores federales priístas de Sonora y en especial por el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, quien la preside. En septiembre pasado, los siete legisladores federales de Sonora, todos del PRI, externaron su postura de que sea retirada la concesión de la mina de Cananea a Grupo México. Esta postura será llevada al pleno con la adhesión de otro grupo importante de legisladores del PRI, PRD y PT, postura que es respaldada además por algunos Senadores. Vía telefónica, Pompa Corella explicó que, sin embargo, “el Poder Legislativo no tiene la competencia para tomar esta decisión, simplemente se haría un exhortó al jefe del Ejecutivo, ya que es él quien posee esa facultad”.

Fallos antiobreros de la JFCA

Apenas habían pasado ocho días del estallamiento, cuando la JFCA emitió el primer fallo en contra de los mineros declarando la inexistencia de la huelga. Esto fue el 7 de agosto de 2007. Pero el proceso se revirtió el 17 de diciembre de ese mismo año; el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo determinó la legalidad de la huelga en la mina. Un año después, el 9 de diciembre de 2008, la JFCA declaró, por segunda vez, inexistente la huelga.

En marzo de 2009, Mexicana de Cananea anuncia a la JFCA la conclusión de las relaciones laborales en la mina, debido a la determinación de la Secretaría de Economía, luego de que esta dependencia realizara una verificación al interior de las instalaciones de la mina. Como resultado de ello, Mexicana de Cananea levantó cargos contra los dirigentes sindicales por los delitos de asociación delictuosa, despojo, secuestro, entre otros, arguyendo daños cometidos en los bienes de la empresa.
Fue, precisamente, ese dictamen el que tomó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo como marco para negar un nuevo amparo al sindicato y con ello darle fin al conflicto en el aspecto legal.

Cananea, igual que hace 100 años

Mineros, de pie, a casi tres años del estallido de la huelga.

Caminar por las calles de Cananea es como hacer un viaje al pasado, no sólo por la antigüedad de sus construcciones, que conservan las mismas fachadas de principios del siglo pasado, sino que el atraso en toda la ciudad es palpable. Durante el lapso que ha durado el conflicto, el municipio de Cananea ha resentido los efectos en el aspecto económico. El comercio ha disminuido y muchas empresas tuvieron que hacer despidos, mientras que otras que subcontrataban personal dejaron de ejercer contratos por servicios.

A decir de los dirigentes mineros, cuando se otorgó la concesión a Grupo México para explotar la mina de Cananea, el consorcio signó compromisos para proporcionar algunos servicios a la ciudadanía en general, como el de agua potable a través de 62 pozos, propiedad de la empresa. Pero este servicio se municipalizó en 1998, con lo que Mexicana de Cananea dejaría de ser responsable de proporcionarlo. “Antes no pagábamos el agua, la pagaba la minera y daba mantenimiento a las calles, daba servicio al pueblo y ahora ya no. Desde que empezó el conflicto nomás da algunos apoyos a las escuelas. Pero ahorita ya estamos muy amolados, ya no se puede soportar la situación económica. Estamos igual que hace 100 años, tal vez el gobierno está esperando que otra vez comience la revolución en Cananea”, dice Javier Madrid, propietario de una cerrajería, quien dice que para poder pagar sus gastos tiene que ir a otras ciudades a ofrecer sus servicios.

La minería es la actividad principal en el municipio, donde se han instalado otras empresas en los últimos años. Pero las minas de María y Milpillas no contratan mineros de Cananea, “porque son muy rebeldes”.

En 30 meses se han deteriorado las calles y el Ayuntamiento carece de recursos suficientes para implementar programas importantes. El presupuesto anual para el municipio es de 80 millones de pesos, incluyendo lo que se capte por recaudación de impuestos locales como el predial y por el consumo de agua. “Un 80 por ciento del presupuesto depende de la recaudación” señala el secretario del Ayuntamiento, José María Ballesteros. Y de ese porcentaje, durante los tres años que ha permanecido la huelga, la recaudación de impuestos se ha reducido hasta en 50 por ciento.

Como una medida temporal para sanear la economía, el Ayuntamiento ha gestionado ante el gobierno estatal la inclusión para este año de un programa de pavimentación que a la vez genere unos mil empleos temporales.

Poco a poco se han ido retirando las prestaciones a los mineros y a sus familias, como el servicio de salud que era auspiciado por la empresa. En abril del año pasado cerró de manera temporal el hospital de El Ronquillo, que atendía a los mineros, pero también al resto de la población. Unos meses después el gobierno del estado comenzó a administrarlo y lo reabrió. Además, Mexicana de Cananea retiró los subsidios a la electricidad y al gas natural, este último de primera necesidad en una ciudad donde los inviernos registran nevadas y temperaturas bajo cero. Ello provocó la quiebra de la empresa proveedora, la Distribuidora de Gas de Occidente S.A. de C.V., que cerró definitivamente hace seis meses. La necesidad la cubren hoy dos empresas de gas LP, que para empezar tuvieron que hacer la reconversión de las instalaciones,  además, el costo del producto es mayor.

El actual Ayuntamiento, presidido por el alcalde Reginaldo Moreno García, ha tratado de ser mediador en el conflicto entre los mineros y la empresa, pero reconocen que no tienen el peso suficiente para intervenir de manera decisiva.

“Buscamos lograr que haya acuerdos, a nadie le conviene que la huelga dure más tiempo”, subraya Ballesteros. Tanto mineros como representantes de la empresa han declarado reiteradamente que el diálogo es imprescindible para que el conflicto no termine en violencia. Los trabajadores han tomado como provocaciones el retiro de las prestaciones. “pero a nosotros no nos van a hacer lo que hicieron con los electricistas, a nosotros no nos van a separar ofreciéndonos dinero, nosotros vamos a luchar”.