Desempleo, falta de crecimiento, política torpe y ampliación de la desigualdad social, representan los pendientes del gobierno de Felipe Calderón; es, en muy pocas palabras, la caracterización de un año más, de acuerdo con analistas consultados por buzos.

1. Desempleo y carencia de reformas estructurales

El vicepresidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el economista y diputado, Mario di Constanzo, afirma que “la falta de crecimiento económico ha impedido la generación de nuevos empleos y esto ha vertido en más desigualdad”.

  La esperanza de mejoramiento del empleo se estancó en el último año. La tasa de 6 por ciento de desempleo, que se llegó a superar el año pasado, se redujo hacia el final del año, pero se mantuvo estable en los siguientes meses hasta la mitad de 2010, y no se ha movido de ahí.

Crece el desempleo pese al optimismo presidencial.

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del 13 de agosto de 2010 la tasa de desocupación, en el segundo trimestre del año se ubicó en 5.3 por ciento, la más alta para un periodo similar en los últimos cinco años y superior al 5.2 por ciento alcanzado en el trimestre anterior.

Según detalles tomados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Población Económicamente Activa (PEA) se ubicó en 47 millones 137 mil personas y 2 millones 500 mil personas que buscaron trabajo en el periodo no hallaron plazas.

En cuanto a la distribución del desempleo en el país, Coahuila aparece con 8.1 por ciento; Distrito Federal con 7.4; Querétaro con 7.2; Tabasco con 7.0; Chihuahua y Tamaulipas con 6.9 y Nuevo León, 6.8 por ciento.

Mientras el presidente Felipe Calderón afirma que, tras la recesión de 2009, la crisis ha terminado y comienza la recuperación, la población ubicada en actividades informales llega a 12 millones 800 mil personas; 660 mil más que en el mismo periodo del año anterior.

Reformas estructurales

La carencia de reformas estructurales, sobre todo en materia fiscal y laboral, se ha resaltado como el principal freno al desarrollo económico, lo cual ha sido originado por un bajo rendimiento de las relaciones del mandatario con el Congreso de la Unión.

Su antecesor, Vicente Fox, fue líder en conflictos con senadores y diputados; Felipe Calderón mejoró la relación, pero tampoco ha logrado el entendimiento deseado como lo demuestran el número de iniciativas del Poder Ejecutivo no aprobadas o “congeladas”. A la fecha, ha remitido 23 iniciativas, la mayoría de las cuales consideradas urgentes y descritas como “estructurales”, de las cuales senadores y diputados han aprobado solamente 11.

En reciprocidad, el Ejecutivo tampoco ha sido expedito en la publicación de las leyes enviadas por el Legislativo, toda vez que hay 18 legislaciones no promulgadas. El titular del Ejecutivo es el encargado constitucionalmente de promulgar las leyes aprobadas por los diputados y senadores, es decir, firmarlas y publicarlas en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual adquieren vigencia. Y como la Constitución no define tiempos precisos para la publicación de leyes, el Poder Legislativo carece de recursos legales para exigirle al mandatario la promulgación de las mismas.

 

2. Las reformas congeladas

El Congreso de la Unión demostró que el Poder del Ejecutivo federal está en duda. La mayoría de las iniciativas de ley enviadas por éste a las cámaras sufrieron modificaciones torales cuando fueron aprobadas y, en algunos casos, se dejaron para mejor ocasión.

Las reformas laboral, fiscal, de medios de comunicación, la regulatoria de fondo y la reforma política del Estado -la más alterada de todas- se quedaron en el camino de la aprobación sin fecha tentativa para salir a la luz pública.

Las discusiones en torno a estas materias implicaron la participación de grupos sociales, como los académicos y políticos, quienes llevaron el tema a las primeras planas de los diarios, pero sin lograr un acuerdo con resultados concretos. Las diferencias entre los partidos por sus intereses salieron a flote y el progreso en las discusiones en algunos casos fue nulo.

Reforma en telecomunicaciones

Discutida en abril pasado, el cambio en el régimen de telecomunicaciones fue el que estuvo más cerca de concretarse, pero al final no se consiguió. Quedó pendiente en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), con la cual se buscaba dar mayor garantía a la competitividad entre compañías radiodifusoras, además de garantizar que se transmitieran contenidos con calidad adecuada para contribuir al desarrollo educativo del país.

Los cambios propuestos buscarían, asimismo, evitar los monopolios en la posesión de transmisoras y fomentar la participación de la comunidad en la producción y transmisión de contenidos, así como la creación de difusoras indígenas que favorecieran el desarrollo de su identidad comunitaria.

Política, que no toma en cuenta al pueblo.

¿El principal obstáculo para conseguirla?: la mayoría avasalladora del PRI y su aliado el Partido Verde Ecologista de México en San Lázaro, donde los diputados de este último representan a la que se ha llamado “Telebancada”, pues se presume su vinculación cercana con los dueños de los monopolios de televisión. También actuó en contra de estas iniciativas el apoyo desigual que ejercieron estas empresas en favor de sus candidatos durante la campaña electoral de 2009 a través de sus programas y series.

En contraste, sin importar el fracaso en la LFRT, el gobierno federal creó por decreto el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), uno de cuyos objetivos sería “informar a la ciudadanía sobre programas y acciones gubernamentales que resulten del interés público”, pero hasta el momento ha resultado ser un instrumento más de la propaganda del gobierno panista.

Reforma política: el mayor fracaso

Al inicio de 2010 la reforma política del Estado era el tema al que el gobierno de Felipe Calderón prestaba más atención en los espacios de discusión pública después del bicentenario de la Independencia. Se organizaron foros y mesas de discusión con participación de investigadores de instituciones como El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sin embargo, al término del periodo ordinario de sesiones, el pasado 30 de abril, los diputados no llegaron a ningún acuerdo con respecto a la reforma. Incluso, la propuesta calderonista fue descartada porque el Congreso la consideró autoritaria y los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron iniciativas en la materia.

Además de la proximidad de las elecciones estatales en 12 estados de la República, en algunas de las cuales el Partido Acción Nacional (PAN) se alió con el PRD, provocó disensiones con la bancada priísta, al grado de que el tricolor envió su propia propuesta de Reforma sin considerar algunos de los aspectos planteados en el proyecto del Ejecutivo, como fue el caso de la reducción de diputados en el Congreso, medida tachada de populista por algunos legisladores del tricolor.

Promesa de austeridad

Aunque lo anticipó en su III Informe de Gobierno en 2009, la transparencia y austeridad en el ejercicio fiscal en la administración federal de México se quedó sólo en una promesa más del presidente Felipe Calderón.

Los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución se han producido en un marco de opacidad en cuanto al uso de los recursos. Con una suma de más de 2 mil millones de pesos, que alcanza una tercera parte del presupuesto destinado a la educación a escala nacional, el desglose de su ejercicio será público hasta dentro de 12 años, en 2022, según anunciaron autoridades federales.

Además se planteaba una reforma fiscal para abaratar los costos administrativos y aumentar la recaudación, disminuir la evasión fiscal y sanear las finanzas públicas federales. La discusión de tal reforma apenas se llevó a cabo, en tanto que los legisladores sólo aludían a ella como una necesidad, la cual sigue desatendida.

Discusión sin acuerdos

Aunado a sus arreglos por debajo del agua con el PRI, Calderón fracasó en la búsqueda del “fortalecimiento de la democracia”, pues en su intento de incrementar el diálogo y la negociación con los representantes de la pluralidad política nacional, quedó demostrado que el interés que el resto de los actores políticos tienen en ese acercamiento es prácticamente nulo, dada su ineficacia.

Basta citar el caso del “Diálogo por la seguridad”, cuya invitación a participar en este encuentro fue desdeñada por los coordinadores parlamentarios de las fracciones del PRI en ambas cámaras, Manlio Fabio Beltrones y Francisco Rojas, del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, y del PRD en San Lázaro, Alejandro Encinas.

No era para menos. Hasta hoy, el producto de ese “diálogo” no se ha traducido en acciones.

 

3. Más p obres, mal preparados y sin derecho a la salud

El programa social de este sexenio es Vivir Mejor y su estrategia “igualdad de oportunidades”. A decir de sus detractores la lista demagógica de buenas intenciones que lo componen no alcanza a conformar ningún proyecto ni estrategia, además lo dio a conocer hasta 2008, casi dos años después de haber iniciado su gobierno.

Para muchos de ellos no hay escuela ni salud.

Éste es el sello que distingue a las preocupaciones sociales del presidente Felipe Calderón Hinojosa que, empeñado en publicitar su guerra contra el narcotráfico, ha dejado de lado el desarrollo social del país, con resultados negativos: un México pobre, mal preparado y sin seguridad social, entre otras cosas.

El 29 de abril de 2008 el titular del Poder Ejecutivo dijo que el principal reto de su programa consistía en “asegurar que cada mexicano tenga las herramientas para salir adelante con su propio esfuerzo, que lo haga sin comprometer el patrimonio de los que vendrán detrás de nosotros y que no sea por falta de oportunidades que no puede salir adelante.

“Queremos que cada persona sea dueña de su propio destino; que pueda, verdaderamente, superarse, enfrentar y superar la adversidad con su talento y con su responsabilidad (…). Y, por ello, la estrategia Vivir Mejor contribuye a la construcción de las condiciones sociales económicas, políticas y culturales que permiten o favorecen el desarrollo integral de todos y cada uno de las mexicanas y los mexicanos”.

El anuncio de este programa lo hizo durante una gira de trabajo en ocho municipios del estado de Chiapas, una de las entidades más pobres del país. Sin embargo, nunca estableció metas concretas y menos aún dijo cómo lo iba a lograr. Por ello no existe forma de comparar lo que ha hecho o dejado de hacer con lo que se propuso.

No obstante, en términos generales se puede decir que del último trimestre de 2009 hasta este mes de 2010, poco menos de la mitad de los mexicanos se encuentra en la pobreza de patrimonio, es decir que no tiene ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas como salud, alimentación, vivienda, vestido, y educación, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En marzo pasado el secretario ejecutivo de este organismo, Gonzalo Hernández Licona, explicó que en México hay 47.2 millones de pobres, además de 35 millones de personas vulnerables a sufrir estas carencias.  Aquí se considera pobreza un ingreso por debajo de los 2 mil 115 pesos mensuales (70. 5 pesos diarios); es decir 15 pesos más de un salario mínimo.

La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) confirma el dato de 50 millones de mexicanos en la pobreza, pero añade otras variables: aumentó 28 por ciento el empleo informal, lo que representa aproximadamente unas 15 millones de personas y, en el caso de las remesas, hubo una disminución del 16 por ciento hasta noviembre del año pasado.

Sin duda la crisis económica mundial de 2009 y la falta de estrategias del gobierno mexicano representaron una brecha más profunda entre los millones de mexicanos que viven con un salario o menos de un salario mínimo y las 39 familias mexicanas que acumulan una fortuna de 135 mil millones de dólares (13.5 por ciento del PIB).

Educación

México ocupa el lugar 55 en cuanto al acceso a la educación en todo el mundo y el rezago educativo alcanza a 34 millones de personas, entre analfabetismo o instrucción mínima, pues como dice el relator de la Organización de las Naciones Unidas, Vernor Muñoz Villalobos: “Las poblaciones pobres reciben una educación pobre”.

Según datos de este organismo internacional, nuestro país sufre un rezago en enseñanza básica de 43.2 por ciento de su población de 15 años y más, porcentaje que representa 33.4 millones de personas, datos que coinciden con las estimaciones con las que el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) inició el presente año.

Así, de los 77.2 millones de mexicanos ubicados en este rango de edad, 7.6 por ciento (5.8 millones) son analfabetas; 12.9 por ciento (9.9 millones) no tienen terminada la educación primaria, y 22.7 (17.5 millones) no han concluido la secundaria.

Salud

Del mismo modo, al iniciar el primer trimestre de este año, el gobierno federal reconoció que 43.4 millones de mexicanos (40.7 por ciento del total de la población) no tenían acceso a ninguna institución o programa de salud pública o privada.

43 millones sin servicio médico.

En una medición, denominada Multidimensional, el mismo Coneval señala que 25.4 millones presentaron carencia de acceso a los servicios de salud y que 18 millones de mexicanos, cuyo ingreso fue suficiente para adquirir bienes alimentarios de la canasta básica, tampoco contaban con servicios de salud.

Las 11 entidades con mayor porcentaje de personas sin acceso a los servicios de salud fueron Puebla, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, estado de México, Veracruz, Morelos y Distrito Federal. En ellas se concentraban casi dos terceras partes (63 por ciento) de la población sin acceso a servicios de salud en el país.

Tan sólo en cuanto a la cobertura de los servicios de salud, los datos anteriores demuestran que la masiva afiliación al Seguro Popular, que publicita el gobierno federal, es una fantasía. Ni hablar de la calidad, de la prevención y la disminución de las enfermedades crónico degenerativas que merman la calidad de vida de millones de mexicanos.

Por estas razones y otras, el presidente Calderón ha recibido severas críticas, como dice el diputado priísta Carlos Cruz Mendoza en el sentido de que el gobierno actual gasta mucho pero mal en el ámbito social, pues los 55 mil millones de pesos anuales, por ejemplo para el programa Oportunidades no se reflejan en una mejor calidad de vida de los mexicanos pobres.

Un muestra fehaciente son los pueblos indígenas, quienes sufren la pobreza en todas sus dimensiones, según el responsable del Coneval, sin que a la fecha se las hayan proporcionado las oportunidades reales de romper con el ciclo de la pobreza.

“El problema es que en México las oportunidades no son iguales para todos”, dijo Hernández Licona, director de Coneval.