El equivocado PEF presidencialista 

El gasto público de este año se perfila centralista, rígido y con la vocación esencialmente asistencialista

-Por Álvaro Ramírez

2018-12-31
Ciudad de México

Con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2019, que en estos días será aprobado sin cambios de fondo por la mayoría lopezobradorista de la Cámara de Diputados, el gasto público del próximo año se perfila centralista, rígido y con la vocación esencialmente asistencialista –vía pensiones y becas– de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

Pero hay también otra característica muy grave: se avalará sin atender las solicitudes de los diputados y las diputadas federales que tradicionalmente podían llevar obras y recursos a sus estados, distritos y municipios. 

Con este modelo, que evoca los presupuestos presidencialistas que se elaboraban desde Palacio Nacional en los años 60 y 70, se anula además una de las funciones más importantes y razón de ser que tienen los legisladores: la gestión. 

Días antes de la presentación de su Paquete Económico 2019, el tabasqueño advirtió a los integrantes de su aplanadora de los Grupos Parlamentarios del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), que no le movieran ni una coma a su proyecto de PEF y que no habría gestión directa, para “acabar con los moches”. 

Por supuesto que era necesaria la desaparición de esa opaca práctica de valores entendidos y “comisiones” indebidas que recibían los diputados de parte de gobernadores y alcaldes por conseguir dinero para obras en estados o municipios.  

Sin embargo, la eliminación de esa práctica corrupta no fue la vía adecuada para ello y produjo, en cambio, el grave error de atar de manos a los legisladores de San Lázaro en la gestión a favor de sus representados. 

La rigidez del gasto lopezobradorista atenta así contra la esencia de la representación ciudadana que tiene la Cámara de Diputados, que comparte facultades en la aprobación de la Ley de Ingresos –el cómo y de dónde se consiguen los recursos– con el Senado de la República, pero que tiene exclusividad en el diseño del Presupuesto de Egresos –el cómo y hacia dónde se dirige el dinero de la Federación–. No hay que olvidar que mientras la Cámara de Senadores representa a las entidades, la de Diputados a los ciudadanos. 

Los diputados, sobre todo los de mayoría relativa, tienen el mandato de legislar, fiscalizar y, de manera muy importante y esencial, gestionar; pero con el modelo de AMLO esa función se entierra. 

Esos 300 diputados que fueron elegidos en un igual número de distritos, y muchos de los 200 plurinominales que también asumieron un compromiso con sus regiones, aunque no tuvieran el voto directo, incumplirán –entre ellos los lopezobradoristas– con sus ofertas de campaña y también estarán impedidos de aportar siquiera opiniones con respecto de las necesidades que sus representados les plantearon. 

Si de verdad se quiere acabar con los “moches”, a lo que nadie puede oponerse, el tema tiene otras soluciones, que ni siquiera se exploraron en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

A fin de no cancelar la posibilidad de gestión de los diputados, por ejemplo, la propia SHCP pudo fijar que los recursos fueran ejercidos con pulcritud directamente desde las dependencias federales, sin intermediarios y con vigilancia extrema.  

En 2017 ya se había acabado con la práctica que desde 2013 tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto de otorgar bolsas individualizadas para cada uno de los 500 diputados, para que etiquetaran hasta 20 millones de pesos en lo que desearan, independientemente de las gestiones que podían hacer y conseguir en paralelo, de acuerdo con sus capacidades y trabajo. 

Eso ya no existe y ese esquema fue el eje de los “moches”. Sin embargo, ahora con la intención de que no se vuelva a dar ese intercambio soterrado entre diputados, gobernadores y alcaldes, se anula la gestión legislativa en esta materia. 

La aplanadora lopezobradorista aprobará el PEF –o ya lo hizo casi sin mover una coma mientras usted lee esta entrega– renunciando a su labor y facultad de definir el destino de los recursos públicos, pero además incumpliendo con la gestión que, al lado de la fiscalización y legislación, son su deber y su legal y legítima facultad. Lamentable.