La Corte como trinchera legislativa

Se anuncia que en el actual sexenio habrá un constante enfrentamiento legislativo, pero ante el Poder Judicial.

Álvaro Ramírez

2018-12-17
Ciudad de México

Ante la imposibilidad de actuar como una oposición parlamentaria efectiva –por la limitación aritmética de sus representaciones– los grupos legislativos partidistas encontraron en los recursos jurídicos de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una fórmula de contrapeso real a las intenciones totalitarias del régimen lopezobradorista, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) hallaron en estos procedimientos, que solo requieren del 33 por ciento de las firmas de los integrantes de cualquiera de las cámaras, una salida al avasallamiento legislativo de la mayoría afín al Presidente de la República.

De este modo, a menos que las bancadas de Morena, PT y PES decidan cambiar de estrategia y consensuar con la minoría legislativa las reformas que aprobarán, se anuncia que en el actual sexenio habrá un constante enfrentamiento legislativo, pero ante el Poder Judicial.

La primera controversia contra el régimen lopezobradorista se presentó apenas el pasado seis de diciembre, cuando 55 senadores panistas, priistas, perredistas, de MC y algunos del Verde (PVEM) consideraron inconstitucional la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Desde su visión, ésta transgrede el pacto federal y la división de poderes al limitar la autonomía presupuestal y obligar a cualquier funcionario o representante, federal, estatal o municipal, a ganar por debajo de los 108 mil pesos mensuales que cobrará el primer mandatario.

El recurso fue aceptado al siguiente día por la Corte, en medio del enfrentamiento que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha mantenido desde antes de su asunción contra ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación, a quienes ha descalificado y llamado deshonestos.

Un día después de que la controversia del Senado fuera admitida, el tema indudablemente se vio atravesado y pesó en la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que el ocho de diciembre pasado avaló el triunfo en la gubernatura de Puebla de Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa del coordinador de los senadores panistas, Rafael Moreno Valle Rosas, exgobernador poblano y principal impulsor del recurso contra esa norma.

Esa alianza coyuntural entre partidos concreta la conformación, casi definitiva y permanente, de un bloque opositor que, aunque minoritario ante la aplanadora lopezobradorista, puede frenar con estos recursos las decisiones del tabasqueño y sus legisladores.

De entrada, y con su aceptación para análisis, la norma quedará sin efecto entre seis meses y un año, lo que complicará la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019 en los términos que había proyectado el Ejecutivo y que deberá estar definido a más tardar el próximo 31 de diciembre. Además de este contratiempo, la minoría opositora legislativa se anota un triunfo, en combinación con el Poder Judicial, sobre AMLO.

A partir de este éxito vendrá también una anunciada controversia relacionada con el Seguro Popular, a fin de que se mantenga independiente y no quede bajo la tutela del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que se considera un contrasentido que lo vaya a manejar el mismo organismo para el que se creó como alternativa.

Este tema es del interés principal del PRI, pero en correspondencia con el apoyo que éste les brindó en el primer recurso, ahora PAN y sus aliados PRD y MC deberán respaldarlo desde el Senado.

El tema tiene todas las posibilidades de progresar, por su argumentación técnica, lo que significaría una nueva derrota para el lopezobradorismo en menos de un mes.

Esa misma suerte podrían correr las reformas a la Ley de la Administración Pública Federal que, entre otras cosas, avalaron la creación de los súperdelegados en las entidades, para manejar los programas federales, ya que estarían invadiendo facultades de los gobernadores que fueron elegidos por los ciudadanos y no aquellos designados por el dedo presidencial. El tema seguirá si AMLO y los suyos insisten, con soberbia, en aplastar en lugar de acordar.