Procuración de justicia en Veracruz, amordazada por el partidismo

El tercer intento fallido del gobernador de Veracruz por destituir al fiscal cercano del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Yamiri Rodríguez

2019-03-11
Veracruz

El tercer intento del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para destituir de la Fiscalía General del Estado al panista Jorge Winckler Ortiz terminó en un nuevo fracaso el 22 de febrero, cuando los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados partidistas no lograron la mayoría calificada para instruirle un juicio político.

De esta forma, dicho asunto –una de las “prioridades” de García Jiménez desde su arribo a la gubernatura, el 1º de diciembre de 2018, a la que se han destinado casi tres meses de debates– ha derivado en el virtual abandono de la procuración de justicia en una entidad en la que en promedio se registran 90 delitos diarios y dos mil 700 al mes, varios de alto impacto.

Además de estos resultados, nefastos para la sociedad veracruzana, el tercer intento fallido de García Jiménez por destituir al fiscal cercano del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares –quien lo eligió por siete años–, se convirtió en un fuerte revés político para él y su partido; en Veracruz, a este tipo de pifias se les llama popularmente “tamal mal hecho”.

En efecto, la destitución de Winckler ha sido manejada con tan poco tino por el mandatario, que en el nuevo intento para enjuiciarlo, varios de los legisladores de Morena votaron al lado del Partido Acción Nacional (PAN) como si se tratara de una causa política de la mayor relevancia social y no de un asunto partidista y personal.

Una de las primeras acciones del gobernador de Veracruz al iniciar su administración fue anunciar que revisaría el quehacer del fiscal Winckler. Acto seguido apareció una serie de organizaciones sociales que solicitaron juicio político contra éste y el Congreso, y en previas audiencias a puerta cerrada se anunció que el jueves siete de febrero habría una sesión extraordinaria para votar su instrucción a juicio político.

funcionario

La solicitud fue hecha por la Secretaría General del Gobierno de Veracruz, aduciendo que Winckler había incurrido en la presunta comisión de actos de desaparición forzada; las comisiones del Congreso dictaminaron a su favor y la turnaron a la Comisión Permanente Instructora. Sin embargo, cuando llegó la hora de votarla, el Grupo Legislativo de Morena no logró la mayoría calificada, es decir 34 votos, así que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) decretó un receso de 17 horas.

En la LXIV Legislatura del Congreso de Veracruz, Morena cuenta con 26 diputados y sus aliados, el Partido Encuentro Social (PES), dos; el Partido del Trabajo (PT),  uno; y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), uno. A éstos 30 se sumaban tres votos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En tanto el PAN tenía 13, más dos del Movimiento Ciudadano y dos del Partido de la Revolución Democrática (PRD); es decir, la oposición contaba solo con 17 votos, las bancadas oficialistas sumaban 33 y les faltaban cinco más para conseguir el fallo a su favor.

legislatura

En las primeras horas del viernes ocho de febrero, los legisladores morenistas se reunieron en la Casa Veracruz, en un intento por definir una estrategia que permitiera obtener los votos faltantes.

Sin embargo, previamente Gonzalo Guizar Valladares y Rubén Ríos Uribe del PES; Erik Iván Aguilar López, del PT y Juan Carlos Molina Palacios, diputado independiente y expriista, expresaron públicamente que votarían en contra del juicio político y certificaron su compromiso ante notario público.

El tercer intento fallido del pasado viernes 22 de febrero, cuando se sometieron a discusión los dictámenes de la Comisión Instructora para llevar a juicio político al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), con fundamento en los expedientes LXV/CI/01/2018 y LXV/CI/02/2018 por desaparición forzada,  los resultados fueron peores: el primer dictamen para remover a Winckler fue de 29 legisladores a su favor y 20 en contra; y el segundo fue de 30 a su favor, 18 en contra y una abstención.

Los integrantes del Grupo Legislativo de Morena, a través de un comunicado conjunto, lamentaron que un “sector minoritario” en el Congreso estatal decidiera “negar a los veracruzanos la posibilidad de recuperar la paz, la tranquilidad y su seguridad, al darle continuidad a los malos resultados del Fiscal General del Estado”, aunque también expresó su respeto a la libre expresión de la voluntad política de los 50 diputados que integran el Poder Legislativo de Veracruz.

El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la JUCOPO, Juan Javier Gómez Cazarín, dijo que el resultado obedeció a que no estuvieron dispuestos a comprar conciencias gastando el dinero de los veracruzanos, “como estaban acostumbrados en el pasado”.

Por su parte, el presidente de la mesa directiva y de la diputación permanente, José Manuel Pozos Castro, recordó la obligación de respetar la voluntad de los legisladores, y ante el cuestionamiento sobre presuntos movimientos en la JUCOPO, aseveró: “El diputado Gómez Cazarín goza de la confianza, apoyo y respaldo de la mayoría de integrantes del Congreso del Estado”.

Sin embargo, la fallida estrategia de Morena terminó en fractura: el diputado Magdaleno Rosales anunció su salida de la bancada de Morena para formar un nuevo grupo al que se sumaron los diputados Jessica Ramírez Cisneros,  Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Eric Iván López Aguilar.

Después de tres intentos fallidos para someter a juicio político al Fiscal General de Veracruz, el asunto fue archivado.

Críticas a la falta de oficio

La diputada presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en Veracruz, Elizabeth Cervantes de la Cruz afirmó que los legisladores no son jueces ni magistrados y que la decisión final sobre la permanencia o no del Fiscal recae en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a cargo de Edel Álvarez Peña, quien por cierto fue nombrado Magistrado Presidente en el bienio del panista Miguel Ángel Yunes.

Uno de los requisitos para que el Poder Legislativo iniciara el juicio político contra Winckler fue el de contar con la aprobación de los cabildos veracruzanos, porque implicaba una reforma al Artículo 67º de la Constitución Política Estatal: de los 212 que existen en la entidad, 200 votaron a favor, incluidos varios panistas. Por esta razón, varios presidentes municipales criticaron que la destitución no procediera en el primer intento. Sergio Guzmán Ricardez, el edil de Agua Dulce, declaró: “La propia población está viendo resultados positivos en el tema del combate a la inseguridad con diversas aprehensiones, pero aún hace falta que la Fiscalía haga lo propio, pues los detenidos no duran retenidos más de cinco días.  No puede ser la Fiscalía un anfitrión de la delincuencia y no puede seguir tendiendo la alfombra roja para que los delincuentes sigan haciendo cosas en contra de nuestra sociedad”.

funcionario

En el jaloneo legislativo anterior, el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, fue acusado de presionar y amenazar a legisladores para que votaran a favor de los dictámenes. Pero el funcionario estatal desmintió dicha versión y aseguró que fue respetuoso de la división de poderes y llamó a quienes lo acusaron a que presentaran los videos y audios en que se demuestran las presuntas amenazas de que lo acusan.

“Cuando uno es servidor público siempre está expuesto a la crítica y al reconocimiento; yo lo único que puedo decir es que, siempre que sea citado por cualquier autoridad, voy a asistir porque soy un demócrata”, indicó Cisneros Burgos, quien además negó ser el operador político en el Congreso.

¿Y Winckler?

Tras el resultado del tercer y último intento de votación en su contra, Jorge Winckler agradeció a los legisladores su confianza, y aseguró que fue una señal clara de respeto al Estado de Derecho, a la Constitución y a la autonomía de los órganos del Estado. También celebró que los diputados hayan sido conscientes de su papel histórico al votar en contra de las denuncias promovidas por exservidores públicos cercanos al exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

Winckler hizo un llamado al gobernador García Jiménez para que haga a un lado sus diferencias con él y que trabaje de manera coordinada en favor de los veracruzanos. “La Fiscalía General del Estado siempre será autónoma; sin embargo, se tiene la convicción de que solo mediante la suma de esfuerzos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial junto con la Fiscalía General, pueden atenderse las justas exigencias de la sociedad de Veracruz, quien demanda acciones contundentes en contra de la inseguridad”.

Sin atención, el tema de seguridad

Y mientras el Congreso, la Fiscalía y el gobierno estatal se enfrascaban en los debates generados por el juicio político contra Winckler, los delitos en la entidad aumentaron. Entre enero de 2018 y enero de 2019, informa el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SSNSP), la incidencia de los delitos de alto impacto registró un incremento significativo: el secuestro, en la modalidad de extorsión, aumentó el 254.55 por ciento al pasar de 11 a 39 casos; el feminicidio pasó de cuatro a 10 víctimas, alza equivalente al 150 por ciento. En el primer mes del año hubo un total de cuatro mil 309 delitos, entre ellos 107 homicidios dolosos, 312 lesiones dolosas, mil 730 robos y cerca de 600 robos de autos.

En más de 80 días que duró el debate sobre el juicio político contra el Fiscal de Veracruz se suscitaron casos alarmantes, como el secuestro y la decapitación de la empresaria Susana Carrera Ascencio en Coatzacoalcos; el secuestro del expresidente municipal de Tequila, Sergio Heriberto Domínguez Cid, un maestro rural por el que se pidieron 10 millones de pesos de rescate; el linchamiento de seis presuntos delincuentes en Soledad, Atzompa; el ataque a las instalaciones de la policía municipal de San Juan Evangelista y el secuestro de una trabajadora en Xalapa.

Al cierre de esta edición, ninguno de estos casos reportaba avances en las investigaciones judiciales. Y los veracruzanos se preguntan si una vez terminada esa discusión habrá resultados en el combate a la delincuencia.