Deuda pública golpea la educación en Michoacán

A finales de los años 90 del siglo XX el panorama financiero del estado de Michoacán de Ocampo era hasta cierto punto sostenible, pero mostraba una tendencia definida hacia el endeudamiento a nivel medio.

Julían Mendoza

2019-02-11
Ciudad de México

A finales de los años 90 del siglo XX el panorama financiero del estado de Michoacán de Ocampo era hasta cierto punto sostenible, pero mostraba una tendencia definida hacia el endeudamiento a nivel medio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2002, la deuda bancaria del gobierno michoacano ascendía a 152.8 millones de pesos (mdp), cifra que lo ubicaba en el vigésimo noveno lugar entre las 32 entidades federativas de México.

Pero 15 años después, a mediados de 2017, Michoacán ocupaba el octavo sitio nacional con una deuda pública superior a los 21 mil mdp, cantidad que repartida entre cada uno de los michoacanos equivalía a casi cinco mil pesos, informó el actual coordinador de proyectos estratégicos del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM), Heliodoro Gil Corona.

Se trata de un monto impagable para las finanzas del gobierno estatal y un problema económico estructural con proyección inercial hacia 2030, que tendrá graves consecuencias para el desarrollo social y económico de los habitantes de la entidad, indicó Gil Corona. Este diagnóstico es compartido por el gobierno actual, como se evidencia en el Informe de Actividades 2017-2018 de la Secretaría de Economía (SE), en el que se reconoce que la deuda bancaria y pública no han permitido el adecuado desarrollo de la industria manufacturera, agraria y comercial que son base de la economía michoacana.

Pero además de afectar la estructura económica del estado, el alto nivel de endeudamiento ha golpeado severamente a uno de los pilares del desarrollo integral que más habían potenciado a Michoacán en los ámbitos político, social y cultural en la historia de México: la educación pública. Una desatención casi absoluta, según los investigadores, de la que son responsables las cuatro administraciones estatales, entre los años 2002 y 2019. 

En ese periodo, en forma paralela al incremento de la deuda bancaria estatal, la educación pública se fue rezagando financiera e institucionalmente hasta generar un fenómeno cuasi privatizador en el sector, que a su vez ha propiciado la creación de dos escenarios de resistencia propios del fenómeno de la globalización neoliberal y la “denominada sociedad del conocimiento”.

Hablamos del inicio del déficit financiero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que a principios del año alcanzó la cifra de 800 mdp, y de las prácticas de lucha laboral y política que desde 1995 utilizan las secciones sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, que en días recientes se han revitalizado en demanda de aumentos salariales.

“Transición democrática”: antecedente de la crisis

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados reporta que 31 entidades federativas poseen deudas que en conjunto rebasan los 568 mil mdp; la cifra incluye endeudamientos hasta el tercer trimestre del año pasado y se elaboró con base en el análisis de las cuentas públicas de los gobiernos estatales. 

El 19 de marzo pasado, el economista Gil Corona notificó que desde el inicio de la administración encabezada por el actual gobernador Silvano Aureoles Conejo, en 2016, la deuda financiera de Michoacán se incrementó con más de tres mil mdp. En 2015, antes de que Aureoles asumiera el cargo, la deuda pública era de 17 mil 472 mdp, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero, en 2017, subió a 21 mil 188.1 mdp.

El endeudamiento de Michoacán no comenzó con Aureoles, su detonación procede de los primeros años del siglo XXI. Erika González, Miguel Ayala y Rodolfo Aguilera, profesores-investigadores de la UMSNH, en su artículo Deuda pública y dependencia financiera en Michoacán: una interpretación a partir de los conceptos de transición democrática y gobernanza”, afirman que fue en 2002 cuando se crearon e implementaron nuevas políticas públicas en el gobierno estatal.

 Este cambio derivó del desplazamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la gubernatura de Michoacán, que estuvo en sus manos durante 70 años, lapso en el que predominó una misma fórmula de administración pública estatal. El 15 de febrero de 2002, Lázaro Cárdenas Batel, candidato triunfante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), asumió la gubernatura del estado de Michoacán y se habló de un proceso de cambio que denominó “transición democrática”, que no se limitaría al ámbito política.

En efecto, con el acceso de Cárdenas Batel el ejercicio de la administración pública y las finanzas en Michoacán, comenzaron a modificarse y a mostrar un desequilibrio financiero derivado de la contratación de deudas con bancos privados e instituciones públicas. En 2002 la deuda estatal era de 152.8 mdp, cuando a cargo de la Secretaría de Finanzas y Administración estuvo Humberto Suárez López, quien desde entonces es un referente del excesivo endeudamiento michoacano.

El 18 de marzo de 2014, Suárez López fue detenido en Guadalajara, Jalisco, a fin de que enfrentara los cargos por abuso de autoridad y peculado. La comisión de estos delitos se formuló con base en la creación, en 2003, de un fondo denominado Cuenta Cargos por Aplicar, con el que se realizó una serie de operaciones fiscales que -de acuerdo con el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2007- provocaron el incremento de la deuda bancaria.

Fue a partir de lo que popularmente los michoacanos llamaron la “licuadora financiera” de Suárez López cuando se inició el proceso de desatención presupuestal de los servicios sociales de mayor importancia que brindaba el gobierno michoacano, entre ellos la educación pública y la salud. Algunos de los desvíos detectados en la Cuenta de Cargos se emplearon para liquidar otros servicios no contemplados en el Presupuesto de Egresos 2003.

Estas prácticas, por ejemplo, saltaron a la vista entre 2007 y 2011 –periodo en el que otro gobernador asumió funciones- cuando el dinero del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y el del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) -cuyos montos fueron de 976 y 237 mdp, respectivamente- fueron destinados a gastos de otras áreas burocráticas del gobierno estatal. En 2012, la SHCP contabilizó la deuda bancaria de Michoacán en 15 mil 528.1 mdp.

En marzo pasado, Gil Corona dijo que la deuda per cápita de los michoacanos había aumentado considerablemente entre los años 2000 y 2017, en consecuencia, de la crisis financiera gestada a partir de 2002 en el contexto de la llamada “transición democrática”. Esta alza, según estimaciones del economista, elevó del equivalente a 38 pesos en el año 2000 a cuatro mil 999 pesos per cápita en 2017.

El investigador en economía insistió en que las cuatro administraciones gubernamentales de Michoacán no han atendido el problema con base en las lógicas financieras que el Estado demanda en cuanto a su capacidad presupuestal.

Deuda estatal condena educación básica

“Desde el 7 de enero nos instalamos frente al Palacio de Gobierno. Exigimos nuestros pagos. No se nos dio el aguinaldo, tampoco la primera quincena de enero, ni la segunda [sic]. Así como vemos, no nos pagarán la que viene, o sea, la primera de febrero”, declaró la profesora María Isabel Cázares Carrillo, en el plantón de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al igual que María Isabel, otros 32 mil docentes se manifestaban de distintas formas para denunciar la desatención social y salarial de que han sido víctimas desde principios del siglo XXI. En la instalación del plantón, Víctor Zavala Hurtado, secretario general de la sección 18 de la CNTE, indicó a medios informativos que el movimiento se realiza para que el gobierno estatal cumpla con el pago de los salarios correspondientes a diciembre y enero, así como para exhortarlo a que erradique el pago diferenciado entre maestros federales y estatales, pues los primeros “cobran absolutamente todo, y nosotros nada”.

Según información de la Secretaría de Gobernación (Segob) en diciembre pasado el gobierno federal entregó 650 mdp al Ejecutivo estatal de Michoacán para que pagara la nómina adeudada a docentes estatales; pero como el gobierno de Aureoles incumplió con los pagos finales de enero, los profesores exigieron cuatro mil mdp toda vez que el adeudo se acumuló.

El 14 de enero, siete días después de la instalación del plantón frente al Palacio de Gobierno y otros municipios de la entidad –Uruapan, Jacona, Lázaro Cárdenas y Maravatío-, la sección 18 de la CNTE inició el bloqueo de vías ferroviarias en varias municipalidades que afectaron el flujo comercial e industrial entre los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, Colima, con otras entidades del centro de la República.

El gobernador Silvano Aureoles Conejo se encontraba en Madrid, España, para asistir a la inauguración de la Feria Internacional del Turismo 2019 (Fitur). El 23 de enero, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, ofreció al gobierno estatal de Michoacán una transferencia por 200 mdp para subsanar el incumplimiento salarial que afectaba a los 32 mil profesores estatales. En una primera reacción, Aureoles rechazó vía twitter esta oferta, pero horas después enmendó su postura y cedió al exhorto federal.

La profesora estatal, Jatziri Macedo, quien defiende sus derechos laborales al lado de sus compañeros, compartió con esta revista que la situación económica de los trabajadores de la educación es acuciante, además de que el gobierno estatal no les hace caso. “No hemos tenido respuesta por parte del gobierno estatal. Ellos echan la bolita al Gobierno Federal. Silvano se deslinda de todo”.

La maestra Macedo aseguró que no ha recibido la prima vacacional de diciembre –correspondiente al 2018– ni algunos adeudos que datan de 2016, razón por la que sin el pago de una sola mensualidad no puede satisfacer sus necesidades fundamentales. “No podemos cubrir la renta, comidas, transporte y demás pagos que debemos realizar para laborar adecuadamente en las escuelas donde somos profesores. Además, lo poco que nos pagan no es suficiente; entre más sube la canasta básica, menos dinero nos queda para vivir adecuadamente”, refirió.

A pocos días del inicio de los bloqueos ferroviarios en distintos puntos de Michoacán, Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), anunció que estas acciones habían generado pérdidas económicas por 14 mil mdp, así como la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, A. C. (AMF) aseveró que los sectores económicos más afectados eran el automotriz, acerero y granelero, toda vez que se ha impedido el tránsito de dos millones de toneladas de diversas mercancías con la inmovilización de más de 250 ferrocarriles.

Adicionalmente, el presidente de la compañía ferroviaria Kansas City Southern en México, José Zozaya, afirmó que se había frenado el desarrollo productivo de la nación, debido a que autopartes, combustibles, materias primas y alimentos no han llegado a sus destinos al interior de la República y Estados Unidos (EE. UU.).

La postura del sector empresarial ante los bloqueos ferroviarios ha sido unidireccional. En rueda de prensa, los empresarios José López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y su homólogo Gustavo de Hoyos Walther, de la Coparmex, externaron: “Todos los mexicanos tienen derecho a protestar, pero no pueden afectar la productividad, la competitividad del país (...) Que no imperen cálculos políticos, sino el cumplimiento de la ley”.

Se trata de una visión social, política y económica contrastada de lo que ocurre en Michoacán, pero que se desentiende de la problemática financiera del gobierno de esta entidad y de la situación social y laboral de los maestros, que data de hace casi dos décadas. Los sectores empresarial y educativo forman parte de la base económica estatal y nacional, pero la crisis financiera de la entidad michoacana no ha permitido su desarrollo de manera paralela.

Las afectaciones económicas generadas por el movimiento social y laboral de la CNTE se han ofrecido como su efecto más relevante en los ámbitos económico y político, debido a las repercusiones directas e indirectas a terceros, pero ese discurso unilateral soslaya las causas también económicas, sociales y políticas que propiciaron la movilización de los trabajadores magisteriales.

Teresa Carbajal Hernández, intendente de una escuela primaria estatal, replicó: “Yo soy madre soltera. Sin pago no puedo costear la luz, el agua, la comida y el teléfono” y para cumplir con estos gastos “he tenido que acudir a préstamos, pequeños trabajos independientes, venta o empeño de objetos de mi casa. Gano 6 mil pesos mensuales y con ellos hago milagros para cubrir mis gastos”.

Universidad Michoacana, una víctima más

A partir de 2011, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) registró un déficit financiero de más de 100 mdp por año. Los presupuestos para la máxima casa de estudios de Michoacán se han recortado por año. En 2016 sus labores administrativas y docentes se vieron afectadas debido a la disminución de recursos asignados por los dos niveles de gobierno.

Los integrantes del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) elaboraron el documento Causas del déficit financiero en la UMSNH (2017), en el que denuncian los recortes presupuestales impuestas a la universidad entre 2011 y 2016. La primera afectación consistió en una disminución en el subsidio estatal que lo limitó en 2011 a 760 millones 633 mil 500 pesos, y en 2015 solo se asignaron 68 millones 516 mil 649 pesos.

Para 2016, el H. Consejo Universitario presentó un proyecto de presupuesto por dos mil 946 millones 764 mil 32 pesos, pero el Congreso del Estado y el Ejecutivo Estatal lo rechazaron y solo le asignaron 501 millones 725 mil 677 pesos. Asimismo, en 2017, penalizaron un proyecto de reforma vinculado con el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores administrativos y docentes de la universidad, suprimiéndole 391 millones 407 mil 625 pesos.

Actualmente la UMSNH comenzó el año con un déficit financiero de más de 800 millones.