LA ECONOMÍA NACIONAL AL BORDE DEL ABISMO

Consultados por buzos, varios investigadores especializados en economía advierten que los artífices de la Cuarta Transformación de México diseñaron un plan económico para 2019 demasiado optimista.

Martín Morales

2019-01-07
Ciudad de México

Consultados por buzos, varios investigadores especializados en economía advierten que los artífices de la Cuarta Transformación de México diseñaron un plan económico para 2019 demasiado optimista, en el que destaca la “esperanza” de que el escenario financiero internacional se mantenga estable, pero que una variable tan incierta como la paridad entre el peso y el dólar mantiene sobre el filo de la navaja a 100 millones de mexicanos que padecen algún grado de pobreza.

Tan solo un cambio drástico en la cotización de 20 pesos por dólar prevista en los presupuestos de Ingresos y Egresos de la Federación de 2019, dijeron los expertos, alteraría los precios de los alimentos básicos, ya que el 50 por ciento proviene de Estados Unidos (EE. UU.) y se paga en dólares. Lo mismo ocurriría con las gasolinas, que en un 75 por ciento vienen de ese país. El alza del dólar afectaría también a la deuda externa mexicana, hoy equivalente a 10 billones 400 mil millones de pesos.

Sin embargo, para los dirigentes y apologistas de la Cuarta Transformación, los vaivenes del sistema financiero mundial, el cordón umbilical de México con la economía de EE. UU. y los nubarrones de crisis económica internacional no existen, no se ven o de plano son minimizados, porque el efecto anestésico del discurso oficial los mantiene en la infundada creencia de que todo será mejor en este sexenio.

Para ellos, la dependencia mexicana hacia EE. UU., que se profundizó a partir de 1994, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que aumentará con la aplicación de su nueva versión (T-MEC, para los mexicanos y USMCA para EE. UU.  y Canadá), es solo un componente político-económico natural o normal que no plantea ninguna necesidad de revertirlo o al menos acotarlo a niveles que no sean riesgosos para la soberanía nacional.

AMLO refrenda modelo neoliberal

Cuando asumió la Presidencia de la República, el pasado 1º de diciembre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) proclamó como un triunfo del país la concertación del nuevo pacto económico de América del Norte, celebrando implícitamente el esquema de supeditación comercial de México hacia su vecino del norte y, asimismo, los 36 años de vigencia del modelo económico neoliberal en nuestro país, que ha afectado la economía popular y la vida cotidiana de la mayoría de los mexicanos.

El doctor David Lozano, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista con buzos, considera que el equipo económico de la administración de AMLO está esperanzado en que el escenario económico nacional e internacional se mantenga más o menos igual.  “De hecho, eso exponen en su plan económico; que este proyecto está basado en las condiciones tal como se están planeando; es decir, que si cambia el entorno, pues ya no será culpa de ellos, se lavan las manos”, dijo Lozano.

El experto universitario precisó además que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 es de corte neoliberal, pese a que en su toma de posesión AMLO afirmó que el neoliberalismo se había acabado. “Bueno, el Presupuesto de Egresos (donde se fijan los impuestos) nos muestra todo lo contrario; que no es el fin del neoliberalismo, que no hay cambio en el modelo económico. Su plan económico no se enfoca hacia un real crecimiento de la economía (dejan intacto el esquema de una economía exportadora, que no deja recursos importantes al país y no empuja el crecimiento) y no se fomenta el aparato productivo nacional”, detalló el investigador. 

Tan vivo está el neoliberalismo, explicó, que la nueva administración federal morenista tomó como plantilla el plan económico de la anterior administración de Enrique Peña Nieto, haciéndole solo ajustes al presupuesto y dejando prácticamente igual el plan fiscal, con excepción de la reducción del 16 al ocho por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 30 al 20 por ciento en el Impuesto Sobre la Renta en la franja fronteriza libre de México con EE. UU.

“Es el mismo presupuesto; solamente le cambiaron la distribución. Aparentemente algunas partidas se incrementarían, pero el problema es que se están distribuyendo los mismos 10 pesos. Esto no lo respetará la inflación y tampoco el comportamiento que tengan los hidrocarburos (las gasolinas, por ejemplo). Por eso nosotros creemos que en 2019 la economía crecerá con problemas y cuando mucho el 1.2 por ciento”, aseveró Lozano.

Disminuyen expectativas

De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2019, el total a recaudar en impuestos en este año será de 5.8 billones de pesos; el crecimiento económico se calcula en un dos por ciento, dentro de un rango de deslizamiento del 1.5 al 2.5 por ciento; una inflación del 3.4 por ciento, el dólar a 20 pesos y el barril de petróleo crudo a 55 dólares, vendido en el extranjero.

Pero las perspectivas del nuevo gobierno de México no son compartidas por otras instituciones, a las que puede considerarse más realistas. Por ejemplo, el Banco de México (Banxico), con base en una encuesta que levantó entre especialistas, reportó en diciembre pasado que el precio del dólar y las altas tasas de interés en EE. UU. y en México impondrán riesgos a las cuentas alegres vertidas en el presupuesto de 2019, cuentas que pueden ocasionarle un susto al gobierno de AMLO.

 Por ello, los analistas entrevistados disminuyeron su expectativa de incremento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1.97 por ciento que habían previsto en noviembre de 2018 a 1.89 por ciento. El precio del dólar lo ubicaron en 20.70 pesos, a diferencia de los 20.34 pesos que habían pronosticado hace un mes y 0.70 centavos más alto que el calculado por el Gobierno Federal. Sobre la inflación ampliaron su expectativa del 3.86 al 3.9 por ciento, cifra notablemente por encima de la esperado por el gobierno (3.4 por ciento).

El consorcio financiero español BBVA-Bancomer también prevé una inflación del 3.6 por ciento. En su análisis Reporte Macroeconómico Anual para México en 2019, el banco estadounidense Goldman Sachs prevé que la economía mexicana sufrirá una contracción y el crecimiento se ubicará en solo el 1.9 por ciento. Eduardo Loria, econometrista del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (Cempe), de la Facultad de Economía de la UNAM, calcula un crecimiento de apenas 1.4 por ciento y lo atribuye a factores negativos como la incertidumbre financiera internacional que genera la elevación de las tasas de interés en EE. UU. y la consecuente salida de capitales del país; las presiones a las tasas de interés, cambiarias y financieras y la caída del precio del petróleo.

¿En que se apoya el gobierno de AMLO para afirmar que habrá más crecimiento en la economía y que se crearán más empleos?, preguntó buzos al doctor Lozano. Ésta fue su respuesta:

“Creen que el PIB va a crecer de manera natural, pero en la realidad no crece así, depende mucho del comercio y también de algunas otras actividades económicas. Por eso, si nos fijamos, le metieron más dinero al sector turismo; ahí los ingresos sí son fuertes. Pero no se está planteando un incremento en el aparato productivo; se enfocan al crecimiento de la actividad de los servicios, como el turismo, por ejemplo construyendo el Tren Maya”.   

Inflación por encarecimiento del dólar

El nuevo gobierno cuenta con que el precio de los combustibles, en concreto el de las gasolinas, se mantendrá a raya y no se elevará la inflación en 2019. Aplicará, aunque no quiera reconocerlo, la misma estrategia diseñada por el exsecretario de Hacienda José Antonio Meade durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se intervendrá en el precio de los combustibles por el lado del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), que se manipulará de ser necesario para compensar los altibajos del precio del dólar, tratando de evitar un incremento por encima de la inflación, que se espera de 3.4 por ciento en 2019.

Pero esta relación tiene un límite de flexibilidad y la eficacia de esa medida, como se demostró en 2017 y 2018, dependerá del nivel que pueda alcanzar el precio de dólar con el que se compran los combustibles en EE. UU., cuyo consumo en el país equivale al 75 por ciento, porcentaje superior al 50 por ciento de los alimentos básicos consumidos en México que proceden de la nación vecina. El nuevo gobierno confía sin fundamentos en que esta divisa se mantenga en 20 pesos durante 2019, pero eso depende de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos. 

La FED es la entidad del sistema financiero mundial que manipula el precio mundial del dólar; en los últimos meses de 2018 intensificó sus maniobras contra la administración del grupo de poder representado por Donald Trump, subiendo sus tasas de interés como represalia por su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria, de cuyo petróleo busca apoderarse el sistema financiero-militar de EE. UU. El miércoles 19 de diciembre, la FED autorizó un cuarto incremento a su tasa de interés de 2018, ubicándola en 2.50 por ciento, operación que implicará la atracción hacia EE. UU. de inversiones en dólares ahora esparcidas por diversas naciones del mundo, entre ellas México, que seguramente las verá salir del país, junto con el encarecimiento de la divisa estadounidense en territorio nacional.

El doctor David Lozano dijo a este semanario que la apuesta central que el nuevo gobierno está emprendiendo para recuperar la industria energética mediante la rehabilitación de seis refinerías en declive de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la edificación de una nueva en Dos Bocas, Tabasco, no tendrá efectos inmediatos, sino en el mediano plazo y que la administración tendrá problemas de financiamiento en sus primeros años.

“El gobierno le apuesta a que, con ese modelo que pretende aplicar a los energéticos se van a incrementar sus ingresos al aumentar la refinación en México y disminuir las importaciones de gasolinas de EE. UU., pero eso sería hasta dentro de tres años, así es que éste puede ser el primer boquete financiero que tengamos”, refiriéndose con esto a la manipulación que hará el IEPS a las gasolinas en busca de frenar su impacto en la inflación, pero que al mismo tiempo provocaría pérdidas en ingresos fiscales.  

Este tipo de boquetes financieros en el presupuesto se palió con deuda durante la administración de Enrique Peña Nieto, al igual que lo habían hecho los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes tuvieron que pedir dinero al sistema financiero mundial. Cuando el “gobierno del cambio”, encabezado por el panista Fox, llegó al poder en 2000,  la deuda pública era de un billón 330 mil millones de pesos; cuando acabó su sexenio, en 2006, era de un billón 985 mil millones de pesos. Cuando terminó la de Felipe Calderón, en 2012, la deuda había llegado a cinco billones 352 mil millones de pesos; y al finalizar el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2018, alcanzó 10 billones 400 mil millones pesos.

Consecuencias negativas para las mayorías

Los datos sobre las finanzas en dólares antes referidos no serían tan importantes si no fuera porque en términos prácticos el 75 por ciento de las gasolinas usadas en México se compran en esa moneda, lo que influye sustancialmente en el precio de los productos básicos, porque los combustibles son un insumo fundamental para la trasportación de las mercancías vitales de mayor demanda. Además, muchos de los productos alimenticios indispensables –leche, pollo, carne, maíz, etc.– se adquieren también en dólares en EE. UU., de tal forma que un cambio brusco en la paridad peso-dólar puede provocar un irremediable incremento de los precios al público en México, dando al traste con las expectativas de inflación nacional.

Mientras tanto, las presiones de las corporaciones trasnacionales de la energía llegan al país por diversas vías. El 12 de diciembre, al comparecer ante los senadores, el presidente de la autónoma Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, alertó contra un posible incremento en los precios de la electricidad en 2019 debido a la determinación del nuevo gobierno de sustituir inversiones extranjeras con inversiones nacionales. “Lo más importante es conocer los factores para definir cuánto le vamos a meter de gasto público al sector y tratar de quitar las barreras para desarrollarse por la iniciativa privada”, explicó.

El litro de leche Liconsa se mantendrá oficialmente en 5.50 pesos, según anunció esta institución. Sin embargo, el 20 por ciento de los componentes de este producto se importan y pagan en dólares, de tal forma que un alza en la paridad peso-dólar propiciaría un aumento en su precio. El 80 por ciento de las materias primas son mexicanas.

Debido a la inestabilidad en el precio de dólar pueden alterarse los precios del pollo, la carne, el maíz y el trigo, porque sus costos originales están calculados en dólares, por ser importaciones de EE. UU. Gracias al TLCAN, ahora llamado T-MEC y avalado por AMLO, México se ha hecho dependiente en un 50 por ciento de las importaciones agroalimentarias y este porcentaje seguirá creciendo, según los especialistas, porque el T-MEC garantiza el comercio de productos básicos y la compra de estos artículos a EE. UU. en tanto se descuida y minimiza su producción nacional.

En riesgo la soberanía alimentaria

El pasado cuatro de diciembre, Juan Pablo Rojas, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), anunció un incremento en el precio de la tortilla en el arranque de 2019, que justificó por el incremento en los precios de la gasolina y el diésel en 2018. En diciembre pasado, el kilo subió de 14 a 16 y hasta a 19 pesos. Rojas dijo que, si esta nueva administración federal busca revertir estas condiciones negativas en la producción de alimentos, tendrá que invertir más para rescatar al campo y salvar del endeudamiento a los productores.

El empresario sostiene que para evitar la importación y satisfacer la demanda nacional de maíz es necesario que se produzcan 40 millones de toneladas de maíz anuales; y que para ello es necesario que el gobierno destine mayores inversiones y apoyos al cultivo de este grano y, en general, a las agroindustrias mexicanas. El presidente de la CNPAMM enfatizó que si no hay más dinero para el campo, difícilmente se podrá remontar la dependencia alimentaria hacia el extranjero. Se necesitan recursos, dijo, para mejorar los sistemas de riego, la maquinaria agrícola, construir centros de almacenamiento, más infraestructura carretera. La recuperación podría tardar entre tres y seis años.

Informalidad y precariedad laboral

En cuanto a los ingresos populares, los directamente beneficiados por el aumento salarial decretado de 88.36 a 102.68 pesos diarios (tres mil 80.40 pesos al mes) serán estrictamente ocho millones de trabajadores formales, quienes ganan por lo menos un Salario Mínimo general (SMG) y menos de dos, de entre un total de poco más de 20 millones de trabajadores formales y más de 30 millones de informales. Las condiciones serán distintas para quienes laboran en la informalidad y para quienes ganan de dos SMG en adelante en el sector formal, cuyo incremento dependerá de las negociaciones individuales o contractuales.

El doctor Lozano dijo que esta medida no va a reactivar el mercado interno porque no  incrementará de manera relevante el poder de compra de los trabajadores. “Este aumento se va a aplicar al SMG; pero ojo, quienes reciben un SMG en México son unos ocho millones y el grueso de los trabajadores recibe salarios contractuales. El que no ha subido nada es el salario contractual. Están subiendo el SMG, no el contractual (éste se negocia por separado, individual o colectivamente). Si se incrementaran todos los salarios, el general y los contractuales, entonces habría un impacto en el mercado interno”.

Alejandro Vega, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), comentó que la “clave para impulsar el mercado interno está en una política salarial integral, no solamente en el caso de los mínimos”.

En los hechos, habrá dos SMG, cuya diferencia será del doble, pues se dará trato diferenciado a los trabajadores localizados en la frontera norte, declarada “zona económica libre”, en donde el SMG pasará de 88.36 a 176.72 pesos al día (cinco mil 301.60 pesos al mes). En la frontera, el aumento salarial al doble de lo nacional está acolchonado financieramente. El IVA baja también la mitad, del 16 al ocho por ciento, y el ISR del 20 al 30 por ciento.

Los especialistas hicieron ver otras disparidades en materia salarial, como el caso de la beca para “ninis”, quienes recibirán tres mil 600 pesos mensuales mientras empiezan a aprender algo en una empresa; en tanto, cada uno de los ocho millones de trabajadores beneficiarios con el incremento salarial, que ya cuentan con experiencia y laboran ocho horas diarias durante siete días a la semana, obtendrá solo tres mil 80.40 pesos al mes. 

Se supone que con el ajuste al salario mínimo, todos se ubicarán dentro de la línea de bienestar fijada por el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval); sin embargo, si se mira en perspectiva, es otra la realidad, pues datos de este mismo organismo, a septiembre de 2018, indican que el 39.3 por ciento de la población tenía un ingreso inferior a esta línea de bienestar.

En los casos de los estados con mayor marginación –Chiapas, Guerrero y Oaxaca– más del 60 por ciento de la población tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar. En Oaxaca, el nivel de informalidad laboral, a noviembre de 2018, era del 82.1 por ciento del total de su población económicamente activa (PEA). Ocho de cada 10 oaxaqueños trabajan en el sector informal y a quienes, desde luego, no aplica el incremento al SMG.

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al 30 de noviembre de 2018 revelan que el total de los trabajadores formales en México es de 20 millones 457 mil 926; si a esta cifra se restan los 53 millones 604 mil 164 millones del total de la PEA, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los trabajadores que laboran en la informalidad suman 33 millones 146 mil 238, cifra con casi tres millones de “informales” más al cómputo reconocido oficialmente por el Gobierno Federal.