Antidoping a la Capital en Movimiento
Óscar Daniel Balderas Méndez

Bajo la lupa estarán los más de 170 mil servidores públicos que laboran en el Gobierno del Distrito Federal. El pasado lunes 24 de marzo, mientras la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) vivía tensos momentos por una posible huelga administrativa, el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) presentó, a través del diputado local Agustín Castilla, una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, buscando que su aprobación se traduzca en que todos los burócratas, de todos los niveles, sean sometidos a un examen toxicológico que determine si son usuarios de drogas ilegales como marihuana, cocaína y metanfetaminas, entre otras sustancias.

La iniciativa de ley, presentada al diputado priísta Jorge Schiaffino, presidente de la Mesa Directiva, argumenta que es necesario conocer quiénes de los servidores públicos consumen drogas, pues su consumo “establece (que el consumidor tiene) vínculos directos con narcomenudistas y, por ende de manera indirecta, con el narcotráfico”, vínculos que actualmente la Secretaría de Seguridad Pública capitalina cuenta por arriba de los 5 mil puntos de venta de droga en la capital, contrastando con los 2 mil 111 puntos que existían en 2005, representando un crecimiento del 145 por ciento para el negocio del narcomenudeo en el Distrito Federal, en menos de tres años.

Según la última Encuesta Nacional de Adicciones, realizada por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Distrito Federal hay más de 421 mil habitantes que consumen drogas regularmente, y el 12. 9 por ciento de la población total de la capital ha probado alguna droga; es decir, más de millón y medio de personas en la ciudad de México tienen contacto, único o frecuente, con estupefacientes. De ese universo de un millón y medio de personas, la reforma a la ley pretende identificar a los servidores públicos y, en su caso, sancionarlos.

Sin embargo, en México no existe alguna ley que obligue a los servidores públicos a realizarse una prueba toxicológica; la iniciativa propone realizar de forma aleatoria los exámenes antidoping, lo que contraviene las normas técnicas que regulan estas pruebas de detección de drogas, que se obtienen a través de una muestra voluntaria de sangre, orina, saliva, sudor o cabello. El GPPAN ha optado por defender su iniciativa de ley argumentando antecedentes o leyes ya aprobadas en otros estados -como sucede en Baja California-, evadiendo la necesidad de legislar, primero, las normas técnicas para el antidoping, haciendo tambalear a la iniciativa entre la tibieza legal y la ilegalidad.

“Antidoping” positivo y pueden conservar empleo

La iniciativa presentada por el diputado Castilla está fundamentada en dos antecedentes legales: el primero, la reforma al artículo 223 del Código Electoral del Distrito Federal que establece como requisito exámenes antidoping a todos aquellos candidatos a un cargo de elección popular; el segundo, el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California, que impone la prohibición expresa de consumir drogas a los servidores públicos.

Aún sin legislar sobre la figura jurídica del examen toxicológico, el GPPAN ha manifestado su optimismo sobre la aprobación de la iniciativa de ley. “Yo creo que no hay ningún tipo de impedimento para que no pasara (la propuesta de ley). Creo que puede haber coincidencias, hay que recordar que el jefe delegacional de Iztapalapa ya implementa estos exámenes toxicológicos entre los servidores públicos de su demarcación. Si fueran congruentes, el PRD tendría que aprobarla”, dijo en exclusiva para buzos el diputado Castilla.

Sin embargo, el triunfalismo blanquiazul podría diluirse en la discusión. La iniciativa, al no contemplar como obligatoria la prueba de drogas, solamente sugiere su implementación. Un servidor público, aun con la ley aprobada, puede negarse a la prueba y no perder su empleo; más grave aún, puede dar positivo por cocaína o metanfetaminas y puede conservar su cargo.

La iniciativa sugiere que la negativa a la prueba o un resultado positivo por drogas ilegales no signifique la separación definitiva del cargo o una acción penal; propone que el examen antidoping únicamente sea tomado en cuenta como una referencia para cesar o revalidar el cargo al servidor público. Inclusive, aún con el antidoping positivo se le puede ratificar su puesto, o dar un ascenso, siempre y cuando lo apruebe su superior y el cargo o la información que maneje no sea confidencial o signifique un riesgo para la institución en que labora.

El ciudadano paga

En caso de que un servidor público dé positivo en la prueba -y esté interesado en mantener su empleo-, deberá someterse a un programa de rehabilitación que, de alguna manera, paliara su resultado toxicológico. La estancia, los medicamentos y el programa terapéutico de quien decida, voluntariamente, ingresar a rehabilitación estará pagado con dinero público a través de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SSDF), según explica la página 12 de la iniciativa presentada.

Es decir, la ley no contempla que el programa de rehabilitación lo pague el interesado con dinero propio, sino que su recuperación sea pagada con dinero proveniente del fisco.

Lo mismo sucede con las pruebas toxicológicas; quien quiera contender a un cargo de elección popular deberá pagar, con dinero propio, su examen toxicológico en cualquier centro de salud, ya que aún no forma parte de la Administración Pública Local; sin embargo, los exámenes aleatorios que se practicarán a quienes sí sean servidores públicos deberán ser pagados por la SSDF, institución a la cual no se le ha informado sobre un nuevo presupuesto que contemple la erogación de recursos para el antidoping.

¿Iniciativa sin iniciativa?

“La iniciativa del diputado Castilla es una iniciativa sin iniciativa; lo digo en el estricto sentido de la palabra: no marca un procedimiento hacia alguna cuestión política. Es una ley absolutamente prescindible”, aseguró el Doctor Ángel Rojas, especialista en Derecho Constitucional.

“Hay una especie de ‘moda’ en la ALDF para hacer leyes innecesarias; la ley de sociedades de convivencia, aunque es necesaria y celebro que se haya aprobado una ley antidiscriminatoria, tiene figuras jurídicas ya expuestas como el derecho a heredar; lo mismo sucede con esta ley del antidoping. Hay una ambigüedad peligrosa: te obligo, pero no te obligo; tienes que hacerlo, pero puedes escoger no hacerlo; si no consumes drogas puedes mantener tu empleo o ascender; si consumes drogas también puedes mantener tu empleo y ascender, ¿cuál es, entonces, lo relevante de la ley?”, argumentó el experto.

Contrario a lo que sucede en las diferentes fuerzas policiacas del país, donde son obligatorios los exámenes toxicológicos y si el resultado es positivo significa la separación inmediata del cargo y el inicio de un juicio civil o penal, esta ley concede a los servidores públicos la posibilidad de que aun consumiendo drogas se mantengan al frente de una institución gubernamental.

La ley también, argumentando respeto a la vida privada, concede otro privilegio para quienes den positivo en las pruebas: su identidad será guardada con celo, a pesar de que su consumo de drogas esté relacionado con un puesto público. Los nombres de los servidores públicos que reprueben el antidoping serán archivados en la categoría de “información confidencial” según lo establece de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: es decir, junto a la información que podría vulnerar la seguridad nacional, estará el ostracismo de la identidad de los hombres del poder público que, amparados en la ambigüedad de esta ley, despachan en la Ciudad de México en dos tiempos simultáneos: el consumo de droga y el falso discurso del combate al narcotráfico.