Póquer de expulsados
Lorenzo Delfín

El 7 de abril, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) concretó uno de sus deseos contenidos: expulsar de sus filas a cuatro guanajuatenses que urdieron (y que, en respuesta, también sufrieron), en detrimento del partido una serie de jugarretas antes, durante y después de la deplorable experiencia electoral priísta en el año 2006.

En el póquer de expulsados, tres nombres pudieran resultar de interés sólo para efectos regionales: Alejandro Arias Ávila, Antonino Lemus López y Felipe González Razo.

Pero el cuarto, la cabeza visible del grupo, trasciende las fronteras de aquella foxista tierra debido al papel eminente que ejercía en el PRI, particularmente en la Cámara de Diputados, primero, y luego como pieza notable en el juego de “pulgas locas” como en ese momento se conducía el priísmo en la pelea por candidaturas a cargos de elección popular.

Se trata de Wintilo Vega Murillo, un individuo de hablar y comportamiento extraños que desde 2000 hasta 2004 fungió como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato. Después, arribó a la LIX Legislatura federal con tanta buena suerte que, luego del cisma político que obligó a Elba Esther Gordillo a dimitir como coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, fue operador de cabecera del nuevo coordinador en San Lázaro, Emilio Chuayffet Chemor.

A Vega Murillo, varias veces exhibido por sus opositores debido a sus limitados conocimientos sobre procedimiento parlamentario, se le atribuyó en esa Legislatura la paternidad de todo tipo de proyectos, los más con tintes de chanchullo, como el haber articulado, a su modo, la creación de la comisión legislativa que investigaría a la familia de la entonces primera dama, Marta Sahagún, distinguida por su ambición desmedida. La conseja mediática lo responsabilizó de negociar con la propia Sahagún el futuro de la comisión, cuya actuación era de rabia inaudita. Sin argumento sólido, el grupo investigador desapareció y Wintilo Vega fue candidato del PRI a la gubernatura de Guanajuato. Otra vez la especulación: fue Marta Sahagún, antes que el PRI, quien decidió la candidatura.

El embrollo fue mayúsculo. Vega Murillo no era candidato de Mariano Palacios Alcocer, dirigente entonces del PRI, ni de Roberto Madrazo, candidato a la Presidencia de la República. Y, para “escarmiento” del dúo Vega-Sahagún,  empujaron la reactivación de la Comisión Legislativa, que para ese entonces se daba frentazos ante el rejuego de que era objeto.

Al mismo tiempo, Palacios y Madrazo le impusieron a Wintilo la fórmula guanajuatense para el Senado de la República y obtuvieron el resultado que ansiaban: el 21 de marzo de 2006, Vega Murillo, inconforme, dejó tirada la candidatura al gobierno de Guanajuato. Al otro día, en su lugar, fue designado Miguel Ángel Chico Herrera. Ante el desastroso resultado electoral, Chico Herrera volvió a su cargo de liderazgo estatal.

Se acercaba, sin embargo, la elección el 11 de febrero de 2007 para renovar la dirigencia nacional priísta, circunstancia que utilizó Vega Murillo para “negociar” con Beatriz Paredes los votos de los consejeros priístas guanajuatenses, a cambio de que le fuera devuelta la dirigencia estatal. De lo contrario, se iría con “todo y chivas” al PRD. Acorralada, Paredes cedió, triunfó y, ya como lideresa priísta, dio sus primeros pasos para “recuperar Guanajuato”: en agosto de 2007, arremetió contra su aliado oportunista en un enfrentamiento público entre priístas que produjo varios heridos.

Fue entonces que le refrescó a Wintilo Vega una auditoría, ordenada por Chico Herrera y concluida el 14 de julio de 2006, sobre su administración partidista.

En un farragoso expediente de 435 páginas estructurado por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, 17 consejeros políticos estatales del PRI-Guanajuato, que utilizaron la auditoría, le endilgan a Wintilo Vega Murillo y a sus tres alegres compadres toda clase de trapacería, desde agresiones físicas hasta la febril falsificación de facturas. La decisión fue contundente: EXPULSIÓN.

La firma es inconfundible: la irrenunciable esencia del PRI como ajustador de cuentas.