La vivienda
Edgardo Lara

El valor de la fuerza de trabajo, que se puede entender como el salario, que de acuerdo a las leyes del intercambio de mercancías se debería pagar al trabajador, se determina por el valor de los medios de vida indispensables para mantener la normal capacidad de trabajo de su poseedor y sostener a los miembros de su familia, y también por los gastos que implica el aprendizaje del obrero. Es decir, el valor de la fuerza de trabajo (léase el salario) debería ser suficiente, ateniéndose a las leyes propias del sistema de producción capitalista, para que el obrero y su familia tengan un nivel de vida digno, que le permita al trabajador reponer las energías gastadas durante la jornada de trabajo y a su familia vivir, si no en la opulencia, por lo menos en una “decorosa medianía”: alimentación, educación, vestido, salud y vivienda adecuados.

Ateniéndonos estrictamente a lo que más arriba hemos definido, se supondría que el patrón capitalista es el responsable de dar al obrero la oportunidad de tener una vivienda digna para sí y para su familia. Lo cierto es que esta tarea se ha relegado al Estado, por un lado porque incluso aquéllos que no tienen un empleo deberían, por elemental humanismo, tener derecho a un lugar para vivir y, por otra parte, porque el ansia de mayores ganancias por parte de los capitalistas los lleva a deshacerse de esta obligación, que les impone el intercambio de equivalentes en el mercado, pasándosela al Estado que satisfará esta necesidad sin privarlos de sus ganancias y a partir del presupuesto público, lo que abarata el costo de la fuerza de trabajo a los capitalistas, aumentando sus ganancias.

Sin embargo, queda bastante claro que, con los salarios de miseria y las cifras de desempleo y empleo informal en la economía mexicana, resulta imposible que los trabajadores paguen, sin ayuda del Estado, una vivienda que les permita vivir en buenas condiciones. Y dado que el Estado ha aceptado realizar esta tarea -que le correspondería a la clase capitalista nacional, que debería hacerlo a través de salarios decentes-, lo más sensato es, pues, exigir que el gobierno cumpla con ese compromiso. Así las cosas, los gobernantes de todos los niveles deben ver en la provisión de vivienda, dotada de todos los servicios públicos básicos, una de sus tareas primordiales, y si no la cumplen, que no se asusten si el pueblo organizado pide que se le resuelva esta necesidad.

La pugna actual de los solicitantes de vivienda en Texcoco para que el gobierno municipal les permita edificar sus viviendas en un terreno que ya adquirieron, con todas las de la ley, no constituye violación alguna a ésta, ni siquiera a las leyes económicas del capitalismo, sino una exigencia legítima al gobierno para que cumpla con la obligación que le corresponde, y toda negativa debe ser tomada como una declaración de guerra contra los intereses de los mas pobres. Constanzo de la Vega, edil texcocano, como muchos de los “dictadorzuelos” de a peso que han emanado de las filas del Partido de la Revolución Democrática, que no enumero aquí por economía de espacio, con sus desplantes demuestra que está muy lejos de entender, verdaderamente, la necesidad de vivienda del pueblo pobre a quien dicen representar.

En efecto, la solución al problema de la vivienda y en general al de la pobreza en que está sumida la mayor parte de la población mexicana no vendrá desde los partidos políticos, por lo menos no de los ahora existentes; ya lo dijo un gran hombre: “la patria que tenemos debe cambiar, esta inmensa riqueza debe repartirse equitativamente, sobre todo, entre quienes la producen, que son los trabajadores, los que sudan en las fábricas y en los talleres y en todos los oficios de la patria, pero este reparto de la riqueza no va a bajar por gracia divina del cielo, lo tenemos que lograr organizados; este país debe ser gobernado por el pueblo trabajador, como quería hacer Sancho Panza”.