El petróleo y las fábricas de privatización
Abel Pérez Zamorano

Para hacer más digerible la disfrazada privatización del petróleo mexicano, el gobierno promete grandes beneficios para la sociedad. Se nos dice insistentemente que al otorgar concesiones de refinación, abriendo la actividad petrolera al capital privado (eufemismo empleado para no decir privatización), dispondremos de más recursos. Sin embargo, la lógica más elemental sugiere que no es así, y que en realidad estamos ante un refinado manejo mediático de la reforma, que pretende ocultar su verdadera naturaleza: la creciente penetración y dominio del capital y las transnacionales en todos los ámbitos de la economía. Ciertamente, el manejo político es cuidadoso y el gobierno nos dice que sólo se aceptará capital privado en algunas actividades específicas y dentro de ciertos límites, pero ello no cambia para nada que estamos ante un avance del capital, aunque sea por etapas y con el debido cuidado que las circunstancias imponen.

Ante los cantos de sirena sobre la bonanza que nos espera, bien nos haría un poco de cautela, y preguntarnos: ¿cómo es posible que si hasta hoy, disponiendo el gobierno directamente de todos los ingresos petroleros, los niveles de bienestar popular han empeorado, ahora resulte que pasando ese ingreso a manos privadas, mejoren las cosas para los pobres? Extraña lógica en verdad.

Para entender lo que ocurre, no debemos olvidar que la razón de ser de las empresas no es otra que obtener el máximo de ganancia y acumular el máximo de capital, a costa de lo que sea; resulta entonces un verdadero contrasentido que con la empresa privada en el sector petrolero las cosas mejorarán para los pobres. Más concretamente, la experiencia dice que las privatizaciones no llevan a reducir, sino a elevar los precios, como consecuencia obligada, pues los nuevos propietarios privados, animados del mejor deseo de altas utilidades tienden a elevarlos, más aun cuando adquieren poder monopólico. Es bien sabido, por ejemplo, que una vez privatizado Teléfonos de México, los precios de sus servicios se dispararon, gracias a su poder de mercado: sus tarifas por teléfono fijo son 65 por ciento más altas que el promedio en los países de la región, y las de telefonía celular, 312 por ciento mayores (Le Monde Diplomatique, abril de 2008). Así, pues, con la entrada del capital privado, es de esperarse un aumento en los precios de productos derivados de la industria petroquímica, como las gasolinas.

Tampoco es cierto que la privatización vaya a elevar el bienestar de los mexicanos, si consideramos la importancia del petróleo en los ingresos del gobierno federal: arriba del 36 por ciento. Tan sólo en el año 2006, Pemex aportó 52 mil millones de dólares, cantidad semejante al monto total de la deuda pública. Por consiguiente, al ser desplazada la inversión pública por la privada, aunque sea paulatinamente, se irá abriendo un hueco cada vez mayor en las finanzas públicas (cerca del 40 por ciento del total, considerando los excedentes obtenidos gracias a los precios récord del crudo). En esas circunstancias, ¿cómo va a subsanar el gobierno tal reducción en sus ingresos? No hay que ir muy lejos por la respuesta: aplicará mayores impuestos, mas no precisamente a los grandes empresarios, porque, como es de sobra conocido, ellos son maestros en el arte de la evasión. Quien pagará será, nuevamente, el pueblo. Agréguese a esto que, al mermar sus ingresos, el gobierno tendrá menos recursos disponibles para atender necesidades de los sectores más desprotegidos, por lo que deberá reducirse el gasto público en programas sociales, apoyo a campesinos, educación y salud, etc.

Otro argumento esgrimido para convencernos de las bondades de la privatización es la pretendida ineficiencia de Pemex, pero semejante autoinculpación debiera llevar en primer lugar a los funcionarios federales a preguntarse: ¿quién lo ha administrado hasta hoy y es, por tanto, responsable de esa ineficiencia? Precisamente ellos. En todo caso, el reconocimiento paladino de que la empresa es ineficiente constituye la admisión tácita de incapacidad de quienes la han dirigido. La cruda realidad es que, con toda intención, se ha dejado caer a Pemex, sometiéndolo a un régimen fiscal depredador, que le quita casi todos sus ingresos (y a veces hasta más), impidiéndole reinvertir y modernizarse, para ahora justificar su venta gradual “a quienes sí puedan mejorarlo”. Bastante burdo el razonamiento.

Pero no nos confundamos. Tras esas maniobras está el interés de las compañías petroleras, sobre todo norteamericanas, como Chevron-Texaco, Exxon-Mobil o Halliburton que refinan nuestro crudo y nos ponen en la necesidad de comprarles de regreso el 40 por ciento de la gasolina que consumimos; consecuentemente, ellas estarán entre los principales beneficiarios de la “apertura”. A este respecto, llama la atención que George W. Bush, representante de esos intereses, está por concluir su mandato, y no es muy seguro que su partido retenga la Presidencia, hecho que estaría influyendo para apresurar la privatización. Agréguese que Estados Unidos importa el 70 por ciento del petróleo que consume, situación que se complica con los altos precios mundiales, más aún con la guerra de Irak empantanada. Asimismo, depende en alto grado del petróleo venezolano (alrededor de 1.5 millones de barriles diarios comprados a PDVSA), lo cual representa un punto vulnerable que puede cubrirse, adueñándose del mexicano, y dejando de paso a Venezuela en serios problemas para colocar el suyo.

Visto el problema en términos más generales, estamos ante la confrontación de dos paradigmas, como suele llamárseles, del desarrollo económico: el norteamericano, que sólo concibe como eficiente a la empresa privada, y de otra parte el que postula que la pública también puede serlo. En apoyo de este último está el crecimiento acelerado de potencias como Rusia (7 por ciento anual), fuertemente apoyada en Gazprom, empresa de régimen público y la más grande del mundo en su tipo, y China, con tasas superiores al 10 por ciento, también sobre la base de una fuerte presencia del sector público en la estructura empresarial. Sin embargo, nuestros gobernantes, subordinados a las grandes transnacionales, siguen al debilitado modelo americano, pero tras esa aparente irracionalidad está el interés del capital, que avanza apoderándose de todos los espacios de la economía, avasallando a gobiernos sumisos y aprovechando la falta de respuesta política de los pueblos.