Mouriño, coincidencias organizadas
Álvaro Ramírez Velasco

Aún con la aprobación, en la Cámara de Diputados, de la Comisión Especial que investigará el tráfico de influencias del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, nada se logrará en el terreno jurídico, pero sí se hará mella al actual gobierno en lo político.

No veo cómo el habitante de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, sea lo suficientemente honesto y valiente como para meter a la cárcel o destituir a su pupilo, por los contratos ilegales que firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex), ya como funcionario, para beneficiar a su empresa familiar Ivancar S.A. de C.V., dedicada, principalmente, a la transportación de hidrocarburos.

Las fracciones de oposición en la Comisión de la Cámara de Diputados buscan, esencialmente, que el tema no salga de la agenda nacional y administrar, el mayor tiempo posible, el escándalo que pone en duda la premisa más valiosa que ofreció Calderón en campaña: “las manos limpias”.

Y es que más allá de las culpas y los delitos de Mouriño, de quien ya se ha hablado mucho, los siete contratos que, hasta el cierre de esta edición, se habían dado a conocer -aunque este columnista tiene información de que serán más-, evidencian una red de tráfico de influencias, en el que el eje es el grupo de Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN).

Veamos. La mayoría de los contratos fueron otorgados a Mouriño cuando Calderón era el secretario de Energía y César Nava Vázquez, otro de los calderonistas más cercanos, era el abogado general de Pemex, y se supone que debió vigilar que fueran legales.

Nava Vázquez, actual secretario particular de Calderón, también entregó contratos millonarios a la empresa Oceanografía, cuyos principales gestores en el tráfico de influencias fueron los hijos de Marta Sahagún, esposa del ex presidente Fox: los hermanos Bribiesca.

En más de una ocasión, a Oceanografía le fueron retirados contratos por incumplimiento, pero presentó recursos de inconformidad contra Pemex, algunos de los cuales ganó de la mano del bufete jurídico del ex senador panista Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador Antonio Lozano Gracia.

Pero hay más: Mouriño -es necesario recordar que antes de llegar a la Secretaría de Gobernación fue el titular de la Oficina de la Presidencia- colocó al frente del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción -área encargada de otorgar contratos millonarios-, a su cuate de la infancia y ex empleado de sus empresas familiares, Karim Elías Bobadilla. Este joven contador de 37 años fue empleado del papá de Juan Camilo, Carlos Mouriño Atanes, en el Corporativo GES (Grupo Energético del Sureste); de ahí la estrecha relación de muchos años.

Pero ahí no terminan las casualidades, la esposa de Karim, la señora Karla del Carmen Pérez Marrufo, es nada menos que la coordinadora general de Delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), área que tiene que vigilar a las gasolineras de todo el país. Casualmente, también la familia de Mouriño tiene muchas despachadoras de combustible.

¿Coincidencia organizada u organización para delinquir? Esa pregunta, desgraciadamente, no tendrá una respuesta jurídica, pero sí política y en la opinión de cada uno de nosotros.