En turno, el marihuanazo
Lorenzo Delfín

En este instante, todas las escuelas de pensamiento deben enfrentar una seria crisis si es que se ocupan en debatir sobre el concepto de libertad y congruencia que tiene una buena parte de legisladores mexicanos, que no bien acaban de crear leyes que acotan el consumo de tabaco en el país, particularmente en la capital, cuando ya se esmeran para, en nombre de la libertad, legislar para despenalizar el consumo de la marihuana.

Es cierto que en un país de libertades siempre es apetitoso abusar de ellas, empezando por darle cada cual una interpretación a modo cuando se nos atraviesa la necesidad de concedernos caprichos que lindan entre lo legal y la posibilidad de romper las reglas que la sociedad se impone por salud propia, para armonizar la coexistencia.

Pero lo que no se justifica es que, amparados en ello y en el alucine total (¿pos qué se metieron?) por el éxito mediático de su controvertida ley antitabaco, los legisladores hagan como que ignoran la contradicción que arrastran: limitar, por un lado, la libertad de la ciudadanía para “protegerla” de un vicio, e inmediatamente después liberalizar la práctica de otro, quizá igual o más pernicioso.

La intentona, fuera de las deliberaciones de carácter moral y en materia de salud pública, tiene una lectura de indiscutible propósito político clientelar, lo que le atrae la censura.

De ese grupo variopinto de diputados, sobresalen aquellos que, apropiados de la tolerancia, son promotores a brazo partido de la legalización del consumo de la droga para abonar el capital político que han amasado en la ciudad de México, con nuevos y “progresistas” coscorrones a sus adversarios ideológicos, para despojarlos de su hipocresía.

Su primer desquite, y que aún no digieren los moralinos capitalinos, fue la despenalización del aborto cuya constitucionalidad divide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acusan a sus enemigos de clase de cultivar una doble moral, la misma que ellos practican pero que convierten en traición al inventar disposiciones reglamentarias para combatir a sus antiguos aliados, como los ambulantes, sector que los impulsó a ocupar la estatura política que ostentan en el DF.

Aún así, un proyecto de esta naturaleza (con tintes de sospechosismo), que pudiera traer consecuencias funestas en cualquiera de los terrenos que pretenden proteger, obliga a los diputados a despejar las dudas sobre el manejo sedicioso que le han impreso, anteponiendo la juventud (la de ellos y de su clientela) como liberal carnada seductora para atraer presas a su huacal.

A su vez, los ciudadanos, de la condición social que sea, están obligados a examinar a conciencia sus desventajas y virtudes, a fin de impedir un eventual “marihuanazo”… por mucho que el consumo de la yerba sea restringido a tres gramos por persona/día. Y como somos expertos en esas lides de interpretar la ley de manera mañosa, habrá entonces quien, pescado in fraganti con un monumental cargamento de cannabis, argumentará a su favor que es para el consumo personal por el tiempo que le resta de vida.

Los jóvenes diputados, sin duda responsables ya de una controversia sobre la noción universal de la libertad, atienden a un grueso de la población que supone, de “acuerdo con estudios científicos”, que “el consumo de marihuana no genera graves problemas sociales o sanitarios”. A propósito de libertades, echan mano de su facultad para legislar lo que se les dé la gana, sin reparar aparentemente en que en este caso abren una puerta al abuso y omiten una interpretación coherente respecto del origen de las descarnadas escenas que produce la drogadicción y el tráfico de drogas. Ávidos como están de capital político, rehuirán su responsabilidad a la hora de enfrentar las consecuencias.

No será raro que en una próxima contienda, esos diputados, identificados porque sus criterios sobre el ser liberal son muy limitados y, por ende, arbitrarios y facciosos, le embutan a la sociedad una ley para delimitar zonas y segregar ahí a los prejuiciosos individualistas que ponen el grito en el cielo por los daños causados a su salud y a su “altísima moral”, obligados a no trasponer las áreas libres donde los adictos dan rienda suelta a su afición por la mota.
En descargo, así como diseñaron el alcoholímetro, sus afines en el Gobierno del Distrito Federal no tardarán en imponer un “motómetro” que ni el padre de los amparos podrá evadir, para regocijo de la famosa, por corrupta, policía preventiva que verá en ello una extensión de su amplia gama de posibilidades para extorsionar.

Encarrerados como van, tampoco será difícil la participación de esos diputados en un hipotético proyecto legislativo para declarar determinados sectores del país (concretamente del DF) como “regiones libres de actuación delincuencial”, en atención a otra porción de mexicanos con los que nutren sus filas partidistas.
Cuidado, uno de los poderes constitucionales se empeña en confirmar que es, como se le acusa, una fábrica de patrañas legislativas.