La embestida de la oligarquía colombiana
Azucena del Campo

El cobarde asesinato de los opositores a la burguesía colombiana no se llevó a cabo “en la frontera” sino en el territorio de un país soberano como lo es Ecuador. Ésa es la primera aclaración que me parece fundamental hacer ante los lectores. Nadie debe caer en el engaño de los poderosos medios de comunicación que atenúan la gravedad de la agresión diciendo que los hechos tuvieron lugar “en la frontera” o, cuando quieren ser más creídos, aparentan precisar que la escena del crimen está sólo “a mil 800 metros” dentro de la frontera de Ecuador. La segunda aclaración para todo el que quiera escucharla y tenerla en cuenta es que no se trató de “un enfrentamiento” sino de un ataque unilateral y por sorpresa, de una emboscada a gente que dormía; nadie debe olvidar que desde que se inventaron los enfrentamientos se acabaron los homicidas de las clases dominantes.

Pero lo más importante de todo, lo que debe interesar a los pobres de México, a los mexicanos y a todos los seres humanos progresistas y honrados, es que la minoría explotadora de la clase obrera de Colombia perpetró una sangrienta matanza de quienes se oponen a su arbitraria y cruel dominación. En Colombia, como en gran parte de América Latina, quienes son los dueños de la patria y sus riquezas, quienes se han apropiado de la vida digna, son unos cuantos, mientras que, en el otro lado de la realidad social se apiñan millones de pobres, que carecen hasta de lo más indispensable. En Colombia, la tierra de petróleo, gas natural, carbón, hierro, níquel, oro, cobre, energía hidroeléctrica y esmeraldas, entre otras fabulosas riquezas, según datos oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el gobierno tiene una deuda que llega al 53 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y la mitad de sus habitantes vive por debajo de la línea de pobreza. La lucha por la justicia social está, pues, a la orden del día.

Lo que tampoco tiene madre -y perdónenme el exabrupto- es que Álvaro Uribe vaya a denunciar por genocidio ante la Corte Penal Internacional de La Haya al presidente de Venezuela Hugo Chávez. Es inaudito que, precisamente después de una incursión armada en un país extranjero que deja 22 muertos, se quiera hacer creer a la opinión pública que el genocida no es Uribe sino Hugo Chávez, quien es el que protesta. Es ésta, amigo lector, una de las típicas artimañas de los señores del poder en las que arrojan sus propias culpas sobre espaldas ajenas. Nadie lo creería si estuviera correctamente informado, pero el dinero, la propiedad privada sobre los medios de comunicación más importantes, no sólo le permiten, sino que le garantizan éxito a la clase dominante en la difusión y credibilidad de cualquier versión de cualquier hecho, si así conviene a sus intereses.

En la salvaje matanza que ya gran parte del mundo conoce y condena, fue muerto, junto con otras 21 personas, uno de los dos líderes más importantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyo nombre de batalla era Raúl Reyes y el original era Luis Édgar Devia. Raúl Reyes fue líder sindical, había recibido formación en la antigua Unión Soviética y se consideraba a sí mismo como un marxista leninista. No descarto, de ninguna manera, que detrás del operativo del ejército colombiano en contra del dirigente de las FARC haya estado la labor de espionaje de alta tecnología efectuada por los satélites estadounidenses y la consecuente instigación por parte del gobierno de George W. Bush, quien así demostraría por enésima ocasión el nulo respeto que le merecen, ya no sólo la lucha de los pueblos, sino la soberanía de las naciones y el derecho internacional. Tenemos, pues, en tal caso, la vieja connivencia de los tiranos que no puede ser enfrentada más que con la férrea unión de todos los proletarios.