El amparo del IETU
Brasil Acosta Peña

No acababa de escribir la colaboración anterior, en la cual refería que los empresarios mexicanos eran, según mi profesor de Economía Política, unos “chillones”, y para ello pusimos como ejemplo las quejas de prominentes empresarios contra el gobierno federal, argumentando “falta de apoyo”, cuando salieron a relucir voces empresariales pidiendo “prórroga” para no pagar el IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única), supuestamente porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de cobrar tal impuesto, no tenía preparados los formatos para recibirlo. Este argumento se echa abajo en el momento en que se declara oficialmente que eso no es verdad y que tales formatos existen y se pueden encontrar por Internet.
Otros empresarios, en vez de solicitar la señalada prórroga, fueron más allá y, sintiendo que sus intereses se veían profundamente afectados por las modificaciones a la ley tributaria, en particular, en lo referente al gravamen relacionado con los llamados inventarios, optaron por acudir al recurso legal del “amparo”. Precisamente, ya el 14 de febrero de los corrientes se habían presentado casi 6 mil amparos ante las instancias correspondientes, pero, a decir de distintos analistas, el número de amparos podría ascender a 30 mil.

Por cierto, en un programa radiofónico, un “conocedor de la materia”, panegirista de los intereses de las clases empresariales, planteó que el IETU era anticonstitucional y violaba los intereses de los “ciudadanos” (léase: empresarios) y que, precisamente, el número de amparos promovidos, más los que faltaban, no hacía más que confirmar que los afectados “tenían razón” y que no debería cobrarse el tal impuesto.

Adicionalmente, sin un estudio científico previo y sin la mínima prueba rigurosa de su dicho, el mismo analista aseguraba que en todo régimen económico en el que se incrementan los impuestos a los empresarios, surgían incentivos para observar una mayor evasión fiscal, que eso no le convenía al gobierno, por lo que, en resolución, no debería instrumentarse el IETU.

El IETU tiene como propósito, según las autoridades encargadas de la hacienda pública, homogeneizar el pago de impuestos de las empresas y aumentar así la recaudación fiscal, ya no mediante el cobro del llamado Impuesto Sobre la Renta (ISR), sino por medio de un impuesto que homogeneizara las tasas que se cobraban. Veamos.

En términos generales, este impuesto se aplicará a personas físicas y morales; para calcular el IETU, los contribuyentes deberán considerar la totalidad de los ingresos obtenidos efectivamente en un ejercicio (es decir, en un año fiscal), menos las deducciones autorizadas del mismo periodo y, sobre este monto, se comenzará cobrando una tasa del 16.5 por ciento, para subir el siguiente año (2009) al 17 por ciento, hasta llegar en 2010 al 17.5 por ciento.

Tanto los amparos como las intenciones de los empresarios que piden la prórroga anunciada, así como las declaraciones de varios panegiristas de las clases empresariales, demuestran, a todas luces, que tal sector no solamente no está dispuesto a contribuir económicamente mediante un mecanismo de recaudación más eficiente que el que actualmente opera, sino que, además, han lanzado la amenaza creíble, mediante sus voceros, que lo que se va a lograr es mayor evasión fiscal.

Quizás, en los adentros de los empresarios y, por lo mismo, en los de sus panegiristas, esté la idea de que el impuesto así recaudado, al fin de cuentas, va a fortalecer al gobierno actual, es decir, al partido en el poder; pero, según la filosofía empresarial mexicana, el gobierno está para que les dé, no para que les quite. Adicionalmente, si el propósito de recaudar más impuestos se argumentara que es para ayudar a los pobres, la cosa, sin duda, se agravaría, pues, los empresarios son los menos interesados en resolver los problemas de las clases miserables, sobre todo, si se considera la tan injusta y desproporcional distribución de la riqueza que existe. Finalmente, como en los tiempos modernos, los capitales pueden cambiarse de una economía a otra con relativa facilidad, entonces, dicen, un impuesto como éste desincentivaría la inversión, por tanto, se frenaría el crecimiento y habría menos empleos, etc.

Como se ve, la disposición de las clases económicamente poderosas a contribuir con la economía mediante una mínima reducción de sus ganancias para con ello, al menos hipotéticamente, poder hacer una redistribución de ellas de modo que se traduzcan en servicios como escuelas, agua potable, vivienda, hospitales, es nula. De hecho, la cascada de amparos y de peticiones de prórroga que se aprecia es un signo inequívoco de lo contrario. Si a esto se agrega la amenaza velada de hacer más evasiones  y menos inversiones, la posibilidad de que el sector empresarial contribuya con el desarrollo del país por la vía de una distribución tributaria regular, son mínimas. En fin, los amparos de la clase empresarial mexicana constituyen un indicador adicional del desamparo, en el que seguirán sumergidas las clases humildes de México, si éstas no se unifican y luchan por combatir tan injusta forma de vida.