Energía, privatización sin reforma
Álvaro Ramírez Velasco

Si bien todavía no ha llegado al Congreso de la Unión una propuesta específica sobre la reforma energética, las posiciones están claramente fijadas ya: mientras el PAN y un sector del PRI se muestran flexibles a permitir la participación del capital privado, nacional y extranjero, en la exploración y explotación del petróleo, y la generación de energía eléctrica, el PRD y los grupos parlamentarios que también lo acompañan en el Frente Amplio Progresista (FAP) -Convergencia y Partido del Trabajo- se oponen tajantemente a esta posibilidad.

El asunto parece un falso debate y hasta se ha tildado de round de sombra, precisamente por la falta de una iniciativa concreta que se espera vendrá del Poder Ejecutivo federal.

Sin embargo, las posiciones han dejado ver que una reforma constitucional para la apertura del sector será prácticamente imposible, por lo que el habitante de Los Pinos, si realmente se anima a enviar este año la propuesta, tendrá que buscar los resquicios en la legislación secundaria, para permitir a los particulares la participación.

Y es que para conseguir una reforma constitucional, que eventualmente permita al capital privado participar en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), necesita de la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores, en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, lo que con la conformación actual, es prácticamente imposible.

Por ejemplo, en la Cámara baja se requeriría el voto de 333 diputados para conseguir la aprobación, pero el PAN sólo cuenta con 207, por lo que necesitaría los votos de la bancada priísta completa -lo que no ocurrirá nunca por la oposición el sector nacionalista que aún está en ese partido-, con 106 legisladores, aunado al menos a los sufragios de dos bancadas más de la llamada chiquillada, como el Partido Verde Ecologista de México, que cuenta con 17 curules y el Partido Nueva Alianza -de Elba Esther Gordillo-, que tiene nueve lugares en San Lázaro. Una combinación difícil.

Además, en el remoto caso que se lograra aprobar la reforma a la Carta Magna en el Congreso, aún faltaría que la aprobaran la mitad más uno de los Congresos locales. Imposible.

En este contexto, hay que recordar que en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional está claramente especificada la defensa del sector, para que permanezca la rectoría del Estado en el sector energético y la propiedad de Pemex para los mexicanos.

Así que mucha razón tienen aquéllos que aseguran que Pemex no se privatizará, al menos en el corto plazo, por estas circunstancias.

Sin embargo, una “privatización de facto”, a través de modificaciones a las leyes secundarias que rigen el sector, sí podría darse, porque para modificarlas se requiere una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los legisladores de ambas Cámaras, lo que el PAN y el sector neoliberal del PRI alcanzan sobrados.

A pesar de que los medios de comunicación se empeñan en descalificar a Andrés Manuel López Obrador, por anunciar la defensa del petróleo cuando aún no hay una iniciativa que pretenda abrir el sector a la iniciativa privada, el debate ni es falso ni es adelantado.

Se trata de un debate ideológico y tan viejo como la expropiación petrolera que este 18 de marzo cumplirá 70 años. Es un debate acuñado en la lucha de clases y, además, vigente.