Precios libres, salarios fijos
Abel Pérez Zamorano

La teoría económica predominante rechaza, por innecesaria y hasta peligrosa, la intervención del gobierno en los mercados, argumentando que si bien pueden sufrir alteraciones temporales, éstos saben autorregularse mediante mecanismos de autoajuste, que les permiten retornar a la estabilidad ideal. Esta tesis se sustenta en el principio implícito de que el equilibrio es lo normal, y el desequilibrio, la excepción, cuando en la realidad las cosas son exactamente al revés: el equilibrio es realmente fugaz y los fenómenos están en permanente conflicto y cambio.

Pero asumamos que los mercados se autorregulan, haciendo así superflua la acción correctiva gubernamental y de las organizaciones sociales. Queda, entonces, una interrogante crucial: ¿Por qué los gobiernos inspirados en esta tesis han venido interviniendo en los mercados, en abierta y franca contradicción con la teoría que dicen sustentar? Es sabido, por ejemplo, cómo el Banco de México aplica los llamados cortos en el mercado de dinero, regulando así el tipo de cambio frente al dólar. En Estados Unidos, la industria militar constituye el rubro principal del gasto público y uno de los motores principales de la economía; en ese país y en la Unión Europea los subsidios a la agricultura son abrumadores: en Europa constituyen el rubro mayor del presupuesto de la Unión. ¿No es ésta una abierta intervención del gobierno en la economía? Sin embargo, a los países pobres se les prohíbe hacerlo.

Otra contradicción, que viene a exhibir los intereses ocultos tras estas teorías, es el doble criterio aplicado para dejar libres unos precios, a la vez que se controlan otros. De un lado, se ha permitido el libre movimiento de los mismos a tenor con los cambios del mercado; por ejemplo, la tortilla subió en más de 100 por ciento, la carne en más de 30 por ciento, y han registrado también fuertes incrementos muchos productos básicos más, como gasolina y leche. A escala global, “la inflación de los alimentos llega a una tasa anual de 11 por ciento en algunas de las principales economías en desarrollo, por encima del 4 por ciento que se registró en 2006, de acuerdo con las cifras de Bank of America Corp. Los aumentos de precios reflejan, en parte, la mayor demanda de los mercados emergentes y los altos precios del petróleo, que elevan el costo de cultivar y transportar los alimentos. En Singapur, la inflación alcanzó su nivel más alto de los últimos 25 años en diciembre, en parte debido a los alimentos… ” (The Wall Street Journal, edición en español, 4 de febrero).

Pero a la par que se liberan los precios de los alimentos, se controla el de la única mercancía que los trabajadores pueden vender y de la cual viven: su fuerza de trabajo. En diciembre pasado, se aprobó el “incremento” al salario mínimo (en realidad, máximo): un fabuloso 4 por ciento (equivalente a dos pesos, o a 1.9 en la Zona C). Esto es, lisa y llanamente, un control de precios, pero no en las mercancías que los empresarios venden, sino en la fuerza de trabajo, que deja a las clases trabajadoras atrapadas en un doble juego, aceptado como legítimo por los estrategas oficiales. Como reza el refrán: hágase, pues, la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre.

Pero toda acción provoca una reacción, y ahora, ante el temor a la inestabilidad social que tal política conlleva, los propios gobiernos están instrumentando controles de precios. Luego de destacar el caso de Indonesia y de algunas economías específicas de orientación popular, como Venezuela, The Wall Street Journal agrega que: “A medida que aumentan los precios de los alimentos, cada vez más países consideran una respuesta antigua y potencialmente peligrosa: los controles de precios… México está tratando de controlar el precio de las tortillas… Tailandia está adoptando medidas similares para los fideos instantáneos y el aceite de cocina... Estas medidas reflejan la creciente presión que el alza de los alimentos ejerce sobre los países en desarrollo”. 

Economistas y políticos neoliberales perciben que el incremento en la pobreza eleva la inconformidad social y, para minimizar el riesgo, están aplicando como atenuante controles de precios, no sin la protesta de la ortodoxia neoliberal, norteamericana y criolla, que demanda permitir el libre ascenso de los precios de los alimentos, pues más adelante, arguyen, sin decir cuándo, ello elevará la rentabilidad de las inversiones en ese sector y los capitales, atraídos por el crecimiento en los márgenes de utilidad, retornarán a producir e industrializar alimentos. Patrick Barta, en The Wall Street Journal, vislumbra otra solución, igual de macabra: que con la recesión en Estados Unidos la economía global podría frenarse, disminuyendo así la presión inflacionaria, pues una contracción económica implica menos empleo y menos demanda de bienes de consumo básico, con lo que los precios bajarían solos. Es decir, ¡si la gente demanda menos y come menos, los precios bajan! De todos modos, será el pueblo el que pague con hambre la estabilidad. Con cualquiera de las dos salidas, los pobres quedan condenados al hambre, “mientras los mercados recuperan el equilibrio perdido”.

En resumen, la teoría y la práctica económica aplicadas son, aun en sus propias contradicciones, instrumentos de acumulación del capital, que le dejan en total libertad para que emigre al sector energético, ahora que los elevados precios del petróleo hacen más rentable producir etanol o biodiesel, empleando productos agrícolas como materia prima, y mañana, cuando una creciente demanda y una reducida oferta de alimentos eleven sus precios, se hará más rentable invertir ahí, y el capital retornará, restaurándose así el equilibrio. Pero contra toda esta teorización, el creciente empobrecimiento de los pueblos reclama, urgentemente, la aplicación de nuevos criterios normativos de la economía, que privilegien productividad y bienestar.