El negocio de la vivienda y la "pinza" gobierno-constructoras
Abel Pérez Zamorano

Derecho elemental de toda persona es tener una vivienda digna; quien no la tiene depende de otros, teniendo muchas veces que renunciar a su dignidad y humillarse para no ser echado a la calle, viviendo en el hacinamiento, pagando una parte considerable de sus ingresos por concepto de alquiler, y reduciendo su consumo de otros satisfactores como alimentos, vestido, salud o educación. La ley formalmente garantiza el derecho a una vivienda digna, y la retórica oficial viene en su apoyo cuando se nos habla de “nuestra patria”. Sin embargo, aunque el territorio mexicano mide casi 2 millones de kilómetros cuadrados, según estudio de la consultoría Knowledge@Wharton, publicado el 2 de agosto de 2006, hay un déficit de alrededor de 5 millones de viviendas. Esto afectaría a más o menos  20 millones de mexicanos (según cifras oficiales cada hogar urbano es ocupado por un promedio de cuatro personas). Pero el problema es mayor, pues aunque oficialmente existen 25.5 millones de casas, muchas son viles barracas.

Antes del neoliberalismo, el gobierno asumía responsabilidades en la dotación de vivienda para los trabajadores, a lo cual coadyuvaban instituciones como el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o el Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). Pero las políticas cambiaron, y con ellas las reglas del juego. Ahora, quien quiera casa debe pagar totalmente por ella; todo debe resolverse a través del mercado, pues la vivienda no es un derecho sino una mercancía; por eso hoy se estigmatiza como “populista” la intervención oficial.

Se trata de uno de los mercados más rentables. “Al cierre de 2005, la cifra de construcción de vivienda superó las 460,000 unidades, según la consultora del sector Softec; mientras las ventas rebasaron los 16,000 millones de dólares. Para el país, la construcción de vivienda representa el 2,8 por ciento del PIB, contribución similar a la de la industria automovilística en su conjunto…” (Departamento de Estudios del BBVA Bancomer, Knowledge@Wharton). Es tal la bonanza que, según la fuente citada, “la industria de la construcción fue la más rentable en 2005. En bolsa, las empresas de este sector registraron un rendimiento anual de más del 44 por ciento...”. Una verdadera mina de oro para las empresas constructoras de las pequeñas casas en serie, que han transformado el paisaje urbano en los últimos años.

Sobre esto, el pasado 13 de enero El Universal publicó un reportaje basado en estudios de la UAM, la UNAM y la Comisión Nacional de Vivienda, donde se señala que: “En México hay una tendencia por construir viviendas reducidas, a pesar de los riesgos que representa para la salud de los habitantes. Estudios sobre el caso demuestran que la falta de espacio constituye un factor que acelera situaciones de agresión… Desde hace más de dos décadas, a lo largo y ancho del país, las grandes constructoras edifican casas de interés social que llegan a medir 32 metros cuadrados; los expertos califican esto de inhumano e indigno”. Obviamente, estas minúsculas, caras e incómodas construcciones son causa de conflicto por el espacio, y en ellas desaparece todo rastro de privacidad; el aire se enrarece y se elevan los niveles de ruido. De acuerdo con  el reporte citado, las viviendas de peor calidad se han construido en los estados de: Hidalgo, Morelos y Campeche (El Universal, 13 de enero).

Según fuentes de la Cámara de Diputados citadas por El Universal, “las constructoras en su afán de hacer departamentos más económicos han abusado de la necesidad social, incluso bajan la calidad de los materiales e incumplen con la norma de entregar viviendas dignas… En los últimos años la dimensión promedio de las viviendas es de unos 42 metros cuadrados…”. La estrategia es, entonces, construir casas más pequeñas, para ahorrar terreno y costos y vender más unidades a una población también cada vez más pobre, obligada por ello a meterse a esos reducidos espacios. Sin duda, vista desde otra perspectiva, la reducción del tamaño de las viviendas es también un claro indicador del creciente empobrecimiento del pueblo mexicano.

Para cerrar la pinza con las constructoras, en un mecanismo perverso, gobiernos estatales y federal (sin distingo de partido) han venido imponiendo mil prohibiciones a la gente para que construya sus viviendas y resuelva por sí sola el problema, llevándola así, casi a empellones, a comprar casas a las empresas. Se ha convertido en delito comprar terrenos para lotificar y construir vivienda popular barata, y se persigue a líderes que lo promueven. La maniobra es clara: nadie debe escapar al mercado, buscando resolver al margen de éste la necesidad de vivienda; en otras palabras, nadie debe dejar de dar ganancias a las constructoras. Con esta política, el gobierno se desentiende del problema y, en alianza con las desarrolladoras, construyendo esas casitas liliputienses, verdaderas cajas de zapatos, ¡muy pronto se reducirá oficialmente el déficit de vivienda! Pero, sobre todo, se habrá creado un mercado cautivo, fuente de enormes ganancias para las empresas.