Reflexiones sobre el campo mexicano
Brasil Acosta Peña

Antes de iniciar, quisiera solicitarle su anuencia, amable lector, para saludar fraternalmente a la luchadora social Cristina Rosas Illescas, quien estuvo injustamente encarcelada por un lapso de dos años y nueve meses por el gobierno derechista y reaccionario de Querétaro; y que hoy, en libertad bajo caución, lo cual significa que la lucha aún no termina, da muestras de su incólume convicción revolucionaria, pues a pesar de las vejaciones de las que fue objeto, entre otras, por ejemplo, la de estar encerrada durante 15 días en una celda aislada, húmeda y obscura, se levanta como David ante Goliat y sale a decirle a los obreros, a los campesinos, a los jóvenes estudiantes humildes, a los colonos de todo el país, con su ejemplo, cómo se debe luchar en defensa de los más pobres de México.         

El problema del campo mexicano es muy complejo y, por lo tanto, la extensión de una colaboración como la presente es por demás insuficiente. La reflexión hecha por el Ing. Aquiles Córdova Morán, en su artículo del número anterior de esta revista, brinda luz en torno a tal problema, dejando perfectamente claro que, en el contexto de una economía de mercado, la tragedia del campesino no consiste en la falta de “subsidios” o de “apoyos”, sino en que nadie le ha explicado al campesino la necesidad de convertirse en un productor capitalista para subsistir.

Pero, ¿qué hacer para alcanzar este propósito? El campo mexicano moderno fue resultado de un proyecto en el cual la Revolución Mexicana buscaba darle una identidad propia al sistema de tenencia de la tierra, que contrastara con la vieja forma feudalista de producción basada en las grandes haciendas. El latifundio había sido herido de muerte y el reparto de tierras fue, entonces, la alternativa. Había que crear una estructura agraria tal que, a la vez que se distribuyeran las tierras, se impidiera el resurgimiento del latifundio. Por eso, en la época del General Lázaro Cárdenas del Río, se hizo la primera reforma agraria importante en México, y fue creado el ejido colectivo, herencia del Calpulli de los aztecas, el cual consistía en “dividir las poblaciones en varios barrios o Calpulli, cada uno de ellos con una extensión determinada de tierras, que no pertenecían individualmente a ninguno de los habitantes, sino que estaban concedidas a una familia o a una tribu… en el concepto de que el que abandonaba el Calpulli o dejaba de trabajar las tierras que se le asignaban, perdía el derecho de participar en la propiedad comunal”, según escribe Gabino Fraga, autor del libro titulado El Derecho Agrario. Este sistema se adaptó  en la idea de generar unidades de producción desde una perspectiva un tanto cuanto “socialista”, en la cual el campesino no era absolutamente dueño de su tierra, pero estaba obligado a trabajar la que le asignaban para no perder sus derechos; mientras que el Estado estaba obligado a crear instituciones tales, que le asesoraran de manera que se hiciera productivo.

El resultado del proceso fue la micro-parcelación de la tierra (minifundio), lo cual acentuó el arraigo de los campesinos individuales a su tierra y el desarrollo de la agricultura de autoconsumo; por su parte, las instituciones crearon una clase de burócratas que, en los más de los casos, se adueñaban de los dineros que el estado destinaba al desarrollo de la productividad en el campo.

Con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), se pretendía impulsar la entrada del capital al campo, permitiendo la asociación de los ejidos con los grandes capitales, pero, sobre todo, desarrollar el mercado  de tierras, que pusiera en manos de un solo dueño una cantidad de tierra tal, que le hiciera competitivo en el mercado internacional, sin que ello diera pie al renacimiento del latifundismo. Las reformas hechas al artículo 27 de la Constitución Mexicana en los 90, en esencia, no lograron tales objetivos. Los campesinos, aunque han certificado sus tierras, no las han vendido, y tal parece que el arraigo del campesino por su tierra ha sido superior a la teoría del libre mercado de tierras.

Ahora bien, lo que sí ha sucedido, sobre todo en las tierras productivas, ha sido el desarrollo de la agricultura de contrato: los campesinos, por una determinada suma económica, rentan su parcela a un productor (individuo o empresa), el cual dirige el proceso de producción de manera capitalista, como si la tierra fuera suya, mediante un contrato. El campesino puede, si así lo desea, y queda asentado en el contrato, trabajar como asalariado en el proceso, allegándose un ingreso adicional al de la renta, lo cual impulsa el empleo. Así, por ejemplo, en Sinaloa un productor de maíz administra poco más de 1,500 hectáreas, pagándole a cada ejidatario, que en promedio cuenta con 10 hectáreas, 5 mil pesos de renta por cada una, lo cual hace un ingreso promedio de 50 mil pesos por ciclo, “sin hacer nada”, lo cual no es nada despreciable.

Entonces, tomando en cuenta las limitaciones legales y sociales sobre la tierra en nuestro país, y el carácter histórico del arraigo del campesino a su tierra, lo que sigue es estudiar la agricultura de contrato como camino viable para concentrar la tierra, sin que se le quite al dueño o usufructuario, pero que la haga rentable, competitiva y, al mismo tiempo, que genere los empleos y los ingresos que los campesinos mexicanos necesitan para vivir mejor.