El TLCAN y los "defensores" de los campesinos
Abel Pérez Zamorano

Como era de esperarse, se ha reactivado la discusión sobre los efectos de la desgravación total a partir del primero de enero de productos básicos como maíz, frijol, azúcar y leche en polvo. Nuevamente aparecen pretendidos defensores de los campesinos exigiendo rediscutir, dicen unos, o de plano cancelar el TLCAN, según otros. A manera de soluciones ofrecen el ya conocido aumentode subsidios (argumentando que en Estados Unidos éstos son muy elevados), cerrar la frontera y reducir importaciones para proteger a nuestros productores. Pero contra todo el manejo de prensa que se ha hecho del problema, lo real es que el crecimiento en las importaciones de maíz en años pasados y en el futuro no se debe, fundamentalmente, a la desgravación, y menos a la del primero de enero. No es ahí donde empieza la crisis de nuestra agricultura, sino muchos años antes. Por lo demás, la desgravación ya venía ocurriendo: el maíz tenía en 1993 un arancel ad valorem de 206 por ciento, pero paulatinamente éste se redujo a sólo 18.2 por ciento en diciembre pasado, lo único que quedaba por eliminar. El frijol había pasado de 139 por ciento a sólo 11.8 por ciento.

Pero regresando al punto de la apertura comercial, es necesario recordar que su propia dinámica ha llevado al capitalismo a la integración creciente de las economías nacionales en una sola, trayendo como consecuencia que cada vez en mayor grado los cambios en el mercado mundial repercutan en todos los países. En este contexto, como los precios internacionales de los alimentos están subiendo, también se elevan en México, por cierto a favor de nuestros productores, de maíz concretamente, aunque ello afecte a los consumidores. Y a pesar de los altos precios del maíz, seguimos importando, por la sencilla razón de que no producimos lo suficiente, como indican las estadísticas de la Secretaría de Agricultura. El factor productivo está en la causa.

Otra debilidad del argumento corriente es que concibe al campo separado de toda la sociedad, ignorando las necesidades de los consumidores, ocupándose sólo de exigir precios más altos para los productores, sin considerar el deterioro provocado en el nivel de vida de la gran mayoría de los mexicanos, sobre todo de los más pobres. También incurre en error al atribuir el problema (y la solución principal) a los subsidios. Nadie creería en la posibilidad de ganar una guerra de tesorerías a los Estados Unidos, para ver quién otorga más apoyos. Esta propuesta parte, además, de un supuesto falso que la vuelve impracticable: que los subsidios realmente llegan a su destino, lo cual está por verse, pues la burocracia y líderes inescrupulosos que administran los pocos recursos asignados retienen lo principal, dejando sólo migajas para los campesinos.

Pero la debilidad principal de este enfoque, tan común como falso, es que parte de un diagnóstico equivocado: asumir que el problema está en la esfera de la comercialización y el financiamiento, dejando de lado su verdadera raíz, la producción. La lógica económica elemental nos dice que los fenómenos del mercado, ciertamente con algunas distorsiones, expresan lo que ocurre en la esfera productiva. Si al mercado se llevan productos caros y de mala calidad, aunque algo ayude la mercadotecnia y el apoyo oficial, la guerra está perdida por anticipado. Por eso, es condición necesaria resolver el problema productivo, y es precisamente ahí donde no se ha actuado.

La verdad es que no somos productivos. Los rendimientos de frijol por hectárea son de 635 kilogramos, contra 1.8 toneladas en Estados Unidos. Producimos a costos altísimos y no somos competitivos. “En el caso del maíz se presenta una de las principales asimetrías, ya que el cultivar una hectárea en México resulta 300 por ciento más caro que en Estados Unidos. Esto es, mientras en México cuesta 79.68 dólares por hectárea (757 pesos) en Estados Unidos el costo es de 19.89 dólares (189 pesos). Asimismo, en México se cosechan alrededor de 2.4 toneladas de maíz por hectárea, mientras que en Estados Unidos se producen 8.4 toneladas” (H. Cámara de Diputados, El Proceso de Desgravación Arancelaria del Maíz y el Frijol en el Marco del TLCAN, 1994-2008). Así, la causa original de las importaciones no es la reducción o eliminación de aranceles, sino que estos cambios comerciales sólo han hecho evidentes las profundas diferencias productivas entre ambas economías, fenómeno sólo agravado por manejos comerciales de los Estados Unidos. Lo cierto, pues, es que una sólida y verdadera competitividad se logra primeramente vía productividad, y sólo de manera complementaria mediante medidas comerciales.

El problema de nuestra agricultura está, literalmente, en el campo; es ahí donde hay que incidir, y tiene raíces estructurales, como el pobre nivel de mecanización: mientras en Estados Unidos hay 1.6 tractores por cada trabajador agrícola, en México tenemos cuatro tractores por cada cien trabajadores. La brecha tecnológica es abismal, y nos da la medida de la verdadera magnitud del problema que enfrentamos. Ése es el mundo real donde los campesinos requieren realmente la ayuda. Pero más abajo todavía, en otra capa del problema, está el hecho de que en México pretendemos utilizar para maíz todo tipo de terreno, aún aquéllos que por su pendiente y otras características no son aptos; hemos caído en la mistificación del maíz, por encima de todo criterio económico.

Además, la estructura agraria y la escala productiva son adversas, pues, como admiten los propios críticos del TLCAN, mientras en Estados Unidos cada trabajador agrícola atiende 61 hectáreas en promedio, en México cubre 3.2. Esta estructura agraria fragmentada impide absorber tecnología avanzada. Mientras éstos y otros factores no se corrijan, no habrá magia comercial ni maniobra jurídica que resuelva el problema. Y precisamente esto debió atenderse desde 1994, pues desde entonces se sabía que este año se eliminarían los aranceles, pero nada se hizo y ahora viene la demagogia de siempre en aparente defensa del campo. Finalmente, recordando lo adelantado en párrafos anteriores, si los subsidios pueden tener algún efecto productivo positivo, ello será posible sólo a condición de autentificar la representación de las organizaciones que los manejan y asegurar la transparencia en su aplicación.